El exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, se encuentra privado de su libertad desde el pasado 1 de diciembre, cuando las fuerzas especiales de seguridad lo arrestaron por segunda vez, en un caso que el ex fiscal señala como persecución política. Campo contaba con un brazalete electrónico, que lo rastrea las 24 horas del día. Ese dispositivo forma parte de una serie de medidas sustitutivas que le permitieron obtener arresto domiciliario y abandonar la prisión en agosto pasado; cuatro meses después regresó a la misma celda.
El sancionado juez por EE. UU., Víctor Cruz, fue quien accedió al pedido de la Fiscalía de Asuntos Internos y ordenó su aprehensión por un segundo caso. “Conozco la mala fe y la arbitrariedad que prevalece”, refirió Campo, en ese momento, sobre la petición de la Fiscalía al juez, cuando pudo citarlo a una primera declaración en el Juzgado Décimo al mantener el dispositivo electrónico.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 21, 2024
UN PAGO QUE NO GARANTIZA SU LIBERTAD
Campo fue ligado a proceso penal en este segundo caso que se encuentra en reserva, es decir, nadie que no sea sujeto procesal puede conocer los detalles de la acusación y el expediente. La audiencia de primera declaración no la celebró el juez Cruz, puesto que los días coincidieron con las vacaciones de fin de año que le correspondían por ley.
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De esa cuenta, el también sancionado juzgador, Jimi Bremer, fue quien celebró la diligencia y como resultado lo procesó y envió a prisión preventiva en el centro carcelario ubicado en la brigada militar Mariscal Zavala, pese a que su defensa alegó que no había “peligro de fuga” puesto que Campo era rastreado 24 horas del día los siete días de la semana. Al juez Bremer no le importó.
En agosto último, el juez Guillermo Luna fue quien le benefició con arresto domiciliario a cambio de pagar la tobillera electrónica, un dispositivo que en otros países de la región es gratuito a favor de los sindicados, pero que en Guatemala el interesado lo debe costear. El precio es de Q50 diarios o Q1 mil 500 mensuales, casi la mitad de un salario mínimo.
De esa cuenta, cada fin de mes la defensa de Campo paga los Q1 mil 500 mensuales al área de coordinación administrativa de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación (Mingob), pese a que el pago ya no garantiza la libertad de Campo. A la fecha son Q9 mil los que ha efectuado el exfiscal anticorrupción.
SALA Y JUEZ MANTIENEN NEGATIVA
Pese a que el juez Bremer fue quien negó el arresto domiciliario a Campo, el despacho del juez Víctor Cruz también fue parte de la negativa de mantenerlo en la cárcel. Lo anterior por una serie de atrasos para que la apelación que presentó la defensa del exfiscal para revertir la prisión preventiva no fuera conocida por la Sala Primera de Apelaciones.
La nota publicada por este Diario y titulada “Siguen los atrasos: Sala regresa expediente de exfiscal Stuardo Campo por ‘error’ del Juzgado de Jimi Bremer” señala la mala fe y retrasos que el despacho del juez Cruz provocó para que la conociera 60 días después la apelación que argumentaba a la Sala la inexistencia de un peligro de fuga u obstaculización de la justicia.
De esa cuenta, no fue hasta el pasado 13 de marzo que la Sala Primera negó la petición del exfiscal para que se le otorgara una medida sustitutiva. Sin embargo, la ex auxiliar fiscal, Lesly Pineda, quien también es vinculada en ese caso, sí logró que le fuera modificada la medida de coerción y obtuvo su libertad.
Para el 20 de marzo estaba programada una audiencia con el juez Cruz para solicitar su liberación, pero la audiencia no se celebró por orden del juzgador y quedó programada para el próximo 28 de mayo. Fecha en la que podría ser beneficiado con arresto domiciliario o mantener la prisión preventiva.
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