Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York
El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, rechazó y denunció acciones de criminalización en contra de Virginia Laparra. Foto La Hora: José Orozco.

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal fijó para el próximo miércoles 3 de enero la audiencia en la cual se otorgará una serie de medidas sustitutivas a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, Virginia Laparra, y con ello recobrará su libertad luego de permanecer 1 año y 10 meses en un centro carcelario, en medio de señalamientos internacionales de una persecución política en su contra por su labor contra la corrupción.

El 26 de diciembre de 2023, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la liberación de la ex fiscal anticorrupción en un plazo de cinco días; sin embargo, fue hasta este martes 2 de enero que dicho Tribunal programó a la defensa penal de Laparra la audiencia a cargo de la jueza Oly González, quien condenó en diciembre de 2022 a la exfuncionaria.

La diligencia tomará lugar en el edificio de Torre de Tribunales, ubicado en la zona 1 capitalina, a las 9.00 horas del próximo miércoles. Laparra cuenta con un segundo proceso penal que se discute en el departamento de Quetzaltenango y en el que ya se le otorgó una medida sustitutiva.

Meses atrás, el equipo legal de la ex operadora de justicia denunció de forma pública a la antigua Cámara Penal, entonces liderada por el exmagistrado Josué Felipe Baquiax, de retrasar la solicitud de la medida sustitutiva desde julio del año pasado. Sin embargo, la recién conformada Cámara fue quien falló a favor de Laparra.

 

PROCESO

El Ministerio Público (MP) dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, echó a andar una persecución penal en contra de Laparra, luego de que la exfiscal denunciara a Lesther Castellanos cuando se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango por supuestas irregularidades en la gestión de un caso.

Durante el juicio, Castellanos señaló que en octubre de 2018 la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que de esa forma cometió el delito de abuso de autoridad en forma continuada, al considerar que ella no tenía dicha facultad en su calidad fiscal.

De esa cuenta, en diciembre de 2022 la jueza González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. La sentencia fue señalada de forma nacional e internacional como un debate «sin fundamento legal» y generó rechazo al sistema de justicia guatemalteco.

En enero de 2023, cuando se realizaba una audiencia de la revisión de la medida sustitutiva, Laparra fue vinculada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial de un caso, este expediente se tramita en el referido departamento donde laboró como fiscal.

Las acciones de Castellanos contra Laparra le valieron una sanción por el Departamento de Estado de Estados Unidos al incluirlo en la Lista Engel, que reúne a supuestos «actores corruptos y antidemocráticos». Al juez que envió a juicio a Laparra, Fredy Orellana, y el fiscal, Noé Rivera, también los alcanzó dicha sanción.

Diego España
Escribo sobre política, justicia y sectores vulnerables. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos.
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