Para el próximo 3 de enero de 2024 el Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula programó el inicio de la etapa de conclusiones por parte del Ministerio Público (MP) en contra de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados del delito de abuso de autoridad por la supuesta detención ilegal de la periodista Norma Sancir en 2014 en Camotán, Chiquimula, cuando ella cubría una manifestación en el puente Jupilingo.
El debate oral y público se encuentra en la etapa final, próximo a dictar una sentencia contra tres agentes policiales mujeres y un excomisario. El fallo del juez Jorge Douglas Ochoa Loy podría ser de carácter condenatorio o absolutorio.
Las agentes Marcelina López Pérez, Olga Leticia Segura, Mirna Marleny Ortiz y el excomisario Ceferino Salquin enfrentan un proceso penal que a criterio de la defensa penal de Sancir «ha sido retrasado de forma maliciosa». Durante la etapa intermedia las diligencias se suspendieron más de 12 veces y el inicio del juicio fue reprogramado en dos ocasiones.
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Al finalizar las conclusiones de todas las partes procesales procede la fase de las réplicas, en la cual el MP con base en las argumentaciones de la defensa de los acusados puede contraargumentar, según el artículo 382 del Código Procesal Penal.
DETENCIÓN
De acuerdo con las pesquisas, el 8 de septiembre de 2014, Sancir fue detenida arbitrariamente mientras cubría las acciones policiales durante una manifestación en el municipio de Camotán.
La periodista fue engrilletada y detenida por agentes policiales, ella les comunicó a los agentes que era periodista y se encontraba cubriendo el desalojo de personas del puente Jupilingo, sin embargo, esto no fue tomado en cuenta y fue aprehendida.
En su testimonio, Sancir narra, “-¡Soy periodista, soy periodista!- les dije, pero no les importó. Me tomaron al menos 30 fotos, me quitaron el equipo, el celular, todo”.
La periodista cuestionó, “¿por qué iban hacia mí? Yo soy periodista y sé cómo tratan a quienes exigen derechos humanos y realizan denuncias. Ellos nunca quieren que se sepa lo que ocurre allí”.
En ese momento, Sancir trabajaba dando cobertura a las comunidades de Jocotán, Olopa y Camotán del departamento de Chiquimula, las cuales denunciaban que sufrían amenazas y violaciones a los derechos territoriales, ambientales y culturales, luego de la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus territorios.
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