Mingob: Dirección General de la PNC pidió dar seguridad a ministros y secretarios tras dejar cargos

La Hora sostuvo una entrevista con el ministro de Gobernación, Byron René Bor Illescas, luego de la publicación del acuerdo gubernativo 320-2023, disposición del presidente Alejandro Giammattei que obliga a la Policía Nacional Civil (PNC) a brindar seguridad al círculo cercano del mandatario, siendo estos sus Ministros de Estado y Secretarios de la Presidencia.

El nuevo acuerdo viene a derogar al 71-2023, emitido en abril de este año, porque en concreto «no contemplaba» la protección de exfuncionarios que ejercieron los cargos antes referidos, se lee como justificación en la nueva disposición que entra en vigencia el próximo 29 de diciembre de 2023.

La disposición de Giammattei ocurre a poco más de dos semanas de que el mandatario concluya su período constitucional y con ello su círculo cercano también finalice labores en las distintas dependencias del Estado para darle lugar a Bernardo Arévalo, presidente electo, junto a su equipo de trabajo.

DIRECCIÓN GENERAL DE PNC PIDIÓ SEGURIDAD

De acuerdo con las declaraciones del ministro Bor Illescas a La Hora, la reforma al acuerdo gubernativo 320-2023 derivó de una solicitud de la Dirección General de la PNC por diversos análisis de riesgo que la misma Policía realiza a diario y que afectaría a funcionarios públicos.

«Tenemos 564 solicitudes de seguridad para diversas personas que están sufriendo amenazas, entre estos funcionarios públicos de toda índole: magistrados, alcaldes, diputados, etcétera. Entonces lo que se pretende con este acuerdo gubernativo es optimizar esta división por tantas solicitudes que hay», explicó Bor Illescas.

RELACIONADA CON LA COYUNTURA

El ministro no dejó pasar la crisis democrática que afronta el país, ante preocupaciones internacionales de un intento de Golpe de Estado fraguado desde el Ministerio Público (MP), que dirige la cuestionada Fiscal General María Consuelo Porras.

Bor Illescas indicó que la decisión tiene relación con «la coyuntura que se está viviendo hoy en día, en donde se han visto vulneradas algunas personas por publicaciones, ante la situación que hoy día representa», mencionó y refirió que personas «han llegado a sus viviendas (de funcionarios) a intentar agredirlos o sacarlos, es por eso que la Dirección General de la Policía plantea una solicitud de reforma».

Durante los últimos cinco meses las protestas ciudadanas se han agudizado por los intentos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de entorpecer los resultados electorales. El rechazo y exigencia de la renuncia de las autoridades del MP se ha extendido a expresiones fuera de sus viviendas. En octubre pasado civiles protestaron frente a la casa de la Fiscal General María Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche.

Otro acontecimiento tomó lugar la noche del 15 de noviembre, cuando diputados del Congreso de la República huyeron tras ser agredidos con piedras y golpes tras la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y conformar la comisión pesquisidora que conocería el proceso de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

 

¿QUÉ RIESGO CORRE UN MINISTRO O SECRETARIO?

Los nuevos beneficiados son 12 ministros y seis secretarios de la Presidencia, quienes contarán con medidas de protección por un período igual al tiempo que prestaron sus servicios. Además, la Dirección General de la PNC deberá asignar en dos turnos un máximo de dos personas de seguridad.

Este acuerdo ya contemplaba que el ministro de Gobernación y ministro de la Defensa saliente gozaran de protección, pero ahora los titulares de las carteras restantes pasan a tener medidas de seguridad pese a que sus labores no son de riesgo.

Este Diario cuestionó a Bor Illescas cuál fue el criterio para ampliar la disposición e incluirlos junto a los secretarios de Giammattei. —¿Cuál es el riesgo que un ministro de Cultura o Ambiente, incluso un secretario del Ejecutivo, puede correr?— preguntó esta Redacción.

«Si uno ve el tema muy superficial de un ministro de Cultura o Ambiente no llega quizá al fondo de lo que pueda representar la toma de decisiones ya en el cargo. Por ejemplo, el ministro de Cultura tiene a cargo varios centros recreativos en donde le ha tocado tomar decisiones y ha afectado intereses de quienes no están de acuerdo. O el de Ambiente, en temas de minería (…)», ilustró el ministro.

Ante la respuesta de Illescas Bor, La Hora planteó otra pregunta. —¿Todos los que han servido al Estado en X dependencia y cargo han tomado decisiones, entonces todos deberían de gozar de medidas de seguridad?— El ministro respondió: «Solo el hecho de ser exfuncionario ya lo hace a uno vulnerable».

Además, el titular de la cartera de seguridad señaló que dos actuales ministros ya se comunicaron con él y le refirieron que no desean obtener ninguna protección al finalizar sus labores.

AGENTES YA ESTABAN ASIGNADOS

Por otra parte, el titular de la cartera de seguridad dejó en claro que la ciudadanía guatemalteca no se verá afectada con una «reducción de agentes policiales para su resguardo», ya que en caso alguno de los ministros o secretarios soliciten protección, los elementos de la PNC que se les brinden están contemplados en la División de Protección de Personas y Seguridad.

Según Bor Illescas, a la fecha 1 mil 469 agentes policiales están ubicados en dicha División para el resguardo de las personas que soliciten seguridad, entre estos los exfuncionarios públicos. «Incluso estos agentes cuando están disponibles suman su protección a la ciudadanía», informó.

BENEFICIADOS

Los 12 nuevos ministros que obtendrán los beneficios son los siguientes: