La llegada de Bernardo Arévalo y Karin Herrera al Ejecutivo, después de haber ganado las elecciones presidenciales, generó expectativas en distintos sectores. La demanda constante de la población es la lucha contra la corrupción en cada cambio de autoridades, tema que fue la principal promesa de campaña de Semilla. Según estimaciones de economistas, las sobrevaloraciones en compras y contrataciones del Estado hacen que se pierdan más de Q25 mil millones del presupuesto cada año, rubros que deberán ser revisados por el nuevo gobierno.
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Jonathan Menkos, integrante del equipo de transición de Semilla, explicó algunas acciones programadas para contrarrestar ese problema, las cuales contemplan normas que garanticen la calidad del gasto y de la inversión pública, y que los recursos se enfoquen en metas estratégicas en las instituciones, hasta que estos sean procesos normativos para mayor cuidado de los fondos.
“Tenemos que ser un gobierno mucho más transparente, como se ofreció en campaña y en la rendición de cuentas, si encontramos caminos amplios de corrupción vinculados a sobreprecios de la obra pública y medicamentos. En nuestro gobierno, las licitaciones y contrataciones de construcción van a salir a costos más reales y (que) sean comparables con los costos de una construcción (que) se hace desde lo privado”, explicó Menkos.
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Asimismo, afirmó que serán revisados los contratos de obra pública que deje el gobierno saliente, para verificar si los costos fueron negociados a precios justos para el Estado.
Menkos indicó que en los contratos de personal en los renglones 021 y 029 se revisarán, para establecer si cumplen con los requisitos que demanda el servicio civil, porque hay personas “valiosas”, pero otras no están cumpliendo con el trabajo, porque considera que eso no ayuda a llegar a los objetivos estratégicos que se han propuesto.
El también economista recordó que en los casos donde haya alerta de corrupción, desde las direcciones de las entidades gubernamentales, los ministros tienen la potestad para salir de esas personas y contratar a personal más idóneo, pues no todo es completamente malo, ni perfecto, ya que requiere de tiempo para conocer la institución que se está trabajando para entender que se está haciendo la labor para la que fueron contratados.
PLANIFICAR Y FORTALECER
El debilitamiento institucional y contar con personal preparado, son aspectos que están unidos para combatir la corrupción. La analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Irene Flores, explicó que entre los desafíos para los nuevos ministros está revisar la calidad de la planificación, porque uno de los problemas principales es que el gasto no responde a lo planificado y son resultados incoherentes.
“Hay estándares internacionales a los que Guatemala se ha incorporado en transparencia, como el uso del sistema financiero y de interconexión. Pero se necesita mejorar los procedimientos para comprar todos los insumos que sirven para darle los servicios a la población, por lo que el reto es mejorar los procesos de compras y contrataciones y (que) así se logre dar mayor valor al dinero y no haya despilfarro, corrupción y desorden”, agregó Flores.
La economista indicó que otro aspecto es la focalización del recurso humano, y, más que una nueva Ley de Servicio Civil, debe haber un ordenamiento del personal contratado que tenga objetivos y resultados a alcanzar, para que sean de beneficio a la población, proveyendo bienes y servicios a la sociedad, y no solo sea para acomodar para pagar favores políticos, pues es prioridad focalizar los problemas que deben atenderse.
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Ante eso, Manfredo Marroquín, integrante de Acción Ciudadana (AC), añadió que el nuevo gobierno tendrá que trabajar en varias acciones anticorrupción, pero deben pensar en revisar los puestos de trabajo, porque hay “una ingesta de plaza fantasma y ha engordado las planillas del Estado” por el pago de favores, y es necesario actuar legalmente para disolverla.
Por último, Marroquín indicó que debe hacerse una revisión en contrataciones innecesarias o sobrevaloradas, lo cual es otra fuga de los recursos públicos, sin olvidar el hecho de fortalecer el sistema de Guatecompras, y así lograr una mejora en la percepción de la lucha contra la corrupción.
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