Para este miércoles 28 de septiembre se tiene programado el inicio del debate oral y público en contra de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sindicados por el delito de abuso de autoridad por el arresto de la periodista Norma Sancir; luego de ocho años el juicio llega a la fase de debate.
La audiencia está programada en el Organismo Judicial de Chiquimula a las 8:30 horas, según una publicación del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
En el caso se acusa de los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal a las agentes Olga Leticia Segura, Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y el excomisario Ceferino Salquín.
La periodista permaneció cuatro noches detenida, se le acusó por el delito de atentado y desorden público. Sin embargo, el juez resolvió a su favor dejándola libre por falta de pruebas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, autoridades ancestrales e indígenas y activistas esperan que los elementos de la policía enfrenten juicio.
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 27, 2022
LA DETENCIÓN
De acuerdo con las pesquisas, el 8 de septiembre de 2014, Sancir fue detenida arbitrariamente mientras cubría las acciones policiales durante una manifestación en Camotán, Chiquimula.
La periodista fue engrilletada y detenida por agentes policiales, ella les comunicó a los elementos que era periodista y se encontraba cubriendo el desalojo de personas del puente Jupilingo, sin embargo, esto no fue tomado en cuenta y fue aprehendida.
Sancir dentro de su testimonio narra, “-¡Soy periodista, soy periodista!- les dije, pero no les importó. Me tomaron al menos 30 fotos, me quitaron el equipo, el celular, todo”.
La periodista cuestionó, “¿por qué iban hacia mí? Yo soy periodista y sé cómo tratan a quienes exigen derechos humanos y realizan denuncias. Ellos nunca quieren que se sepa lo que ocurre allí”.
En ese momento, Sancir trabajaba dando cobertura a las comunidades de Jocotán, Olopa y Camotán del departamento de Chiquimula, las cuales señalaban enfrentar amenazas y violaciones a los derechos territoriales, ambientales y culturales, luego de la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus territorios.
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