![Caso USAC Familiares y amigos se hicieron presentes en Mariscal Zavala para esperar la salida de los implicados por el caso](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/7a9b1029-9ee6-401f-b003-85e2533b08be.jpg?w=696&h=0&crop=1)
A 11 días de su detención, seis personas señaladas de participar en la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (Usac) recuperaron su libertad. Todos enfrentan un proceso legal por el «Caso toma de la Usac: Botín Político», y gozan de medida sustitutiva.
Los señalados salieron de la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala a la media noche del pasado lunes 27 de noviembre. El juez décimo penal A, Víctor Cruz los ligó a proceso por dos delitos, y les concedió arresto domiciliario, entre las medidas de coerción que les impuso.
Durante más de un año, varias personas cerraron las instalaciones de la única universidad pública del país, como medida de rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector de dicha casa de estudios superior. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público (MP) considera que esos hechos son ilegales, por lo cual desarrolla una investigación.
Como parte de las diligencias del caso, el órgano encargado de la persecución penal pidió que se retire el derecho de antejuicio al presidente electo, Bernardo Arévalo, así como a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y otros seis funcionarios y funcionarios electos.
Sectores de la ciudadanía califican esas acciones como parte de una estrategia con la cual se busca impedir que Arévalo asuma la Presidencia el 14 de enero de 2024, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala.
El nuevo caso del Ministerio Público (MP) denominado «Caso Toma de la Usac: Botín político» supone una estrategia para que se concrete el Golpe de Estado que denunció el presidente electo Bernardo Arévalo meses atrás. El ente investigador pidió que se le retire la inmunidad por este caso para procesarlo.
![Los detenidos salieron el pasado 27 de noviembre. Créditos: Román Castellanos / La Hora](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/Medios-1-6A4A0E29-7B44-49A4-98A8-3C068F80F119.jpg?w=696)
LIBERTAD
Familia, amigos, políticos y organizaciones de sociedad civil se reunieron afuera de la referida prisión, para celebrar la salida de seis detenidos. Les manifestaron su apoyo con aplausos y muestras de cariño.
«No tengo las palabras exactas para decirles lo feliz que estoy de estar con mi familia. No perdamos la esperanza de seguir alzando la voz», dijo Marcela Blanco, integrante del suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla y quien compitió por un escaño al Congreso de la República.
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Martín Jorge Macario, sindicalista de dicha universidad, aseguró no sentirse contento por la situación en la que se encuentran, la cual calificó como una «injusticia». Pero, expresó: «gracias a Dios, vamos a nuestras casas y esperamos que el MP haga un buen trabajo de investigación».
Cabe destacar que en redes sociales se realizó una colecta de dinero para pagar las cauciones económicas que el juez impuso a los seis detenidos, las cuales ascendían a Q10 mil cada una. El dinero se reunió por medio de donativos que hicieron ciudadanos.
EL CASO
En conferencia de prensa, ofrecida la mañana del pasado jueves 16 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación develó un caso en el cual señaló al binomio presidencial electo por supuestamente incitar, en 2022, a que se mantuviera por la fuerza la toma del Campus Central de la única universidad estatal.
La protesta estudiantil se originó por el rechazo a la elección de Mazariegos como Rector de la Usac, según los mismos estudiantes universitarios. Dicho proceso se celebró el año pasado, debido a irregularidades.
Por este caso, el MP solicitó el retiro de antejuicio en contra de Arévalo y Herrera, para efectuar una investigación en su contra por supuestos “delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita”.
A palabras del presidente electo, el caso sería una fachada para avanzar con acciones antidemocráticas que se fraguarían desde el MP que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras.
El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Mazariegos, en julio pasado, en la Lista Engel por supuestamente desvirtuar “procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de Rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”.