TREP: Magistrados y empresa se defienden ante pesquisidora

Por
-

Después de tres horas de la hora programada, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas y Gabriel Aguilera, aprovecharon para defenderse ante la comisión pesquisidora en su contra. En la que ambos consideran que la denuncia presentada por Karen Fischer y Giovanni Fratti es espuria, que es falsa o ilegítima o no auténtica, según el significado de varios diccionarios.

El magistrado Rojas rechazó los delitos por los que se acusan, y argumentó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su reglamento les facultan para prepararse para las elecciones generales.

Asimismo, enfatizó que en la denuncia no se explica el artificio, que, según los denunciantes, él utilizó para acusarlo de incumplimiento de deberes. A la vez, recordó que el conteo de votos fue realizado por las juntas electorales, pero que nadie cuestiona el conteo en las actas 5, 6 y 7.

Rojas, aunque no quiso mencionar a los denunciantes, indicó que hay intenciones de tergiversar los hechos durante el proceso electoral.

“En año preelectoral, todas las acciones que conllevaban la planificación y programación que se tenían previstas por el TSE para establecer los mecanismos de adquisición y dotar a todos los órganos temporales de todos los insumos y equipos necesarios para el día de las elecciones”, argumentó Rojas.

 

NO HUBO APAGÓN

Mientras que el magistrado Aguilera aprovechó para negar que se cayera el sistema, al que calificó como “fuerte”, y agregó sobre el apagón que mencionan que “nunca fue así”, ya que los medios de comunicación lo hubiesen informado.

Aguilera también resaltó que los precios sobre los celulares que mencionó la empresa contratada para el sistema informático, varían dependiendo del mercado, ya que hay comercios que tienen diferentes precios, pero indicó que los teléfonos cuentan con la licencia que se requería para transmitir datos electorales preliminares.

Eso por la insistencia de los diputados Douglas Rivero y Julio Longo Maldonado de una supuesta sobrevaloración en los móviles.

Los magistrados Irma Elizabeth Palencia no acudió a la audiencia, mientras que el magistrado Mynor Franco envió su defensa por escrito.

 

PIDEN IGUALDAD

La pesquisidora finalizó las audiencias de este lunes, el primer citado fue el representante legal de DATASYS, S. A., Hugo Daniel Lemus Herrera, que solicitó apoyo de la abogada Mónica Ardón.

Aunque ambos profesionales intentaron explicarle a los diputados Rivero, Longo y Flavio Muñoz sobre Q48 millones que incluía computadoras, celulares con código fuente, simulacros del funcionamiento y pruebas, los congresistas demostraron desconocer sobre Derecho Mercantil, contratos y sociedades anónimas.

La abogada Ardón pidió la palabra antes de retirarse para aclarar que no “hay sobrevaloración” porque es la primera vez que se adquirió un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual contiene un plan de contingencia.

Por último, el magistrado Rojas indicó que no puede hacerse una comparación de precios en diferentes países, y mencionó que en Puebla, como se ha mencionado en la denuncia, pudo ser solo para elección de gobernador, mientras que en El Salvador, el valor es mayor y es en dólares.

Para la licitación participaron las empresas DATASYS, S. A., y PBS, la cual tiene un contrato de colaboración, pero que no tenía un programa “fortalecido”, ni programó simulacros, dijeron.