Luego que el Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) facilitara la salida de prisión preventiva por dos casos de presunta corrupción del excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón, y accionara en contra de su inscripción como candidato a diputado en el actual proceso electoral, ahora pide antejuicio a tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 23 de agosto, el MP presentó la solicitud de retiro de inmunidad en contra de la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, y el titular Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón, por la supuesta inscripción irregular de Baldizón como candidato a diputado en el reciente proceso electoral. La petición ocurrió por dos denuncias presentadas en marzo.
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DE SOSPECHOSO A CANDIDATO
Baldizón fue deportado el 5 de octubre de 2022, luego de purgar una condena en Estados Unidos al admitir que lavó dinero del narcotráfico. Tras pisar tierras guatemaltecas fue arrestado y trasladado a Torre de Tribunales para enfrentar a la justicia por dos casos de corrupción: Odebrecht y Transurbano.
Tras varias audiencias y meses de espera, quedó ligado a proceso en ambos casos, pero fue beneficiado con arresto domiciliario y abandonó la cárcel. Lo anterior se discutió a puerta cerrada en los juzgados a cargo del caso y el excandidato pagó Q1.8 millones en concepto de fianza.
Un mes después, se conoció que la FECI a cargo de Rafael Curruchiche presentó una revocatoria de la medida sustitutiva. Sin embargo, el proceso se mantuvo bajo secretismo y fuentes extraoficiales confirmaron a este diario que el juez a cargo del caso mantuvo las medidas, pero no informó por cuáles motivos.
En el marco de las elecciones generales 2023, el partido CAMBIO, que fundaron los dos hijos de Baldizón mientras estaba en Estados Unidos, lo proclamó como candidato a diputado y el TSE aceptó su inscripción. Extremo que causó indignación en la sociedad y acciones legales de distintos partidos, abogados y el MP por su inscripción.
De esa cuenta, el TSE rectificó su decisión y excusó su responsabilidad diciendo que el MP aún no había trasladado sus expedientes en donde se le señalaba en los presuntos casos de corrupción. Por lo tanto, quedó fuera de la contienda por no contar con el requisito de «idoneidad» que regula el artículo 113 de la Constitución de la República.
TRAS SEGUNDA VUELTA, VAN CONTRA MAGISTRADOS
Luego de cinco meses de la infructuosa candidatura de Baldizón y en medio de un panorama electoral minado de acciones judicial, que han llegado a señalar a los magistrados del TSE por parte de la FECI, ahora el MP presenta un nuevo supuesto caso que alcanza a la magistrada presidenta y a otros dos magistrados.
La magistrada del TSE, Blanca Alfaro, previo a que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral, denunció amenazas en su contra por un supuesto fraude. Días después, la magistrada Palencia secundó esto. Los ciudadanos tacharon y condenaron estas acciones.
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Este miércoles 23 de agosto la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de levantamiento de la inmunidad en contra de Palencia, Franco y Cordón por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.
Según las declaraciones, es en seguimiento a una denuncia que dos personas presentaron de manera separada, siendo estos: Giovanni Fratti, de la organización Guatemala Inmortal, y Pedro Cruz, de Primero Guatemala. Cinco meses después, dicha fiscalía emprendió acciones legales.
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CRUZ SEÑALÓ DOBLES INTENCIONES
Minutos después de conocerse el recurso interpuesto, Cruz se pronunció por las acciones entabladas por el MP en contra de los tres magistrados, y por medio de su cuenta de X dijo que en marzo pasado planteó la denuncia, pero que tras las acciones optará por retirarla.
«He solicitado a mis abogados que desestimemos esa denuncia, pues la amenaza dejó de existir«, dijo en referencia a que Baldizón no llegó a ser uno de los candidatos a diputados que participaron.
Asimismo, reposteó publicaciones en las que aseguran que el MP de la fiscal María Consuelo Porras «está utilizando esa denuncia fuera de tiempo y con dobles intenciones».
