Otro aniversario de los Acuerdos de Paz con justicia colapsada

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El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz. Entre sus propósitos estaba fortalecer la justicia en el país. No obstante, a 26 años de ese pacto social que detuvo el conflicto interno que por 36 años se vivió en el país, la lucha anticorrupción se encuentra en la cuerda floja, puesto que los índices de impunidad socavan la democracia, cooptan la justicia y los métodos de control del Estado, según organizaciones nacionales e internacionales.

A mediados de la década de 2010 se vio en Guatemala un impulso para disminuir la impunidad y combatir la corrupción, en la cual participaron la hoy extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), misma que nació derivada de diversos acuerdos nacionales e internacionales, entre ellos la Ley de los Acuerdos de Paz. Funcionó por casi 13 años y fue expulsada durante el gobierno de Jimmy Morales.

Con lo anterior, el sistema de impunidad se perpetuó con los procesos judiciales desarrollados por la referida comisión y la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), los cuales cayeron en su totalidad o no presentan avances.

La Hora se comunicó con analistas políticos para conocer a profundidad el estado del sistema de justicia del país.

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC) y Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, coincidieron al indicar que en los últimos años hubo un retroceso y debilitamiento del sistema.

Se intentó obtener opiniones del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la Fundación para la Libertad y el Desarrollo, pero no se obtuvo respuesta.

MARROQUÍN: LA JUSTICIA ENCUBRE CASOS DE CORRUPCIÓN

Marroquín dijo que las instituciones encargadas de administrar justicia y sus auxiliares mantienen una actividad contraria a sus objetivos legalmente establecidos.

“El papel de la llamada justicia hoy en Guatemala es precisamente encubrir los casos de corrupción para que queden en la impunidad”, inició.

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC). Foto La Hora Archivo

Además, lamentó la situación pues a su criterio “la justicia es para descubrir a quien infringe la ley en todas las áreas”. No obstante, enfatizó en que las instituciones encargadas de fomentar ese valor se han puesto del lado de los perpetradores, “es decir de los corruptos”.

“Prácticamente la justicia queda sin credibilidad ante la población y la comunidad internacional, frente al mundo. Eso es una gran desventaja (para Guatemala) porque no es un país confiable para invertir”, concluyó Marroquín.

IBARRA: EL SISTEMA HA DADO MARCHA ATRÁS

Ibarra explicó que en Guatemala existe un sistema de administración de justicia que en los últimos cinco años ha dado marcha atrás en muchas de las reformas que conducían a instituciones modernas y democráticas.

Además, afirmó que se ha retrocedido en el principio de publicidad de los procesos judiciales.

Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia. Foto La Hora Archivo

“Hay partes de los procesos que están supuestamente bajo reserva y se desconocen los detalles”, aseguró.

También enfatizó al decir que, aunque existe información pública. “Aún falta bastante por mejorar. Algunas reuniones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no son públicas y otras son secretas”, indicó.

LA JUSTICIA QUE NO ES NI PRONTA NI CUMPLIDA

Las leyes vigentes establecen cómo debe desarrollarse un proceso penal, por medio del cual se somete a un ciudadano ante los órganos de justicia nacionales para establecer su posible participación en acciones delictivas.

En el Segundo Informe de Hallazgos del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala, una iniciativa que se desarrolló durante 2017 por tres universidades guatemaltecas, se determinó que el proceso penal puede llegar a durar hasta 817 días, es decir más de dos años.

 

Según el documento, la legislación aplicable al proceso penal señala que el tiempo de trámite de un expediente ante el sistema de justicia tendría que durar entre 251 y 341 días. O sea, de casi cuatro meses y medio a 11 meses y medio.

Además, entre los principales hallazgos del estudio se destacó que el 48 por ciento de los procesos por corrupción iniciaron por delito flagrante, mientras que el otro 52 por ciento por denuncia o prevención policial.

En cuanto a la prisión preventiva, el Código Penal establece que es la medida de coerción más estricta en el sistema penal nacional, por lo tanto, debe ser la última que debe ser considerada. En ese sentido, se pide privilegiar otras menos restrictivas, las cuales son consideradas como la norma para los jueces.

El último reporte del Sistema Penitenciario (SP) correspondiente a la primera quincena de diciembre se contabiliza un total de 24 mil 310 de personas privadas de libertad, las cuales se distribuyen en los distintos centros carcelarios del país.

De la población carcelaria reportada en esa época, 11 mil 752 permanecían en prisión preventiva. Es decir, el 46.34 por ciento. De estos, 10 mil 489 eran hombres y 1 mil 263 eran mujeres.

Una investigación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de este año indicó que dentro del SP la sobrepoblación se define como la “mayor cantidad de personas recluidas, que la capacidad instalada del centro” y cuando se sobrepasa el 120 por ciento se considera hacinamiento.

“Guatemala tiene una tasa de privación de libertad por cada 100 mil habitantes baja comparado con otros países, pero la ocupación carcelaria es la más alta de Latinoamérica, con un promedio de 363 por ciento”, consta en el informe.

 

Además, se indica que algunos centros penitenciarios inclusive llegan a mil por ciento de ocupación, lo cual refiere a que diez personas comparten el espacio que debería ser destinado para una.

Según el informe cuarto informe anual del MP correspondiente al período 2021-2022 se ha descongestionado la “alta carga de expedientes, siendo así que durante estos cuatro años de gestión se le ha dado salida procesal a 1 millón 962 mil 396 casos”, registró las cifras.

Esa cifra representa una reducción del 57 por ciento de la mora fiscal heredada, equivalente a 718 mil 537 casos, según indicó la Fiscalía.

Además, se logró que el 74 por ciento de los expedientes recibidos durante el primer período de cuatro años de Porras al frente del MP obtuvieran resolución. Ese porcentaje es equivalente a 1 millón 243 mil 859 casos.

Para 2019, antes de que los efectos de la pandemia por COVID-19 llegaran al país, se estimaba que la mora judicial rondaba por el 95 por ciento de los casos ingresados al Organismo Judicial (OJ).

CIERRAN CASOS

El pasado 29 de noviembre, la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, cerró el caso en contra de la secretaria general del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, de seis personas más por su presunta participación en ilícitos dentro del proceso judicial denominado Financiamiento UNE.

Además, el 23 de septiembre último, la misma jueza declaró el sobreseimiento por los delitos por los cuales eran procesados 58 acusados por el denominado caso Plazas Fantasmas, en el que figuraban exdiputados y exfuncionarios del Congreso de la República, siendo este otro proceso que no llegó a juicio.

En junio pasado, el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, cerró el proceso penal que se seguía en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, por el delito de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica.

La funcionaria fue separada de su cargo durante el tiempo que tardó el caso, y al ser reinstalada le fueron cancelados Q5.7 millones en concepto de pagos atrasados.

BALDIZÓN Y SINIBALDI

Los casos de dos personajes del sistema han sido emblemáticos: Manuel Baldizón, excandidato a la presidencia por el desaparecido partido político Libertad Democrática Renovada (Líder), y Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, a quienes los jueces les han otorgado medida sustitutiva en los casos por los cuales afrontan a la justicia, y con ello apuntan a salir de la cárcel mientras se concluyen las investigaciones en su contra.

Respecto a Sinibaldi, cuenta con arresto domiciliario en los casos Odebrecht y Cooptación del Estado. De esa cuenta, solo le queda pendiente ser beneficiado en caso Transurbano para salir de la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala y volver con su familia.

Por otra parte, el expresidenciable cuenta con medida en el denominado caso Transurbano. Está a la espera de la audiencia por el caso Odebrecht, en la cual se discutirá si le otorgan arresto domiciliario.

A la lista de beneficiados con medida de coerción menos rigurosas se suman decenas de personas, entre ellos: el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Omar Franco Chacón, el exdiputado Estuardo Galdámez, el exrector de la Universidad de San Carlos (Usac) Murphy Paiz, el militar Toribio Acevedo, el extrabajador del ente recaudador Giovanni Marroquín Navas, y los exalcaldes de Santa Catarina Pinula Tono Coro y Víctor Alvarizaes.

SIN CORTES DE JUSTICIA

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Salas de Apelaciones llevan más de tres años en sus puestos, después de que por plazo constitucional venció el período de sus funciones.

Esa situación se derivó de las acciones legales que fueron emprendidas por el MP y organizaciones sociales por la supuesta manipulación del proceso de selección de candidatos a magistrados de ambas cortes, tarea que recae legalmente en las comisiones de postulación respectivas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dijo que los magistrados que fueron electos para el período 2014-2019 tenían que mantenerse en sus cargos hasta que fueran seleccionados sus relevos, y también, en otra resolución, le ordenó al Congreso de la República designar de manera inmediata a los nuevos funcionarios judiciales.

El Organismo Legislativo ha colocado en su agenda ese tema como uno de los puntos que serían desarrollados en las sesiones plenarias, pero en las mismas no se avanza hasta llegar a ese asunto, con lo cual no se ha dado cumplimiento a lo señalado por la más alta corte del país.