El nombre de la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez ha resonado desde octubre, debido a que las decisiones que ha tomado beneficiaron a más de 60 sindicados en casos de posible corrupción. En agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó un pedido de retiro de inmunidad contra la togada por supuestas irregularidades en el caso Odebrecht.
Desde ese mes, la juzgadora benefició a personajes vinculados a casos de alto impacto, entre ellos: Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; Sandra Torres, secretaria general del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Edgar Cristiani, exdiputado del desaparecido Partido Patriota (PP); y Toribio Acevedo, militar retirado señalado por delitos de lesa humanidad.
El juzgado que dirige Domínguez fue creado en 2006, a raíz de la necesidad de contar con instancias especializadas en procesos que vinculaban al crimen organizado, y en los cuales se señalaban delitos de secuestro, asesinato y narcotráfico.
La juzgadora llegó a ese despacho en 2016. Lleva 6 años al frente de esta judicatura.
El MP confirmó que investiga la denuncia realizada dentro del reportaje realizado por Vox Populi. Entérate de los detalles aquí:#LaHoraDeActualizarnos https://t.co/WgzkjDLALJ
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CASO PLAZAS FANTASMA
El pasado 23 de octubre, Domínguez declaró el sobreseimiento de más de 50 sospechosos en el caso Plazas Fantasma, entre quienes figuraba el expresidente del Congreso, Arístides Crespo.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ya había presentado la acusación del caso, y el beneficio ocurrió cuando se discutiría si los procesados debían enfrentar juicio ante un tribunal de Sentencia Penal.
La Hora se comunicó con Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, para consultar la cifra exacta de las personas beneficiadas con el cierre del proceso. El fiscal indicó: “Son 58 o 59 personas, ahora no tengo el dato”.
Con esta acción, la jueza cerró uno de los procesos que causó más indignación en la ciudadanía, debido a las acusaciones de manejo irregular de las plazas de trabajo en el Organismo Legislativo y de los recursos públicos para el pago de salarios en ese poder del Estado.
En agosto, el exdiputado Edgar Cristiani y otros nueve sospechosos decidieron confesar su culpa y así acceder a los beneficios que otorga la Ley de Aceptación de Cargos. Por esa razón no fueron enviados a juicio, pero cambiaron de opinión al conocer el sobreseimiento a favor de más de 50 personas.
Por ello, solicitaron a Domínguez que anule la audiencia en la cual pidieron resolver su situación por el procedimiento de aceptación de cargos, a lo cual accedió la juzgadora.
La juzgadora dio valor probatorio a todas las declaraciones, oficios y argumentos presentados por la parte denunciante. Entérate aquí 👇 #LaHoraDeActualizarnos
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Para esta y la siguiente semana se programaron audiencias en las cuales se conocerá la acusación del MP en contra de estos 10 procesados. El resultado podría ser de beneficio para ellos, tomando en cuenta que ya hubo una resolución encaminada al cierre del caso en contra de la mayoría de señalados.
SANDRA TORRES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA UNE
Domínguez también cerró el proceso en contra de Sandra Torres, secretaria general del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el pasado 29 de noviembre.
En esa ocasión consideró que no existían indicios suficientes para enviarla a juicio por supuestamente integrar una agrupación que permitió el financiamiento irregular de la organización política en 2015.
Además, dictó sobreseimiento a favor de otros seis implicados en el caso:
Mynor Feizal Zimeri Corado
Nelson Alexis García Morales
Edín Alberto Álvarez Pérez
Julio César López Villatoro
Carlos Enrique López Girón.
La resolución se dio semanas después que la UNE y VAMOS acordaron el respaldo de sus diputados a varios temas de interés del oficialismo en el Congreso, a cambio de permitir la inscripción en 2023 de Sandra Torres como candidata a la Presidencia, explicaron fuentes con conocimiento de las negociaciones.
El partido político UNE propuso a Tono Coro como candidato a alcalde de la capital. Infórmate aquí 👇 #LaHoraDominical https://t.co/0diBk8hBS8
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CASO DIARIO MILITAR
La jueza benefició el 28 de noviembre con medidas sustitutivas al militar retirado, Toribio Acevedo por razones humanitarias en el denominado caso Diario Militar.
El exjuez Miguel Ángel Gálvez tenía el caso a su cargo, pero con su renuncia al puesto en el Organismo Judicial (OJ), la audiencia de cambio de medida de coerción fue conocida por Domínguez.
En mayo último, Acevedo fue ligado a proceso por delitos contra los deberes de la humanidad, de desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
SINIBALDI BENEFICIADO
El 30 de noviembre último, Domínguez otorgó arresto domiciliario al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi en el caso Cooptación del Estado. Este proceso también era conocido por Gálvez.
El exjuez no había accedido a varias solicitudes del exfuncionario durante los meses que lleva en prisión preventiva, sin embargo, Domínguez estableció que era prudente darle el beneficio. Esa decisión la tomó en una audiencia a puerta cerrada.
El nuevo juez Mayor Riesgo D, benefició al exministro al sustituir la prisión preventiva que guardaba por el caso Odebrecht. Más aquí 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/qJkRYh9IvF
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PROTEGIDA DE ANTEJUICIO POR LA CSJ
En agosto pasado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron no darle trámite a una solicitud de antejuicio que presentó el MP en contra de la jueza, por supuestas irregularidades en la aprobación de los convenios de colaboración en el caso Odebrecht, pesquisa en la que también está vinculado Alejandro Sinibaldi.
Siete magistrados votaron en contra y seis a favor, informó en su momento la CSJ.
Los delitos por los que FECI buscaba investigar a la jueza son abuso de autoridad y prevaricato. La Fiscalía señala además por las presuntas irregularidades al extitular de esa unidad, Juan Francisco Sandoval.
