Aunque el exbinomio presidencial del cancelado Partido Patriota (PP) conformado por Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, expresidente y exvicepresidenta, respectivamente, fueron condenados con las penas más altas por el caso de defraudación aduanera denominado La Línea, surge la duda si la sentencia podría sufrir un revés debido a que ambos quedaron absueltos por el principal delito por el que eran señalados, siendo este enriquecimiento ilícito.
Pérez Molina y Baldetti Elías fueron condenados a 16 años de cárcel y deberán pagar una multa de Q1.7 millones por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, 8 años de prisión por cada uno.
Sin embargo, fueron absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito, por esta razón abogados consultados por La Hora explican si se considera que esta sentencia podría revocarse.
Luego de la sentencia el expresidente adelantó que accionará en contra de la misma.
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 12, 2022
“(…) Entonces, el dinero donde está, para qué me iba asociar yo y para qué iba a defraudar al Estado, si no tienen ni una prueba de que yo haya recibido un centavo”, expresó Pérez Molina.
LA POSICIÓN DE LA JUEZA
El Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por las juezas Jeannette Valdés, presidenta, Katty Sarceño y Marling González, vocales, estuvo a cargo de la sentencia del exbinomio presidencial del PP.
Según Valdés, el caso fue mediático por la vinculación de Pérez Molina y de Baldetti Elías. Además, aseguró que la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) fue responsable de acciones que riñen con la ley.
“Vamos a decir que el trabajo que hizo la CICIG fue deficiente. Ellos no son mejores que nosotros. No necesitábamos extranjeros que vinieran a hacer el trabajo que hicieron”, afirmó durante la sentencia emitida el 7 de diciembre.
También dijo que nunca se reunió de forma unilateral con funcionarios de la CICIG.
EDIE CUX: ALLANA EL CAMINO
El abogado y asesor legal de Acción Ciudadana (AC), Edie Cux indicó que es un mal precedente el que dejaran absueltos a Pérez Molina y Baldetti Elías del delito de enriquecimiento ilícito, ya que parte de que se juzguen actos de corrupción es porque existe la intención de buscar un beneficio.
“Un acto de corrupción involucra el que se beneficien con dinero o con poder. En este caso son ambos elementos. Podría ser que, en una segunda instancia, a través de la apelación, hasta puedan dejar sin efecto todo el proceso, tomando en cuenta lo que ha pasado en otros casos, como el de IGSS-Pisa, donde prácticamente segundas instancias han absuelto a todas las personas que han sido involucradas en actos de corrupción”, explicó.
“No sorprendería por el nivel de cooptación que tiene el sistema de justicia. Podría ser una forma que se esté allanando el camino a esa posibilidad. Sin embargo, habría que revisar las actuaciones y qué pruebas se presentaron. Es evidente que sí hubo enriquecimiento ilícito, el hecho que tengan bienes… Es posible que parte de esa resolución sea una estrategia para allanar el camino a la absolución total, a la impunidad total”, enfatizó Cux.
EDGAR ORTIZ: LA ABSOLUCIÓN DE UN DELITO NO INVALIDA LO DEMÁS
Para el abogado y consultor de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, la absolución del delito de enriquecimiento ilícito por sí misma no invalida todo lo demás que dictó el Tribunal, pues son dos conductas diferentes.
“En el caso de ellos: pueden estar condenados por defraudación aduanera, porque lo que el Tribunal determinó es que había evidencias suficientes para saber que había una estructura de defraudación aduanera y que efectivamente ellos participaron en ese esquema, eso es lo que el Tribunal consideró”, detalló.
“Un tema aparte es si ellos cometieron el delito de enriquecimiento ilícito. Para algunos les parecería como tonto el que se haya demostrado el cobro de sobornos y cómo no se va a demostrar enriquecimiento ilícito. Pero, lo que pudo haber pasado es que a lo mejor no hubo prueba documental del incremento patrimonial, eso hay que probarlo; por cobrar sobornos no es automáticamente el individuo culpable de enriquecimiento ilícito, aunque obviamente se supone que si está cobrando sobornos se está enriqueciendo ilegalmente, pero son dos conductas diferentes”, añadió.
“Quizá no hubo condena por enriquecimiento ilícito porque a lo mejor no se probó documentalmente el incremento patrimonial, ya que no es algo obvio, es algo que hay que ir a probarlo al Tribunal. Hay que probar cuál era la declaración patrimonial de ellos cuando entraron al gobierno versus cuál es la declaración patrimonial cuando salen del gobierno, a lo mejor faltó evidencia, pues el Tribunal no puede fallar sin evidencia”, opinó Ortiz.
“¿Que no se haya aprobado el enriquecimiento ilícito implica que ellos pueden apelar?, pues no. Podrán apelar por otras razones, lo que ellos deberán demostrar en una apelación es que los delitos por los cuales los condenaron no corresponden. Son dos cosas diferentes, no porque los hayan absuelto de ese delito ellos automáticamente van a hacer la apelación”, afirmó.
MYNOR ALVARADO: DEJA LA PUERTA ABIERTA
El abogado y encargado del área jurídica del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mynor Alvarado dijo que la sentencia condenatoria es un avance para la justicia guatemalteca, sin embargo, advirtió lo complejo de la siguiente fase, las apelaciones y todos los medios de impugnación, que sin duda la defensa del exbinomio presidencial harán uso de estos recursos.
“Estamos ante posibilidades de modificar esa sentencia, ya sea en una Sala de Apelación. Vendrán acciones frente a una Corte Suprema de Justicia medianamente cuestionada, donde algunas personas se protegen para quedar libres de una sanción frente a estos ilícitos”, puntualizó.
“Definitivamente hubo un saqueo, hubo un robo al erario público y no poder demostrar el enriquecimiento ilícito es una clara posición del Ministerio Público. Hay una deficiencia del ente investigador, se evidencia de qué lado está actuando y jugando su papel”, resaltó Alvarado.
“Absolverlos de un cargo que deviene claramente de otro, definitivamente están dejando la puerta abierta para que se hagan uso de todas las acciones, donde una gran parte del sistema de justicia simpatiza con estas personas que se han enriquecido con los fondos públicos”, finalizó.
EL CASO LA LÍNEA
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público (MP), la estructura criminal defraudó el sistema aduanero por más de Q73 millones. Se señaló que era liderada por Pérez Molina y Baldetti Elías. Además, se vinculó a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta, a exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfuncionarios del gobierno del PP.
Un total de 29 personas fueron procesadas por los hechos que fueron investigados por el MP y la otrora CICIG, de las cuales una gran parte quedaron absueltas.
