Durante esta semana las comunidades de Purulhá, Baja Verapaz, volvieron a posicionarse como tema coyuntural, debido al desarrollo de allanamientos con los cuales autoridades buscaban el desalojo de comunitarios poqomchi´ de diferentes fincas señalados de usurparlas.
Supuestamente abandonaron voluntariamente el lugar pero en el operativo resultaron heridos dos policías.
Los allanamientos ocurrieron el pasado lunes 21 de noviembre. Ese día hubo un ataque armado en contra de los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
#DesalojosIlegales 🚨 Comunidad Dos Fuentes denuncia desalojo.
👉🏽 Pobladores de la comunidad Dos Fuentes, en Purulhá, Baja Verapaz, informaron que están a punto de ser desalojados, junto a otras aldeas, pese a tener medidas cautelares de la @CorteIDH Humanos.
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La entidad policial responsabilizó a supuestos invasores de propiedades inmuebles que se oponen a ser desalojados.
Se informó que dos agentes policiales resultaron heridos de bala. Estos fueron trasladados al centro hospitalario de Baja Verapaz.
DESALOJOS
Agentes de la Policía, en acompañamiento de fiscales del Ministerio Público (MP), elementos del Ejército de Guatemala y autoridades judiciales, volvieron a la región el pasado miércoles 23 de noviembre.
Ese día llegaron a las fincas Pancoc, Los Encinos, Tamaxaque y San Rafael Pampa, según la información oficial.
La primera reacción de los comunitarios fue impedir que las autoridades cumplieran con sus órdenes y argumentaron que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no obstante las medidas a las que tuvo acceso La Hora no acreditan la propiedad a los comunitarios.
Ellos reclamaron su derecho ancestral de las tierras y hasta el momento a La Hora no han sido enviados los documentos en virtud de los cuales se alega un mejor derecho.
Hoy las comunidades en resistencia de la Sierra de las Minas de Purulhá, Baja Verapaz, amanecen con la presencia de un fuerte contingente militar y policial. Líderes Comunitarios que han defendido su territorio temen ser capturados.
📷📽️ Comunitarios pic.twitter.com/lHFmihHqm9
— Gilbero Escobar (@GilbertooNoj) November 21, 2022
Los pobladores reportaron una gran cantidad de uniformados, tanto de la PNC como del Ejército, y del MP.
MP DICE QUE SE RETIRARON VOLUNTARIAMENTE
El órgano encargado de la persecución penal informó este jueves 24 de noviembre que todas las familias decidieron retirarse de manera voluntaria, después de haber llegado a acuerdos con la representante de la entidad comercial que reclamaba la posesión del inmueble.
PROCESO DE DESALOJO INICIÓ EN 2015
El conflicto por las tierras en esa región llegó al ámbito judicial desde 2015, cuando quienes figuran como propietarios del inmueble, la familia Thomae de origen alemán, denunció la usurpación de la propiedad.
ACDEPRO: SON PROPIEDADES QUE SE LAS ESTÁN ROBANDO GRUPOS VIOLENTOS
Horst Spitzke, director ejecutivo de la Asociación en defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), explicó el rol de la organización.
“Nosotros, todo lo que es usurpación o delito contra la propiedad privada, le damos seguimiento. Son propiedades que se las están robando grupos que son violentos”, detalló.
Sobre el argumento que toman los comunitarios para no ser desalojados dijo que “la CIDH le da la orden al Estado para que se proteja la integridad física y derechos humanos de cada persona, pero eso no les exime si están cometiendo un delito en el país, si tiene orden de captura u otras situaciones legales”.
Declaraciones de Héctor Hernández, director de la PNC, ante el ataque de dos agentes policiales en Purulha, Baja Verapaz.
🎥:José Orozco/LH pic.twitter.com/8Gap9zUHFo
— Diario La Hora (@lahoragt) November 21, 2022
Además, aseguró que “todas estas personas han estado cometiendo delitos, no solo el delito de la usurpación, sino el saqueo, destrucción de plantación, tala ilegal y comercialización ilícita, portación ilegal de armas de fuego”.
Finalmente, Spitzke aseguró que los pobladores que fueron desalojados: “Se quieren resguardar bajo esa cortina de derechos humanos, y son los violadores de todo”.
SEGÚN CCDA, MEDIDAS LES AVALAN PROPIEDAD
Por medio de un comunicado en redes sociales, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) pidió “un alto a la criminalización” en contra del pueblo Poqomchí´ y han denunciado “el uso excesivo de la fuerza para violentar al pueblo”.
Se intentó obtener una reacción respecto a los policías heridos y determinar si los campesinos estaban armados y de dónde procedían las armas, pero no se logró respuesta.
Asimismo, aseguran que las comunidades indígenas cuentan con medidas cautelares, “lo cual avala su residencia en dicha propiedad”. No obstante, la CIDH solo resolvió solicitar a Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las familias indígenas. Las medidas cautelares fueron otorgadas en 2020 y no abordaron nada respecto a la propiedad de las tierras.
Por otra parte, consideran que los “desalojos son ilegales por supuestos representantes de finqueros, quienes han manipulado a jueces y a las fuerzas de seguridad represora”, para accionar legalmente en contra de los habitantes de las diferentes comunidades.
Un fuego cruzado se produjo entre agentes de la @PNC y supuestos invasores en Purulhá, Baja Verapaz.
Dos agentes resultaron heridos. pic.twitter.com/FiR8cRFU7F
— InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 21, 2022
MINDEF NO DETALLA DILIGENCIAS
Se consultó al Ministerio de la Defensa (Mindef) para conocer su postura ante los señalamientos de los pobladores y la respuesta obtenida señala que: “Hoy se está apoyando con seguridad lejana en diligencias propias del MP”.
Además, se indicó que: “La razón por la que se dan es algo que el mismo MP le puede responder”; sostuvo el Mindef.
MP: SE DA SEGUIMIENTO
En tanto, la Fiscalía afirmó que se trata de un caso que inició por la denuncia de usurpación de cuatro fincas en la referida región.
“Se está realizando una diligencia en seguimiento a una denuncia relacionada a cuatro fincas que pertenecen a una entidad comercial. En todo momento se ha actuado en el marco de la ley y respetando todas las garantías y derechos de las personas”, aseguró el MP, luego de indicarles que el Mindef remitió a ellos por declaraciones.
Asimismo, el ente investigador señaló que esta denuncia fue presentada en 2015, y “desde 2016, en varias ocasiones, se ha intentado ingresar a practicar las diligencias; sin embargo, pobladores lo han impedido agrediendo al personal de las instituciones”, explicaron.
MINGOB SECUNDA VERSIÓN
El Ministerio de Gobernación coincidió con la versión de las dos entidades. La PNC no respondió a los mensajes enviados para detallar cuáles son los procedimientos que se realizan en el altiplano.
MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH
El 13 de abril de 2020, la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el CCDA, instando a dicho órgano a que requiera al Estado de Guatemala la adopción de las medidas de protección necesarias para garantizar los derechos de las familias indígenas de las comunidades Washington y Dos Fuentes, ubicadas en Purulhá.
Según la solicitud, los solicitantes de las medidas se encontraban en “una situación de riesgo tras la emisión de unas órdenes de desalojo y una serie de amenazas, intimidaciones y agresiones en el marco de un conflicto agrario sobre determinadas tierras, respecto de las cuales reclaman su propiedad ancestral”.
La Comisión consideró que “las familias indígenas maya Poqomchi´ de las comunidades Washington y Dos Fuentes se encontraban prima facie (a primera vista) en una situación de gravedad y urgencia, puesto que los derechos a la vida e integridad personal de sus miembros están en riesgo”.
Y de esa forma, resolvió solicitar a Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las familias indígenas, entre ellas las dirigidas a atender entre otros aspectos las condiciones de alojamiento, salud, alimentación y acceso a agua potable. Las medidas cautelares fueron otorgadas en 2020.
