Por un recurso de casación pendiente de resolver, este lunes 12 de septiembre se suspendió la audiencia de revisión de medidas a favor de Dulce Archila y Nanci Sinto, ambas señaladas por el delito de depredación de bienes culturales, por la supuesta realización de pintas en el Congreso de la República durante las manifestaciones del 21N.
La Sala Tercera de Apelaciones dejó sin efecto el cierre del proceso penal contra Archila y Sinto que dictó la jueza Wendy Coloma el pasado 10 de junio. Por lo tanto, el caso se reactivó procesando nuevamente a las dos por el delito en mención.
Dicha audiencia se convocó para revisar las medidas de coerción y definir si las acusadas mantendrían las mismas, como en el proceso judicial pasado, o deberán enfrentar prisión preventiva.
Sin embargo, la nueva jueza a cargo del caso, Sonia Kal Martínez Obregón, a petición de la defensa resolvió suspender la diligencia hasta que se resuelva el recurso de casación pendiente. “Esto para que no exista ningún vicio y se respete el debido proceso”, dijo la juzgadora.
Esteban Celada, abogado defensor de Sinto expuso: “Es necesario que existan condiciones para no dudar del proceso penal. El recurso de casación está siendo conocido por la cámara penal y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Confiamos que puedan resolver con independencia judicial y sobre todo apegados al derecho”.
Además, espera que Sinto pueda enfrentar sin más impactos de los que ha tenido en su proceso de vida, “estar sujeto a proceso y cuando no hay fundamento, esa es una situación contemplada en algunos estándares internacionales como delito”, sostuvo.
La defensa de Archila, Edgar Pérez, manifestó al Tribunal su descontento por juntar ambos casos, pues anteriormente Dulce Archila y Nanci Sinto llevaron procesos judiciales separados.
La audiencia tomó lugar en el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal Especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural.
La audiencia de Archila y Sinto queda suspendida hasta que se resuelva el recurso de casación interpuesto por la defensa, el cual a la fecha no ha sido resuelto por el órgano judicial. pic.twitter.com/YgfCtZZvwY
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SALA HA FAVORECIDO A IMPLICADOS
En 2017, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ordenó arresto domiciliario a favor de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Aída Stalling Dávila, quien pagó una fianza de Q300 mil; ella guardaba prisión preventiva por el delito de tráfico de influencias.
La misma Sala en 2018 resolvió no retirar la inmunidad al alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú (+), contra quien el Ministerio Público (MP) presentó un antejuicio por indicios de peculado y financiamiento electoral ilícito en el caso Caja de Pandora.
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Esta semana de festejos debiera ser de reflexión para buscar la ruta precisa de una Guatemala independiente, de verdad, próspera y justa. https://t.co/ptT8SV20IL— Diario La Hora (@lahoragt) September 12, 2022
Ese año también anuló una resolución en la que la entonces jueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán envió a juicio al ruso Igor Bitkov, luego de un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló la sentencia contra él y su familia.
Ese mismo año, confirmó el cierre provisional del caso en contra del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, señalado de haber autorizado la entrega de un bono de responsabilidad de Q50 mil mensuales al entonces presidente Jimmy Morales.
En 2019, los magistrados anularon por unanimidad la sentencia impuesta por el Tribunal Undécimo dentro del caso IGSS-Pisa.
EL CASO
Dulce Archila, estudiante y Nanci Sinto, activista por los derechos humanos, participaron en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020, ambas llevaron un proceso judicial en donde se les condenaba por supuestamente realizar pintas en el Congreso de la República. El MP las acusó por el delito de depredación de bienes culturales.
Para junio de 2021, la jueza Wendy Coloma titular del juzgado antes mencionado resolvió sobreseimiento del caso y con esto lograron obtener libertad. Sin embargo, la Sala Tercera del Ramo Penal contra la Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala revocó lo dictado por la juzgadora, asimismo apartándola del caso.
