El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, enfrenta un proceso para el retiro de su inmunidad, el cual considera “un juicio político” y “un linchamiento”, promovido por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización considerada de ultraderecha que ha sido querellante de casos en contra de operadores de justicia, quienes se han exiliado o permanecen privados de libertad.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el pasado 6 de agosto dar trámite a la solicitud de retiro de antejuicio promovida por la FCT, entre otros delitos por prevaricato. La acción fue presentada luego que Gálvez enviara a juicio a nueve implicados en el caso Diario Militar, sindicados de los delitos detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 195 personas entre 1983 y 1985, durante el régimen de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores.
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 21, 2022
El despacho del Juez Gálvez se ubica en el nivel 14 de Torre de Tribunales, al entrar, a su derecha se observan dos libreros con documentos de múltiples casos que ha llevado, como Siekavizza, La línea, Ríos Montt y Bancafé. Las paredes son de color blanco hueso, sobrias, así como él para vestir y hablar. Su escritorio tiene documentos, leyes y más leyes. A un costado está un estante con tres corbatas.
Gálvez es uno de los jueces que más ha incomodado por los casos contra funcionarios corruptos, narcotraficantes, redes criminales y de la élite empresarial. “Voy para 24 años dentro del Organismo Judicial y de estar en este juzgado 10 años, y nunca la situación había estado tan difícil y complicada. Mi mayor preocupación es el rompimiento del Estado de derecho”, afirmó.
Además, señaló las dificultades afrontadas en los últimos meses, las deficiencias para administrar justicia en el país y el papel que debe jugar el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), así como la necesidad de encontrar soluciones para el país. A continuación parte de la entrevista concedida a La Hora.
¿Qué le preocupa sobre el proceso que llevan en su contra?
Definitivamente estoy preocupado, sobre todo cómo están manipulando un proceso de antejuicio; no es un proceso, es un juicio político en mi contra. Y por qué no decirlo, un linchamiento.
Usted ha dicho que el antejuicio en su contra presenta supuestas ilegalidades. ¿Cuáles son esas irregularidades?
Lo primero que hice fue señalar un lugar para recibir notificaciones y un abogado. Se supone que las notificaciones las tuvieron que haber hecho ahí, pero no le notificaron al abogado. Nosotros interpusimos una enmienda del procedimiento, pero no le dieron trámite.
No le dieron seguimiento al trámite aduciendo que es un proceso administrativo. La ley regula que en cualquier procedimiento administrativo o judicial se debe garantizar el debido proceso.
¿En estos momentos se siente protegido y respaldado por la CSJ?
Definitivamente no, no solo es mi proceso, alrededor hay varias cosas que están pasando.
La Sala Segunda de Apelaciones es la encargada de mi proceso, esta trabajó el caso de Pablito (Pablo Xitumul) y Erika Aifán. Da la impresión de ser una sala ad hoc para ellos, para trabajar coordinados para perjudicar a las personas.
¿Qué piensa del Sistema de Justicia en Guatemala?
Le soy sincero, nos ha costado, nos ha costado tratar de enderezar un proceso con todas las garantías, no solo procesales sino constitucionales. No es suficiente conocer la Constitución para garantizar los derechos establecidos, pero especialmente garantizar la base de un proceso, el derecho de defensa.
¿Qué opina sobre la Fundación Contra el Terrorismo y las acciones que ha tomado en su contra?
Es una fundación más común y corriente, su lema siempre ha sido en contra del Conflicto Armado Interno. A mí me han amenazado desde el 2015, se han trabajado los procesos. Lamentablemente resalto que las instituciones como el Ministerio Público y Organismo Judicial se han prestado a esa manipulación que hace la FCT contra los procesos.
Yo dicto la resolución el 6 de mayo (por el caso Diario Militar), este personaje (Ricardo Méndez Ruiz) ese día me amenaza y da seguimiento. Cinco días después presentó una querella a la que le dieron trámite; el 11 de mayo resuelve el Juzgado Noveno y notifican a la CSJ el 25 de ese mes. 20 días después le dan trámite al antejuicio en mi contra. En ese entonces el CSJ tenía de 40 a 50 antejuicios pendientes, pero el mío no entró a hacer cola.
¿Siente que su vida corre peligro si aprueban el antejuicio?
Sí, definitivamente. En el año 2016 cuando me amenazaron de muerte se tramitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington las medidas precautorias, y aparte también ante Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. El Estado debe garantizar mi vida, la de mi familia y especialmente la independencia judicial (en su función de juez).
¿En su criterio, quiénes son los que tienen cooptadas las instituciones del país?
Es un tema un poco político, le puedo asegurar que la tendencia ha sido tomar todas las instituciones: un ejemplo es la Corte Suprema de Justicia que hace cuatro años no cuenta con un plazo constitucional, eso quiere decir que ellos están de facto, no tienen legitimidad. Podemos advertir que las instituciones fueron tomadas, no existe un control.
Es una fundación más común y corriente, su lema siempre ha sido en contra del Conflicto Armado Interno. A mí me han amenazado desde el 2015, se han trabajado los procesos.
Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo «B»
¿Considera que hoy se vive una venganza en contra de quienes pertenecieron a la Cicig y FECI en tiempos de Iván Velásquez y Thelma Aldana?
Parcialmente ese es un tema de fondo, en mi caso, aparte que tengo los procesos de corrupción que llevé, se me suman los procesos del conflicto armado interno.
Existe un ataque hacia ciertos grupos en la sociedad, ya no solo van contra jueces o fiscales, sino también activistas y periodistas, ¿qué opina ante ello?
Da la impresión de que se están deshaciendo de las personas que no comparten sus criterios. Si alguien no está de acuerdo conmigo no significa que va a ser mi enemigo. En una democracia todos esos pesos y contrapesos deben existir. En el 80 mataban, ahora nos están sacando del país. Quisieran una sociedad modelo en donde todo lo que digan ellos está bien.
¿El Cacif o la cúpula empresarial tienen que ver en esta coyuntura política que vive el país?
Son grupos de poder muy fuerte, cierta incidencia han de hacer. Especialmente a ellos hay que hacerlos reflexionar hacia dónde va Guatemala.
¿Qué rol considera debe jugar el Cacif o la cúpula empresarial en estos momentos?
Dejar esto de derecha e izquierda, debemos sentarnos y hablar frontal para buscar soluciones para el país.
¿Cómo define el gobierno de Alejandro Giammattei?
Quisiera hacer referencia a que un presidente que tiene tanta desaprobación en el ejercicio del poder se haya dado el lujo de tomar todas las instituciones.
¿Qué le preocupa sobre la situación actual en la que está el país?
Que muchas personas han tenido que salir del país: son 28 que están en Washington, en México 14 personas, también en Costa Rica, Suecia, y eso es lo que podemos contar. ¿Cómo hablamos de un Estado de derecho si están afuera?
¿Cómo juez, cuáles son sus aspiraciones a corto, mediano y largo plazo?
Ahora mi aspiración es quedarme aquí y siempre seguir siendo juez, porque no voy a aspirar a ser Fiscal General o Magistrado.
Representaría aproximadamente 200 mil votos más de los que recibieron los primeros tres candidatos a la Presidencia en 2019. Aquí te explicamos 👇 https://t.co/qRkng8ciaL
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¿Cómo considera se pueden resolver los principales obstáculos que no permiten que en Guatemala haya una justicia pronta y cumplida?
Por medio de una reforma a la Constitución. Hay que cambiar procedimientos, Comisiones de Postulación; hay que quitarle a la Universidad San Carlos de Guatemala todas esas prebendas que le dieron de postulación. En todo participa la universidad, la politizaron. Los alumnos no son vistos como un profesional, si no como un voto para obtener un poder.
Crear procesos para que las personas más íntegras lleguen a esos cargos y para que los operadores de justicia hagan bien las cosas.
Hasta el final de la entrevista el juez Gálvez mantuvo la cadencia de su voz firme, sin titubear, de forma segura como sabe expresarse.
El juez acudió a la Cámara de Amparos el pasado viernes para ver su proceso; sin embargo, dijo que no se lo mostraron, ante lo cual se cuestionó: “Cómo me pueden vedar ese derecho cuando es un derecho sagrado. A mí no me pueden vedar ese derecho si soy el sindicado”.
Hoy el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B” queda a la espera de un proceso de antejuicio el cual considera un “juicio político”. Así, Gálvez se suma a la lista de los operadores de justicia que son perseguidos por acciones que consideradas por analistas como casos espurios.
