Cuando Bernardo Arévalo era diputado cuestionaba los subsidios a los combustibles y advertía que esos recursos no resolvían el problema del alto precio del diésel. Cuatro años después, como presidente de la República, su gobierno busca un segundo apoyo en el años de hasta Q2 mil 500 millones para contener el precio de la gasolina y el diésel.
El cambio ocurre en medio de una nueva escalada de los precios de los combustibles y de bloqueos y protestas que han puesto presión sobre su Gobierno.
En 2022, cuando era diputado de la bancada Semilla, el ahora mandatario cuestionaba el subsidio de Q700 millones aprobado durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
En aquella ocasión sostuvo que, pese a la ayuda estatal, el diésel continuaba siendo demasiado caro y que una parte importante de los recursos terminaba beneficiando a las empresas de combustibles.
Inaudito que el pasaje del transporte urbano llegue a los Q8.00 mientras el Gobierno y sus aliados prefieran seguir su fiesta de corrupción. Esta situación no merece simples parches. Por ejemplo, con lo que se gasta en subsidio, podríamos comprar más de 200 buses eléctricos. pic.twitter.com/OMo2BviTn1
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 18, 2022
“Aún con un subsidio de 700 millones de quetzales, el diésel sigue siendo el más caro de toda Centroamérica. Los millones han servido de poco y la mayor parte se la quedaron las empresas de combustible”, afirmó entonces.
Arévalo planteaba que la respuesta debía ser distinta y consideraba que la reducción de impuestos, la regulación de precios y los subsidios al transporte solamente tenían sentido si se aplicaban de manera coordinada.
Incluso propuso utilizar recursos destinados a los combustibles para transformar el transporte público, expresando que con Q460 millones mensuales, equivalentes al subsidio que cuestionaba en ese momento, podían adquirirse 230 buses eléctricos para mejorar la movilidad.
También defendía medidas como limitar el consumo de combustible en instituciones públicas, impulsar energías renovables y dirigir los subsidios hacia la reducción del pasaje y la mejora del transporte público.
AHORA EL EJECUTIVO SE PREPARA PARA SANCIONAR UN NUEVO SUBSIDIO
El escenario cambió desde que Arévalo llegó a la Presidencia.
El Congreso aprobó el pasado 8 de septiembre, de urgencia nacional, el Decreto 21-2026, mediante el cual creó un mecanismo temporal para establecer precios de referencia de los combustibles y destinó hasta Q2 mil 500 millones para financiarlo.
La ley establece como precios de referencia Q39 por galón para el diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior, y el apoyo se activa cuando los precios superan esos montos.
Acaba de ser aprobado el subsidio:
⛽️ Q8 para diésel
⛽️ Q5 para gasolina súper y regularEsta es una medida urgente que ayudará a aliviar el costo de vida y el alza de los combustibles. Proteger la economía de las familias es una urgencia, y estamos dando resultados.
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 15, 2026
El mecanismo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque puede terminar antes si se agotan los recursos disponibles o si los precios internacionales disminuyen hasta ubicarse dentro de los valores establecidos.
Tras esto, el 10 de septiembre, el presidente confirmó que el Ministerio de Energía y Minas trabajaba en el reglamento correspondiente y que, una vez recibido el decreto y sancionado, el mecanismo comenzaría a funcionar en aproximadamente 10 días.
En sus redes sociales se pronunció también luego de la aprobación del subsidio. “Hoy se ha dado un paso importante para apoyar a las familias guatemaltecas”, escribió.
En julio del presente año, el Gobierno presentó al Congreso el primer subsidio que fue aprobado por el organismo legislativo en medio de presiones por la escalada de precios.
MAUL: EL PROBLEMA NO SE RESUELVE SOLO CON UN SUBSIDIO
Para Hugo Maul, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el gobierno no debería intervenir para «artificialmente» reducir el precio de un producto cuyo costo aumentó en el mercado internacional.
Arévalo asegura que sancionará apoyo a los combustibles al momento de tenerlo en sus manos
Maul sostiene que los hogares, las empresas y el sector público deben adaptarse a la nueva realidad de los precios internacionales y considera que las soluciones de fondo pasan por reducir la dependencia del transporte basado en combustibles.
Entre ellas menciona inversiones en transporte público masivo, planificación urbana para acercar los lugares de vivienda y trabajo y una mayor utilización del teletrabajo.
A su criterio, esas medidas tendrían que haberse impulsado desde hace años, pero no solucionan el problema inmediato.
“En el corto plazo creo que no le corresponde al gobierno enmascarar y crear precios artificiales cuando lo que hay es una escasez a nivel global que el país no puede afectar de ninguna manera”, remarcó el experto.
Sin embargo, Maul también planteó una diferencia importante entre cuestionar el subsidio como mecanismo permanente y analizar cómo está diseñado el apoyo temporal que se aprobó ahora.
Él consideró que si el gobierno decide subsidiar, el mecanismo debería llegar directamente al consumidor y no convertirse en un beneficio para los importadores o intermediarios.
BARRIENTOS: IMPUESTO Y SUBSIDIO, DOS LADOS DE LA MISMA POLÍTICA FISCAL
Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), planteó la discusión en otro punto: la forma en que se está planteando la reducción de impuestos como alternativa al subsidio.
Según Barrientos, técnicamente un subsidio y un impuesto son mecanismos fiscales que operan en sentidos opuestos, pues mientras el impuesto representa una transferencia del ciudadano al Estado, el subsidio representa una transferencia del Estado al ciudadano.
Por eso, explicó que la discusión de “subsidio no, quitar impuestos sí” carece de sentido si no se analiza el efecto fiscal de ambas medidas.
Inaudito que el pasaje del transporte urbano llegue a los Q8.00 mientras el Gobierno y sus aliados prefieran seguir su fiesta de corrupción. Esta situación no merece simples parches. Por ejemplo, con lo que se gasta en subsidio, podríamos comprar más de 200 buses eléctricos. pic.twitter.com/OMo2BviTn1
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 18, 2022
Barrientos también advirtió sobre la propuesta de eliminar impuestos a los combustibles y explicó que el país aplica desde la década de 1990 una tasa cero de derechos arancelarios a la importación de derivados del petróleo, por lo que eliminar esos aranceles no tendría el efecto que algunos sectores exigen.
Por tanto, aclaró que la discusión va hacia otros impuestos, por ejemplo, el IVA, cuyo funciomiento es multietapa, y por esto, detalló que una exención aplicada únicamente en la venta final de la gasolinera no necesariamente trasladaría el beneficio completo al consumidor.
El otro es el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, que sí se cobra como un monto fijo por galón.
Respecto a este, Barrientos señaló que representa Q4.70 por galón para la gasolina superior, Q4.60 para la regular y Q1.30 para el diésel.
El experto indicó que el diésel es el principal combustible utilizado por el transporte de pasajeros y de carga y, por lo tanto, eliminar ese impuesto tendría un impacto máximo de Q1.30 por galón sobre ese producto.
EL PROBLEMA ESTARÍA EN EL DISEÑO DEL SUBSIDIO
Barrientos no considera que el subsidio sea necesariamente el problema, más bien la forma en que fue diseñado.
El director de ICEFI aclaró que el apoyo pudo haberse aplicado directamente al consumidor utilizando el sistema de factura electrónica que ya funciona en las estaciones de servicio.
Su propuesta consiste en que el subsidio se aplique directamente en la bomba de despacho, según el tipo de combustible y la cantidad de galones adquiridos.
De esa manera, la factura electrónica ya registra el tipo de combustible, el número de galones vendidos y los impuestos correspondientes.
El sistema podría calcular automáticamente el monto del subsidio y posteriormente permitir que el Estado compense a las estaciones de servicio por los recursos entregados al consumidor.
Para Barrientos, esto habría evitado trasladar el subsidio a los importadores y habría permitido utilizar una infraestructura tecnológica que ya existe.
“Las críticas y las protestas entonces ahí empiezan a tener sentido”, expresó el director.
Congreso aprueba subsidio a combustibles: diésel y regular a Q39 y súper a Q41 por galón
LA POSIBLE ESPECULACIÓN
Barrientos también aclaró dos asuntos que, según él, se están mezclando en la discusión pública y son el subsidio y una eventual especulación de precios.
Mencionó que si existiera manipulación injustificada de los precios, el problema tendría que ser investigado como una posible conducta delictiva y no solamente como un asunto administrativo relacionado con el precio de los combustibles.
En ese sentido, recalcó que el Ministerio Público es entonces quien debería investigar cualquier posible delito de especulación.
La discusión, por tanto, no se limita a si el gobierno debe subsidiar o no. También involucra cómo se establece el precio, cómo se fiscaliza la cadena de comercialización y quién debe investigar si existen prácticas ilegales.
PROTESTAS EN MEDIO DE CRISIS POLÍTICA
Los bloqueos registrados durante los últimos días han puesto el precio de los combustibles entre las principales demandas de los sectores que manifiestan.
Para Maul, sin embargo, la magnitud de las movilizaciones no necesariamente representa una inconformidad generalizada de la población y explicó que existe una fuerte politización detrás de algunos de los movimientos.
El experto del CIEN detalló que grupos reducidos pueden generar grandes afectaciones y por esto mencionó que los bloqueos también terminan perjudicando a las personas que dicen representar.
Barrientos, por su parte, criticó que la discusión fiscal alrededor de los combustibles está perdiendo rigor técnico y adquiriendo un carácter cada vez más político.
Estos son los precios y así funcionará el nuevo subsidio a los combustibles aprobado en el Congreso
Ambos analistas coinciden hasta cierto punto en que el subsidio no puede ser visto como una solución permanente.
La diferencia está en el papel que debe asumir el Estado frente a la crisis. Maul considera que el gobierno no debería distorsionar el precio y debería concentrarse en soluciones estructurales.
Barrientos reconoce que puede existir un alivio temporal, pero considera fundamental que este sea diseñado con criterios técnicos y llegue efectivamente al consumidor.
