La advertencia se cumplió. Desde que anunciaron la manifestación, integrantes de los 48 Cantones dejaron claro que el apoyo temporal al diésel no bastaba. Este mediodía, durante la reunión con el presidente Bernardo Arévalo, volvieron a plantearlo.
La exigencia terminó por modificar la iniciativa que el mandatario presentó el lunes pasado.
Tras el encuentro, el Gobierno accedió a ampliar el beneficio a las gasolinas e incorporó ese cambio en el proyecto de decreto que será enviado al Congreso.
La nueva propuesta, a la que tuvo acceso La Hora, crea la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, un mecanismo temporal con el que el Estado compensaría el alza de los precios internacionales para mantener un techo en la venta al consumidor.
El texto establece un precio máximo de referencia de Q39 por galón para el diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior, montos que operarían como precio máximo de venta al consumidor final mientras esté vigente el apoyo.
La iniciativa también dispone que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) absorberá la diferencia cuando el precio internacional supere esos valores de referencia mediante un apoyo social temporal dirigido a los importadores autorizados. Si los precios bajan hasta igualar o quedar por debajo de esos montos, el subsidio se suspenderá.
De acuerdo con el proyecto, el mecanismo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podrá finalizar antes si se agotan los recursos disponibles o si durante 15 días consecutivos los precios internacionales descienden por debajo de los umbrales fijados para cada combustible.
Q2 mil 500 millones para mantener el diésel en Q39: así funcionaría la propuesta del Gobierno
Para financiar la medida, el Ejecutivo plantea un apoyo de hasta Q2 mil 500 millones, que provendría de ampliaciones presupuestarias, readecuaciones y el traslado de recursos contemplados en la Ley del IVA hacia el Ministerio de Energía y Minas
Según la iniciativa original los recursos serían administrados mediante el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El lunes pasado, el presidente explicó que el objetivo es reducir el impacto del incremento del combustible sobre el transporte de personas y mercancías, particularmente por su efecto en los costos de los productos de la canasta básica.
Esta iniciativa cambia con relación a la presentada en julio recién pasado, cuando el Ejecutivo, que contemplaba un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular, propuesta que no ha tenido consenso en el Congreso de la República.
LA INICIATIVA ESTABLECE LO SIGUIENTE
La iniciativa de ley define el llamado «apoyo social temporal» como el subsidio variable que el Estado pagará por cada galón de combustible, cubriendo la diferencia entre el precio real de importación y el precio más bajo que pagará el consumidor en las gasolineras, con cargo a los fondos que la propia ley asigna.
Ese precio real de importación —conocido como precio EX RACK— se calcula sumando el valor internacional del combustible, el costo del flete marítimo, los gastos de importación, el IVA y el impuesto a los derivados del petróleo (IDP); a esa suma se le resta el subsidio estatal para obtener el precio final que pagará el consumidor.
Tensa reunión entre 48 Cantones y Presidencia, deriva en ida al Congreso de grupo indígena
La normativa también precisa que solo podrán acogerse al beneficio los llamados «importadores sujetos», es decir, las empresas que ya contaban con autorización de la Dirección General de Hidrocarburos antes de la entrada en vigencia de la ley, mientras que las estaciones de servicio son definidas como los establecimientos —popularmente conocidos como gasolineras— que cuentan con instalaciones para almacenar y vender combustible a vehículos y recibir aceite usado. Finalmente, la ley establece que el consumidor final es toda persona que adquiere el combustible para su propio uso, y no para revenderlo o incorporarlo a otro proceso comercial.
Según las solicitudes planteadas por los representantes de los 48 cantones, es aprobar la iniciativa o eliminar el Impuesto a la Distribución del Petróleo.
