A través de un comunicado, la empresa Datasys Guatemala, S.A., proveedora del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), durante las elecciones 2023, denunció una persecución política por parte del Ministerio Público (MP).
En un comunicado de prensa, la empresa hace ver que la persecución de la que están siendo objeto, junto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es dirigida por la fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo Porras Argueta, ante el rechazo de ofrecimientos e injerencias impropias en el marco del contrato de transmisión de datos electorales.
Consideran que las actuaciones de la fiscal General motivó al Gobierno de Estados Unidos a prohibirle, desde el 16 de mayo de 2022, el ingreso a aquel país porque «obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala.
Señalan que esto, trajo como consecuencia su inclusión, en septiembre de 2021, en la lista de actores corruptos y antidemocráticos presentada ante el Congreso estadounidense.
PROCESO LEGAL
Además, aclaran que el 24 de enero de 2024, un juez de extinción de dominio resolvió declarar sin lugar la medida cautelar de embargo de cuentas ordenada por el MP en contra de Datasys, según consta en el acta ED.01175-2024-00006.
Expresan que en esa misma resolución, el juzgador ordenó que el TSE realizará el pago por el programa informático suministrado para la transmisión segura de los resultados electorales, por lo que denuncia que la fiscal General se ha negado a que el MP acate el fallo emitido por el juez.
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Aunado a esto, lamentan que el MP ha negado a Datasys Guatemala, S.A., el acceso a la carpeta o al expediente judicial, violentando de manera flagrante el derecho universal de defensa.
Por último, confían en que el MP retome la senda del debido proceso y de las actuaciones apegadas a la ley, una vez que Porras Argueta deje de dirigirlo, pues reconocen que esta entidad está conformada por una mayoría de funcionarios probos y respetuosos de la legalidad.
