El Ministerio Público (MP), de la Fiscal General, María Consuelo Porras, emprendió en estos meses acciones en contra del proceso electoral, evento que finalizó el pasado 31 de octubre, según estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Desde hace muchos meses, la Fiscalía dejó en segundo plano posibles hechos de corrupción que han sido señalados por la comunidad internacional, lo cual se refleja con la reciente designación que el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo de funcionarios guatemaltecos por supuestamente haber cometido acciones de “corrupción significativa”.
El pasado 12 de julio, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó sobre la investigación que se efectúa en contra del partido político Movimiento Semilla, inició de manera pública una serie de acciones que hicieron al órgano encargado de la persecución penal enfrascarse en el evento electoral.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que el exjefe del Ministerio de Gobernación (Mingob), Gendri Reyes, el extitular del Ministerio de Energía y Minas, Albeto Pimentel y el viceministro de Desarrollo Sostenible de la última cartera, Óscar Rafael Pérez, fueron designados por actos significativos de corrupción.
Los tres fueron declarados como inadmisibles para ingresar al territorio de Estados Unidos, de acuerdo con la referida nota oficial.
ACCIONES DEL MP
La FECI tramita ante el Juzgado Séptimo Penal A un expediente en el cual se detalla el supuesto uso de firmas falsas, entre otros aspectos, para la conformación del partido político Movimiento Semilla, el cual impulsó la candidatura del presidente electo, Bernardo Arévalo.
Dicha judicatura ordenó, a solicitud de la unidad que dirige el fiscal Rafael Curruchiche, la suspensión provisional de la referida agrupación.
En tendencia:
En el expediente, según dijo Curruchiche, también se encuentran otros hechos que alcanzan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los comicios. El caso se encuentra bajo reserva y ni siquiera Semilla ha tenido acceso al expediente.
Las acciones contra el partido incluyen una orden para suspenderlo de manera temporal mientras se desarrolla la investigación. La resolución emitida por el juez Fredy Orellana quedó en suspenso por un amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio a la agrupación de manera preventiva, para garantizar el desarrollo de la segunda ronda electoral, la cual se efectuó el pasado 20 de agosto.
El fallo del máximo órgano en materia constitucional indicaba que ningún partido político podía ser suspendido en su funcionamiento mientra se encontraba en desarrollo el proceso electoral, el cual se dio por finalizado el pasado 31 de octubre.
Además, el pasado 29 y 30 de septiembre, la FECI allanó la sede central del TSE y tras un allanamiento de 19 horas secuestró las actas electorales 4 y 8 originales de los comicios del 25 de junio, las cuales resguardan la pureza de las votaciones.
EL SECUESTRO DE ACTAS
El secuestro de las actas electorales generó repudio entre la población, e inició una serie de manifestaciones pacíficas en varios puntos del país. Al mismo tiempo se desarrollaron bloqueos en carreteras.
Además, el órgano encargado de la persecución penal pidió a la CC la destitución de David Napoleón Barrientos como jefe del Mingob, a quien señaló de no haber cumplido con una orden de esa instancia que indicaba que la fuerza pública debía desalojar a un grupo de manifestantes que se encontraba frente a la sede central del MP.
El ahora exfuncionario presentó su carta de renuncia al presidente, Alejandro Giammattei, el mismo día que la Fiscalía hizo dicha solicitud, y el mandatario la aceptó.
Luego de la separación de Barrientos de su cargo como jefe de la cartera del Interior, la CC ordenó al MP investigarlo por supuestamente haber desobedecido.
SIN INVESTIGACIÓN
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que supuestamente Reyes, Pimentel y Pérez habrían recibido soborno «a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos. Sus acciones corruptas socavaron el Estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala».
La Hora consultó con el MP acerca de si se desarrollan en el país investigaciones en contra de los señalados por EE. UU., pero no se tuvo una respuesta al respecto.
Indicios de corrupción que el MP deja en segundo plano pero EE. UU. no
👉 https://t.co/NCKcpyTVWt pic.twitter.com/C2m6onYp6G
— Diario La Hora (@lahoragt) November 2, 2023
RECHAZAN SEÑALAMIENTOS
El Gobierno de Guatemala rechazó «cualquier tipo de injerencia extranjera en asuntos internos y cualquier menoscabo a los derechos humanos fundamentales de los guatemaltecos», entre los cuales señaló la legítima defensa y la presunción de inocencia.
«La medida en mención no es vinculante, puesto que no existe ninguna denuncia ante el ente encargado de la investigación criminal del país contra las personas en mención», se indicó.
LO QUE NO HA INVESTIGADOS EL MP
En su cobertura, La Hora ha documentado varios hechos que el MP no ha investigado o que no se han visto avances dentro de la institución.
La investigación por lo que comúnmente se conoce como la «Alfombra Mágica» es un caso que avanzó en EE. UU., pero no en Guatemala.
El la nota «¿Alfombra Mágica: Un caso que avanzó en EE. UU. y no en GT?», de noviembre de 2022, se detalló que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de ese país, sancionó bajo la Ley Global Magnitsky a un ciudadano ruso, una ciudadana bielorrusa y tres empresas mineras por supuestamente haber cometido acciones de corrupción.
Además, el pasado 27 de octubre se publicó la nota «El caso de la Alfombra no se cerró: MP no hizo mayor gestión y nunca lo ‘aperturaron'», que detalla que la investigación por los referidos hechos nunca se inició.
El pasado 17 de septiembre, se publicó la nota «Si no hay carta ¿por qué el MP no investiga la compra de las vacunas rusas?», en la cual se explica que la Fiscalía sostiene que el caso se encuentra en desarrollo, pero el órgano encargado de la persecución penal no indica cuál es el avance que tiene.
Dicha pieza periodística también es parte de una serie de notas elaboradas por La Hora con las cuales se detalla que la Fiscal General habría elaborado y firmado una carta de renuncia, como condición para ser reelecta en el cargo, y que estaría en poder del mandatario en el caso de que se inicie una pesquisa en su contra o de Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno y su pareja.
Otro de los hechos es la investigación de lo manifestado por el «Testigo A», quien habría dicho que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, habría aportado de forma financiera a la campaña de Giammattei en 2019, cuando compitió y ganó la presidencia, a cambio de que se le permitiera estar un año más al frente de dicha cartera, con la supuesta intención de seguir dirigiendo una red de corrupción.
Ante eso, el MP dijo que sí se investiga, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, a los fiscales que conocieron el caso al inicio de su gestión.
Este Diario también ha elaborado trabajos periodísticos con respecto a las adjudicaciones de la cartera de Comunicaciones y sus posibles efectos en los votos en el Congreso de la República.
De esa cuenta, el pasado 23 de junio se publicó la nota «El recapeo de Covial: adjudicación reporta al menos Q8 millones en sobrevaloración de asfalto», en la cual se explica que la empresa individual Constructora y Distribuidora «Cohermo» fue contratada para darle mantenimiento periódico de la red vial.
A dicha entidad se le adjudicaron Q36 millones 666 mil 413 para cumplir dicha tarea. Sin embargo, dicho monto habría sido sobrevalorado por Q8 millones 443 mil 750 menos.
Un día después, el 24 de junio, La Hora publicó la nota «¿Quiénes votaron por la ampliación presupuestaria de más de Q3 mil millones para Comunicaciones?», en la cual se aborda la discusión que se desarrolló en el Congreso de la República para ampliar el presupesto de Comunicaciones por dicho monto, así como los nombres de los diputados que aprobaron esa modificación.
También el 9 de diciembre de 2022, se publicó la nota «Rednac-TP denuncia a ministro del CIV, Javier Maldonado por posibles irregularidades en adjudicaciones», en la cual se señala que se informó al MP sobre la posible comisión de delitos de corrupción en Comunicaciones, con el objetivo de que se efectuara la investigación correspondiente.
Y el 20 de septiembre pasado, se publicó la nota «Rednac-TP: MP nos ha desestimado 80% de denuncias por corrupción» un amplio margen de los señalamientos de supuesta corrupción que esa entidad ha presentado ante la Fiscalía de Porras, no ha rendido ningún resultado.
