Por Cristian Velix
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Jueces manifestaron que debe existir una coordinación de trabajo con las instituciones del Sector Justicia, entre ellas el Sistema Penitenciario (SP), tras la reactivación, de forma parcial, de las labores de los juzgados de Primera Instancia Penal, esto en medio del Estado de Calamidad que enfrenta el país debido al COVID-19.
En esa línea, la jueza Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto de Instancia Penal, indicó que no se estaban realizando audiencias en su judicatura, ya que el SP informó que no trasladarán a los detenidos.
“La naturaleza de revocar esa resolución –la suspensión de labores– y que nosotros viniéramos a trabajar, era especialmente por las personas que están guardando prisión preventiva”, añadió la juzgadora, quien también manifestó que debía haber una coordinación con la cartera de Gobernación para remitir a los reos.
A pesar de ello, Secaida comentó que sí se podrían realizar algunas audiencias, por ejemplo, si un señalado que está en libertad decide presentarse, junto a su abogado, al igual que el representante Ministerio Público (MP).
DECISIONES TIENEN QUE SER CONJUNTAS
Por su parte, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), Carlos Ruano, expresó que si el SP bajo sus instrucciones no está trasladando a los privados de libertad, ese es un motivo que conlleva que las audiencias sean suspendidas.
En ese contexto, el juzgador explicó que se tienen que haber coordinaciones de las instituciones del Sistema de Justicia a efecto de que se tomen las decisiones adecuadas y acordes a la necesidad de prestación del servicio de justicia.
“Debe ser el resultado de decisiones en conjunto para garantizar el servicio de administración de justicia y en esos casos especiales en los que no se deben vulnerar derechos o plazos constitucionales, deben ser atendidas con mucha precisión”, puntualizó el togado.
REACTIVACIÓN DE LABORES
El jueves pasado, los juzgados de Instancia Penal volvieron a sus trabajos, luego de que inicialmente se detuvieran sus actividades por las decisiones decretadas por el Organismo Ejecutivo ante la emergencia sanitaria del coronavirus.
En ese contexto, la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, dispuso que esos órganos jurisdiccionales solo pudieran atener diligencias que por mandato constitucional deben ser realizadas sin dilación alguna, entre las que se mencionó las audiencias de primera declaración, además del conocimiento y tramitación de garantías constitucionales.
No obstante, el vocero del SP, Carlos Morales, dijo que de momento no se están trasladando reos y que la medida se mantendrá hasta el 31 de marzo, una decisión tomada para evitar que un privado de libertad se enferme y que pueda entrar el mencionado virus al centro carcelario. Dicha situación imposibilita llevar a cabo audiencias.
