La presidente de la CC, Dina Ochoa. La Corte que dirige actualmente no ha presentó la denuncia al MP. Foto La Hora/CC

El Ministerio Público (MP) informó que hasta el momento no ha recibido la denuncia de la Corte de Constitucionalidad por el supuesto “hackeo” que tuvieron sus redes sociales, esto luego que desde la cuenta institucional de Twitter se interactuó en una publicación referente a un reportaje de la revista estadounidense Foreign Affairs sobre “La nueva élite del poder de América Latina”.

El jefe de prensa del MP, Juan Luis Pantaleón confirmó a La Hora que hasta las 13:25 la Oficina de Atención Permanente de la institución no ha recibido ninguna denuncia por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el hackeo en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de la institución.

Sin ahondar en detalles, Comunicación Social de la CC indicó a este medio que “se realizaron las acciones pertinentes para recuperar la cuenta de Twitter y se están haciendo esfuerzos para fortalecer la seguridad informática”; además, en un comunicado aseguró “que se tomarán las acciones legales correspondientes”.

Sin embargo, la entidad no ha presentado oficialmente la denuncia al ente investigador, a pesar de tratarse de un delito cibernético donde se utilizaron los registros informáticos de la máxima corte.

 

REMITEN DENUNCIA CONTRA ABOGADO

En caso contrario, la CC informó en mayo de 2021 que trasladará al MP y al Tribunal de Honor del (CANG) una denuncia contra el abogado Alfonso Carrillo por supuestamente estar fuera del país cuando presentó acciones legales.

De hecho, la misma institución ha sostenido en su momento que, es “deber” de la Corte poner en conocimiento a las autoridades pertinentes en situaciones similares. Tal es el caso de la denuncia que recibió por la vía procesal “amigos de la Corte” en mayo de 2021, en donde se señaló que Carrillo había accionado ante la CC pese a que pudo haber estado fuera de Guatemala cuando inició sus planteamientos.

Aunque en el referido caso la CC indicó que el único denunciante fue Oscar Fernando Scheel Morales, por medio de su cuenta de Twitter, Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) comentó que la entidad presentó una acción de “amigos de la corte”. Dicha organización es considerada de ultraderecha y ha sido querellante de casos en contra de operadores de justicia, quienes se han exiliado o permanecen privados de libertad.

 

EL HACKEO

A las 10:07 pm del sábado 03 de septiembre, la cuenta de Twitter de la CC comentó con signo de interrogación (?) en un publicación del abogado brasileño Paulo Abrão, referente a un reportaje de la revista estadounidense Foreign Affairs sobre “La nueva élite del poder de América Latina”. Una hora después, la entidad borró el comentario y aseguró que su cuenta fue hackeada por personas desconocidas.

En el reportaje de la revista se lee que en los últimos cinco años, políticos de “centro-izquierda” han ganado las presidencias en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú y que, dichos líderes, “tienen prioridades económicas y de política exterior diferentes a las de sus predecesores” y que ciertamente, “no son partidarios de las políticas económicas neoliberales que ganaron fuerza en la región en la década de 1990”.

POCA CERTEZA

Tras el supuesto hackeo, el periodista Luis Assardo comentó via Twitter que parecía que la CC prefiere decir“ que no tienen seguridad en sus cuentas”, antes que aceptar una equivocación.

Además, Assardo indicó que es “poco probable” que alguien haya «hackeado» a la CC desde un dispositivo móvil, ya que el tuit se registró desde un Android.

También recalcó que el hecho de que una institución como la Corte admita que tiene problemas de seguridad afecta la percepción de certeza.

DELITOS CIBERNÉTICOS

En La Hora Economía se ha abordado una serie de reportajes en torno a la ciberdelincuencia, donde expertos han señalado que un 90% de los ciberdelitos tiene propósitos financieros y, además, recomiendan al poder Ejecutivo promover políticas públicas de ciberdefensa para proteger a las instituciones gubernamentales, así como que el poder Judicial debe contar con el conocimiento y herramientas necesarias para judicializar los crímenes cibernéticos en Guatemala.

Uno de los casos más famosos en entidades de gobierno ocurrió en Costa Rica, donde el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, que sería el equivalente al Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, sufrió un ciberataque que incluso fue declarado como una guerra cibernética, pues no podían pagar salarios, pagar a los proveedores del Estado ni cobrar impuestos.

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