Las ganancias obtenidas por organizaciones criminales por el delito de extorsión en Guatemala, Honduras y El Salvador se estiman en US$1.1 mil millones anuales y de ese total las víctimas guatemaltecas habrían pagado hasta US$57 millones (unos Q 438.9 millones) de acuerdo con un estudio de Global Financial Integrity (GFI). Sin embargo, se teme que en el país el impacto sea mayor debido a la falta de información de las empresas, pese a que se sabe que son afectadas.
El informe presentado el 7 de septiembre pasado estuvo a cargo de Julia Yansura directora de programación para Latinoamérica y El Caribe de ese centro de investigación con sede en Washington D.C., mismo que documenta datos de personas y empresas.
Las estimaciones apuntan a que 330 mil personas en los tres países son víctimas de extorsión al año. El informe detalla un estimado financiero del costo de la extorsión en los tres países estudiados, en diferentes períodos.
En Guatemala, las extorsiones durante el 2014 representaron una cifra de US$61 millones anuales, de acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación. (InSight Crime, 2014).
Una encuesta realizada en 2018 y que cita el documento arrojó que las pérdidas por extorsión se estiman en US$33 millones (Q251,797,315). Y por último, en 2020 de US$60 millones a US$400 millones anuales, de acuerdo con un reporte de la agencia USAID en Guatemala.
En El Salvador el estimado fue de US$360 a US$756 millones anuales; mientras que, en Honduras, el rango estimado fue de US$27 a US$200 millones, en ambos países la cifra toma como referencia la mitad de la década de 2010.
COSTOS HUMANOS
Con el título “Extorsión en el Triángulo Norte de América Central: siguiendo el dinero”, el informe evaluó el valor de esta actividad ilícita para comprender mejor cómo se utilizan y se lavan los ingresos de la extorsión. También toma en cuenta si las estrategias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se utilizan de manera efectiva para combatir la extorsión.
“Los costos humanos y sociales de la extorsión superan con creces el costo financiero de estos delitos”, dijo Tom Cardamone, presidente y director ejecutivo de GFI.
Lo anterior porque “es un flagelo que causa un daño significativo a las personas, comunidades y empresas al dañar las redes sociales, limitar el crecimiento económico, socavar la fe en las instituciones y provocar deslizamientos”.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para la elaboración de este informe, GFI hizo entrevistas a profundidad con expertos del sector privado, incluidas instituciones financieras, así como gobiernos, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil.
También revisó la información disponible publicada sobre operaciones de aplicación de la ley y casos legales para identificar tendencias y tipologías.
Analizó, además, una variedad de fuentes de datos, incluidas encuestas de victimización para comprender las tendencias actuales y estimar el valor financiero de esta actividad ilícita.
EMPRESAS NO DENUNCIAN EN GUATEMALA
Julia Yansura, autora del informe comentó a La Hora que las cifras son estimaciones, tomando en cuenta que algunas de las fuentes consultadas fueron: Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización ENPEVI, Instituto Nacional de Estadística (2018); datos de casos reportados a Policía Nacional Civil, multiplicado por un coeficiente de subreportaje estimado por GFI; entrevistas anónimas con el sector financiero, y datos de Reportes de Operaciones Sospechosas brindados a GFI por IVE de la Superintendencia de Bancos (SIB) para el estudio.
También se tomaron en cuenta estudios previos sobre la cifra de extorsiones del Gobierno de Guatemala (2014), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID, por sus siglas en inglés).
“En el caso de Guatemala, las estimaciones tienen una gran debilidad y es que no existe buena información disponible sobre impactos en las empresas. Entonces, se tomaron datos de impacto en personas individuales, con datos un poco viejos e imprecisos”, comenta Yansura, quien explica que se sabe que las empresas son golpeadas por este flagelo, pero más allá de esto, se carece de datos.
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Yansura, experta en proyectos relacionados con migración, remesas y desarrollo económico, considera que ningún país es muy bueno en recopilación de datos, por lo que esto se convierte en un reto regional.
Sin embargo, destaca que en el caso de Guatemala llama la atención la escasez de cifras sobre extorsión para el sector privado. “En El Salvador y Honduras ha habido más esfuerzos para medir este impacto en el sector privado”, afirmó.
“Si se quiere combatir la extorsión, necesitamos más información sobre cuánto es, dónde ocurre y quién está afectado. Sería esencial para poder combatirlo y también para medir la efectividad de las políticas públicas”, comentó vía telefónica la experta.
PRINCIPALES HALLAZGOS
– La extorsión deriva en otros delitos financieros como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción.
– Los recursos provenientes de la extorsión terminan en las instituciones financieras, fue un consenso general de los entrevistados.
– Uno de los métodos más comunes para lavar las ganancias de la extorsión es mezclar el dinero sucio con el proveniente de negocios locales con alto flujo de transacciones en efectivo, así como abrir cuentas bancarias a nombre de terceros para intentar encubrir el origen ilícito de los ingresos y su conexión con redes criminales.
– Los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras que reportan actividades relacionadas con extorsión a las autoridades gubernamentales, sufren extorsiones y amenazas.
RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS
El estudio aporta además recomendaciones a los gobiernos de los tres países para combatir la problemática. Lo resume en los siguientes puntos.
– Apalancar la política antilavado como una herramienta clave para combatir la extorsión.
– Asegurar que las instituciones financieras tengan la información suficiente para identificar “alertas rojas” de posibles casos de extorsión.
– Implementar registros de beneficiarios finales para abordar la problemática de las empresas fachada en casos de extorsión y lavado de dinero.
– Mejorar la calidad de la información de las estadísticas oficiales de extorsión para medir la efectividad de las políticas y acciones programáticas.
– Trabajar de la mano con empresas de telecomunicaciones en la región para encontrar soluciones a los esquemas de extorsión telefónica.
– Promover la inclusión digital financiera, especialmente en el sector transporte para transitar a nuevos métodos de pago que no sean solo en efectivo, que es muy vulnerable a casos de extorsión.
– Incorporar medidas anticorrupción en todos los programas antiextorsión.
ESTUDIO LOCAL
Además, el informe sobre “Extorsiones en Guatemala” de la Asociación Diálogos, publicado en julio de 2022, contabilizó en los primeros siete meses del año un total de 9,635 extorsiones contra hombres y mujeres. Solo en julio se registraron 1,123 casos.
El departamento de Guatemala registra la mayor cantidad de casos, con 546 extorsiones mensuales, que equivale a una tasa mensual de 15.1, según datos del MP y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Respecto a los años anteriores, en 2020, se contabilizaron 13,104 casos y en el 2021 hasta 13,780 denuncias registradas.
Estos son los tres casos de supuesta corrupción en la que ha sido señalado Giammattei. 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/tKOeiLhuzt
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PNC: RESPETAN ESTUDIO, PERO NO COMPARTEN CONCLUSIONES
Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación se pregunta cuáles fueron las fuentes de información para elaborar el estudio, el cual respetan, pero “no comparten” sobre cómo se llegó a la conclusión de las cantidades de dinero reportadas.
Sostiene que los datos que poseen se basan en un trabajo conjunto de la PNC y el Ministerio Público (MP) y que las cifras de este delito se respaldan por el número de denuncias.
Expone que este año se han desarticulado 20 estructuras criminales dedicadas al sicariato y extorsión; se han capturado a 1,032 presuntos extorsionistas como resultado de los operativos implementados por el Ministerio de Gobernación a través de la PNC y la Subdirección General de Investigación Criminal.
“De las estructuras desarticuladas, 13 han sido por extorsión, se han capturado a 165 de sus presuntos integrantes. Por homicidio y extorsión han sido siete estructuras, de las cuales se reportan 118 capturas”, describe Aguilar.
En este año se ha capturado a 1,032 presuntos extorsionistas como resultado de los operativos, investigación y denuncias. Del total de personas aprehendidas, 636 son mujeres y 396 hombres. Además, 47 menores de edad remitidos y se han incautado armas de fuego, celulares y otros indicios, dio a conocer.
Aguilar resalta que parte de las acciones preventivas se enfocan en fortalecer unidades de investigación y requisas en centros carcelarios. Por el lado comunitario, a través de campañas que promueven la cultura de denuncia y facilitando números de teléfono que permitan la confidencialidad del denunciante.
A DÓNDE DENUNCIAR
– 110 PNC
– 1561 Crime Stoppers
– 1574 Anti extorsiones
New GFI report by @JYansura 👉 "Extortion in the Northern Triangle of Central America: Following the Money" sheds light on how the proceeds of extortion are used and laundered.
Read full report here👇https://t.co/XVWwlAUfen pic.twitter.com/yEFuLdZIZU
— Global Financial Integrity (@IllicitFlows) September 8, 2022
Ver cuadro P. 19 del Informe y que se encuentra en el siguiente enlace:
Extortion in the Northern Triangle of Central America: Following the Money “Global Financial Integrity” gfintegrity.org.
