De crisis, profunda preocupación y hundimiento del barco de la democracia son parte de los calificativos que dos altas representantes de organizaciones regionales vinculadas con la defensa de los derechos humanos y la promoción del Estado de derecho en América Latina, analizan ante el escenario por la designación del Fiscal General en Guatemala, que está por decidirse y en donde según fuentes extraoficiales, el presidente Alejandro Giammattei, estaría por reelegir a Consuelo Porras para el próximo periodo.
En este contexto, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización que promueve los derechos humanos en las Américas; y Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLf, por sus siglas en inglés), con sede en Washington y con incidencia en América Latina.
Ambas externaron sus puntos de vista sobre la criminalización contra los operadores de justicia en Guatemala, la situación del Estado de Derecho y la democracia, y los espacios cooptados por redes ilícitas desde la sociedad civil; análisis que se aborda además desde sus respectivos sitios oficiales, el cual compartimos a continuación.
ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL
Jiménez Sandoval sostiene que la sociedad civil nacional e internacional está profundamente preocupada por el proceso de selección del nuevo fiscal general. “De ser reelecta Consuelo Porras estaríamos frente a un mayor hundimiento del barco de la democracia”, afirma.
Lamenta que el proceso de selección del próximo fiscal general, lejos de responder a criterios estrictos de méritos y cualidades necesarias para optar a esta importante posición, sea una cuestión meramente política.
Además, que el mayor reflejo de esto es que varios de los candidatos en la lista han sido señalados como no aptos para el cargo, algunos por ser investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como Luis Donado y Elías Wilson, o por corrupción, incluida Porras, sancionada por los Estados Unidos.
Por su parte, Indacochea considera que el proceso de elección de fiscal general en Guatemala es el mejor ejemplo de una simulación, esto porque desde su inicio pudo observarse cómo el proceso estuvo rodeado por una serie de actos, muchos de ellos implementados desde el propio Ministerio Público (MP), a cargo de Porras, destinados a coaccionar y manipular al ente elector y eliminar la competencia de personas integras y con las calificaciones adecuadas.
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Manifiesta que lo anterior se explica por la renuncia de algunos miembros de la Comisión Postuladora y la criminalización de otros; el uso de mecanismos jurídicos como el amparo para evitar la postulación de jueces de mayor riesgo, “y peor aún, para obligar a la postuladora a incluir en la nómina a la actual fiscal general, muestran una actuación concertada de varios actores, con esos objetivos”, opina.
Para la experta en independencia judicial, en ningún sistema de evaluación por méritos, una persona que ha desmantelado los logros de su institución y que utiliza los recursos del Estado para perseguir a sus enemigos (o los de su círculo cercano) en vez de atender la criminalidad de mayor impacto social, puede ser la mejor calificada. ¿Cómo puede ser la mejor fiscal general alguien que siente un desprecio total por el debido proceso?, cuestiona.
DEMOCRACIA FRÁGIL
La presidenta de WOLA para América Latina condena, además, la criminalización contra los operadores de justicia en Guatemala, al recordar que han sido testigos de cómo en los últimos años se ha agudizado la persecución y ataques contra los operadores independientes que han tenido que salir del país (al menos 23 en el exilio).
Considera que es una realidad con implicaciones serias para la democracia “porque impacta negativamente en la independencia judicial y pone en riesgo cualquier avance de los casos anticorrupción y de justicia transicional”, explica.
“Preocupa la fragilidad generalizada de la democracia en Guatemala. Más allá del MP, hay una crisis grave en todo el sistema de justicia; por más de dos años el Congreso no ha elegido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo”.
Para Jiménez Sandoval esta es una situación alarmante, puesto que muestra que el país opera fuera de un verdadero Estado de Derecho, además de registrar ataques continuos contra defensores de los derechos humanos y periodistas.
Además, expone que el sistema de frenos y contrapesos soñado desde el período postconflicto quedó sepultado, porque la mayoría de las instituciones responden a los lineamientos de un gobierno claramente intolerable a la crítica, a las investigaciones independientes, a los avances en la lucha anticorrupción y a la sociedad civil en general.
“Preocupa que aparte de exiliar a la justicia, el gobierno guatemalteco quiera exiliar a la democracia como un todo”, agrega.
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEMOCRÁTICO
Por su parte, Indacochea opina que la crisis del sistema de justicia en Guatemala es profunda y grave, al punto que la podría calificar como “una alteración del orden democrático, en los términos de la Carta Democrática Interamericana”, un instrumento internacional vinculante para el Estado de Guatemala.
Asimismo, observa que se utilizan mecanismos jurídicos tales como denuncias penales, amparos, procedimientos de antejuicio para darle una apariencia de legalidad a una serie de negocios corruptos para defraudar el interés público.
“Nada de eso para desapercibido para la comunidad internacional, que vemos claramente lo que sucede en el país; sin embargo, la experiencia demuestra que tarde o temprano, estas personas pierden su poder y deberán asumir sus responsabilidades”, sobre lo cual cita el caso de la cúpula de poder durante la dictadura de Alberto Fujimori en Perú, en la que hoy todos ellos guardan prisión, incluso la entonces fiscal general del régimen, Blanca Nélida Colán.
SEÑALAN REDES ILÍCITAS
Un reflejo de esta crisis es cómo las redes ilícitas en Guatemala han logrado adaptarse, e incluso ocupar espacios dentro de la sociedad civil.
“Es preocupante porque el espacio y la participación ciudadana son una herramienta poderosa para evitar que desde el poder se manipule el discurso de la lucha contra la corrupción, en cambio se le utiliza para perseguir a enemigos políticos y a todo aquel que pueda significar un obstáculo para negocios ilícitos”, explica.
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De manera que los actores ilícitos crean sus propias organizaciones civiles, e incluso asociaciones de magistrados y jueces, para operar desde los espacios cívicos, en los que no están sujetos al mismo régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos. “Por supuesto, puede investigarse y al comprobarse los vínculos, aplicarse sanciones”, concluye la experta.
