De momento, la respuesta a la violencia en la región fue el despliegue de más elementos de seguridad. Foto La Hora/Johan Ordóñez/AFP

La Finca El Alto, un terreno de 24 caballerías que colinda entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, es el origen de la disputa histórica entre ambas comunidades y que provocó un hecho de violencia el pasado viernes en el cual fallecieron 13 personas, entre ellos menores de edad y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades ancestrales de Santa Catarina dicen que poseen el título de propiedad comunal de este terreno y demandan al Estado y a sus vecinos respeto por esta porción de tierra.

Al parecer, fue inscrita en el Registro de la Propiedad en el año de 1923. Los títulos de propiedad, que datan de 1777, son resguardados por los pobladores de Santa Catarina. Solamente las autoridades indígenas del pueblo pueden acceder a ellos, de acuerdo con un artículo de Prensa Comunitaria.

 

Pero “Nahualá está por encima de esta finca”, objeta Manuel Cotiy Tzaj, de la alcaldía indígena de ese municipio, aunque reconoce que varias familias de Santa Catarina son las dueñas de esa finca, es decir, es un bien comunitario.

En octubre de 2020, la Comisión Negociadora de Alto Nivel, que preside el vicepresidente Guillermo Castillo, inició un estudio agrológico y de medición en esta finca, con el fin de resolver el conflicto medular entre ambas comunidades.

Incluso se instaló una mesa técnica para abordar el conflicto y buscar soluciones. Foto: Mingob

En agosto de este año, el presidente Alejandro Giammattei se involucró en el proceso y en su oportunidad aseguró que abordó el tema con pobladores del lugar por la “falta de atención” de otros funcionarios.

Los resultados de este estudio no se conocen, pero a decir de las autoridades ancestrales, tanto de Santa Catarina como de Nahualá, parte de la no solución de este conflicto se origina ante la falta de un dictamen que defina claramente los linderos.

SANTA CATARINA PIDE INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Rolando Tipaz, miembro de la alcaldía indígena de Santa Catarina Ixtahuacán, expresó que esta es una situación lamentable, inimaginable, no se sienten tranquilos ni con buen ánimo. Por lo que repudió el actuar de los vecinos nahualenses.

“Como alcaldía indígena pedimos al presidente Giammattei y a las autoridades responsables que pongan fin a este conflicto. Que se pongan en el lugar de las familias enlutadas”, dijo.

Para Tipaz, está visto que los acuerdos en la mesa no se van a dar porque detrás hay cuestiones políticas, por lo que no se logra una solución al conflicto. De manera que, si el diálogo está agotado, las autoridades deberían accionar y buscar otras alternativas.

La presencia de la PNC aumentó en las últimas horas tras los crímenes. Foto La Hora/Johan Ordoñez/AFP

URGE DICTAMEN DEL GOBIERNO

Por su parte, Manuel Cotiy Tzaj, miembro de la alcaldía indígena de Nahualá, relató que el conflicto surge desde la creación del municipio de Nahualá (1884), el cual se conformó después de Santa Catarina.

Sobre este conflicto reconoce que los dos pueblos están sufriendo. La postura de su comunidad es de respetar los acuerdos y no exigir territorio. “Los que empezaron los ataques fueron los de Santa Catarina en 1999”, afirma.

Ante la falta de no lograr acuerdos, comentó que tanto el gobierno central como los alcaldes no tienen voluntad de solucionar el problema. Por eso en estos días han contemplado retirar la inmunidad al alcalde municipal. “Aunque los pobladores también somos responsables”, admitió.

 

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