En octubre de 2021, un grupo de exmilitares ingresó por la fuerza al Congreso. En la fotografía uno de ellos porta un escudo de los agentes antidisturbios. Foto La Hora/José Orozco

A pesar de que no hubo investigación por el incendio ocasionado por veteranos del Ejército en octubre pasado, el oficialismo y sus aliados dieron dictamen favorable a la iniciativa de “Ley Temporal de Desarrollo” con el propósito de beneficiar hasta 120 mil exmilitares para que reciban Q36 mil cada uno. Esto equivale a Q4 mil 320 millones provenientes de los impuestos, con la justificación de cumplir con un programa de reforestación.

Dicha iniciativa fue presentada el pasado 5 de mayo por los diputados José Armando Ubico Aguilar, del bloque Todos y el militar retirado Hérber Armando Melgar Padilla, del Frente De Convergencia Nacional (FCN-Nación), y que fue conocida por el pleno el 10 de mayo.

Además, respondería a una promesa de campaña del presidente Alejandro Giammattei.

DETALLES DE LA INICIATIVA

Según los motivos de la iniciativa, durante el enfrentamiento armado interno en el periodo de 1960 a 1996 muchos guatemaltecos prestaron servicio militar para defender la institucionalidad.

“Es necesario que el Estado de Guatemala reconozca el servicio militar prestado por el personal de tropa durante el enfrentamiento armado interno. De esa cuenta, resulta necesario establecer medidas que coadyuven a elevar la calidad de vida de las personas que prestaron Servicio Militar durante el enfrentamiento armado interno, procurando la mejora en la calidad de vida”, indica el escrito de la iniciativa.

Por consiguiente, propusieron la implementación de programas que dignifiquen a este sector de la sociedad que sirvió a la patria y al mismo tiempo sean de “beneficio” para el país.

CREACIÓN DE PROGRAMA PARA OBTENER EL BENEFICIO

Para hacer efectivo el pago mensual, los exmilitares debe formar parte de un supuesto “Programa de Desarrollo Integral”, que consiste en trabajos de reforestación, protección y/o conservación de bosque para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en tierras estatales; limpieza para la conservación, protecci6n y mantenimiento ambiental, clasificación de desechos y reciclaje, entre otras actividades.

Así mismo, delega al Ministerio de la Defensa Nacional elaborar los listados de beneficiarios del programa, para posteriormente entregar certificados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Agrega que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estará a cargo de los programas ambientales, así mismo, verificará e informará al Ministerio de Desarrollo Social el cumplimiento del Servicio por los beneficiarios, de conformidad con el reglamento que deberá emitirse.

Los exmilitares han tomado medidas de hecho, por ejemplo, incendiar vehículos en un parqueo del Congreso. Foto La Hora/Johan Ordoñéz/AFP

Asimismo, que el Mides será el responsable de la liquidación del programa haciendo efectivo los pagos, de conformidad con los informes trasladados por el MARN.

También describe que cada beneficiario recibirá Q1 un mil durante un período de 36 meses, tiempo durante el cual supuestamente deberá cumplir con las tareas asignadas.

SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Aunque el programa contempla una erogación de Q4.3 mil millones, para ser distribuidos a unos 120 mil beneficiarios, en la iniciativa de ley que ya cuenta con dictamen favorable, no se precisa la fuente de financiamiento. Solo señala que corresponderá al Ministerio de Finanzas Públicas efectuar las adecuaciones para gestionar los recursos.

 

Además, detalla que el pago a los exmilitares no estará sujeta a ningún descuento o imposición de gravamen. Asimismo, que el monto destinado podrá ser transferido únicamente al cónyuge del beneficio al fallecer y que en vida hubiera sido inscrito.

A manera de fiscalización, señala que la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, instancia que emitió el dictamen favorable, recibirá un informe semestral de los pagos y trabajos efectuados por los exmilitares.

PROMESA DE GIAMMATTEI

La Hora publicó el pasado 19 de octubre la nota “Diputada publica momento en el que Giammattei se comprometió con ex militares”, en donde se recordó como el entonces candidato presidencial había prometido que gestionaría los recursos para los exmilitares.

El ofrecimiento del pago de un resarcimiento para ex militares fue una promesa de campaña que hizo el presidente Giammattei y que fue recordado por la diputada Samantha Figueroa a través de una publicación en su cuenta de Twitter, en la que responsabilizó al mandatario del “asalto” al Congreso ocurrido ese día.

La congresista utilizó un video en el que se observa al mandatario haciendo el ofrecimiento de pago, esta acción fue calificada por Figueroa como una de las promesas que no ha podido cumplir.

 

“Estas son las razones de las manifestaciones, otra de tantas promesas sin cumplir, esperamos que después de estos hechos de violencia existan capturas de los responsables de los daños al @CongresoGuate y sobre todo por el peligro que muchos trabajadores tuvieron que vivir”, expresó la legisladora en Twitter.

Las declaraciones del gobernante se produjeron en el marco de manifestaciones y bloqueos por ex militares, Giammattei dijo que el Estado no tiene la capacidad y que falta una ley para atender la demanda de cientos de militares retirados.

“Yo no puedo pagar si no hay una ley, lo que yo dije era que íbamos a apoyarla y la hemos apoyado, no en los volúmenes que quieren porque es imposible para el Estado”, expresó el mandatario.

Los exmilitares ingresaron por la fuerza en ocasión al Congreso exigiendo la aprobación de la normativa que daría fondos para que ellos reciban una compensación. Foto La Hora/AFP
QUEZADA: NO PUEDEN INDEMNIZAR ALGO QUE RENUMERARON

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) expresó que no hay un cauce legal para pagar a los exmilitares, ya que constitucionalmente no puede indemnizar a los que estuvieron brindando un servicio remunerado en el Ejército.

 

“Están tratando de reconvertir esta situación en un pago, pero que en el fondo resulta siendo lo mismo: Están utilizando un argumento de otra naturaleza legal para encuadrar el tema”, indicó.

En ese sentido, apuntó: “Esto es como imitar lo que hubo en el tema de los expatrulleros civiles que les dieron reforestación, están analogando lo mismo, probablemente por la edad muchos ya han fallecido, además no hay ni registro es muy fácil que cualquier persona diga que prestó servicio, pero no tiene constancia y se vuelve un número inmanejable”.

Francisco Quezada del CIEN se refirió al tema en una entrevista con La Hora. Foto La Hora/Emisoras Unidas
MACK: EL PROPÓSITO DE LA INICIATIVA ES BUENA

Luis Mack, analista político independiente expresó que el propósito de la iniciativa es bueno, ya que tienen derecho a recibir un beneficio del Estado porque trabajaron a su servicio.

“Es una promesa que dio el presidente Giammattei desde que estuvo en campaña y ha tenido casi tres años para cumplir y que casualidad que en año preelectoral lo hacen y es donde uno sospecha que esto tiene otros fines”, explicó Mack.

En ese contexto, explicó que en Guatemala el problema es que el tema del presupuesto ya que no alcanza.

“Aquí hay muchos más problemas que dinero”, y a pesar que es una buena idea toda la operativización y la lógica de donde se va a sacar el dinero es donde se ve que realmente estará la dificultad, apuntó.

 

“Parece un ofrecimiento de nuevo que al final de cuentas no se va a poder cumplir pero mientras se averigua cumple con el objetivo de generar apoyo político, es una estrategia un poco perversa” , resaltó el analista.

GOBIERNO EJECUTA DINERO SIN CONTROL

La Hora publicó el jueves 16 de junio la nota “Ahora dicen que los Q3 mil millones de “obra” son por la Guerra”, en la cual explica como el presidente Alejandro Giammattei en el “Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania”, el cual tiene un costo total de “Q6,742 millones”, incluyó los Q3.1 mil millones de infraestructura que aprobó el Congreso de la República el 15 de marzo según Decreto No. 21-2022, sobre el que pesan señalamientos de opacidad.

Según el Decreto la millonaria asignación está a cargo de cuatro unidades ejecutoras: la Dirección General de Caminos (DGC), con Q1 mil 286 millones 809 mil 853.90; la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), con Q1 mil 748 millones 670 mil 146.10; la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), con Q120 millones y el Fondo Social de Solidaridad (FSS) con Q35 millones 762 mil 500.

En ese contexto, varios analistas opinaron al respecto, Paúl Botero, de la Fundación Libertad y Desarrollo expresó “la lectura que uno le puede dar es que muchos de esos Q3 mil millones son una carta blanca para el gasto sin mayor tipo de fiscalización y sin un destino para las inversiones estratégicas que necesita con urgencia el país en tema de infraestructura”.

En varias ocasiones los exmilitares han exigido al Congreso la aprobación de la compensación. Foto La Hora

Asimismo, Ricardo Rodríguez, de Central American Business Intelligence (CABI) consideró que “en papel es un plan bastante atinado, una respuesta adecuada a la coyuntura que estamos viviendo. Ahora, cuando entramos en pormenores en el tema, es preocupante, tomando en cuenta que es año preelectoral, cualquier disponibilidad de recursos que no son del todo fiscalizables que pudieran irse para temas electorales.

EXMILITARES QUEMAN EL CONGRESO

La Hora publicó el 19 de octubre de 2021 la nota Exmilitares causan destrozos y pánico; queman carros en el Congreso”, en donde dio a conocer que varios integrantes de diversas organizaciones habían causado daños en dicho edificio.

En dicha publicación se consignó “Este martes exmilitares acordonaron los alrededores del Congreso de la República para exigir el pago de un resarcimiento de Q120 mil para los veteranos por sus servicios prestados en el conflicto armado interno. Después de las 14 horas ingresaron por la fuerza al Palacio Legislativo y quemaron vehículos estacionados dentro de las instalaciones”.

QUEMAN VEHÍCULO EN EL INTERIOR DEL CONGRESO

Asimismo, que los exmilitares ingresaron a las instalaciones del Congreso por el área del parqueo ubicado en la 10ma. calle y 8va. avenida de la zona 1, en cuya área quemaron varios vehículos que se encontraban estacionados.

Esto se puede observar en un video que publicó el diputado Aldo Dávila, en el cual se ve a un manifestante preparando artefactos para prenderle fuego.

OTROS PROGRAMAS:

Años atrás se han dado otros programas similares, como uno aprobado a finales del gobierno de Alfonso Portillo y que se finalizó en el 2006, en donde más 540 mil ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil se aprobó que recibieran Q5,241.60, divididos en tres pagos. La administración anterior efectuó el primero por Q1,747.20.

Los expatrulleros acordaron recibir el segundo y tercer pago en compensación por capacitación y siembra de árboles.

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