El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado a las autoridades municipales a evitar acciones que obstaculicen proyectos estratégicos para Guatemala y advirtió que la autonomía municipal no puede convertirse en un mecanismo que frene el desarrollo nacional.
El mandatario recordó que la autonomía municipal es un principio consagrado en la Constitución Política de la República y, por lo tanto, establece límites claros sobre las competencias de cada institución del Estado.
El mandatario emitió su opinión durante La Ronda, dónde La Hora le consultó respecto al mensaje que da a los inversionistas que proyectos energéticos que cuentan con autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas, así como el de Ambiente y Recursos Naturales han sido retenidos y retrasados por acciones municipales y qué acciones podría tomar el Organismo Ejecutivo para garantizar la certeza jurídica y evitar que la autonomía municipal se convierta en un obstáculo para desarrollar proyectos estratégicos en el país.
«No puede intervenir directamente ante un gobierno municipal en estos temas, porque la autonomía municipal es una norma constitucional; sin embargo, consideró que sería «inconcebible» que las administraciones municipales adopten posturas de oposición a proyectos considerados necesarios para el desarrollo económico y social del país».
LLAMA A LA COLABORACIÓN
Arévalo exhortó a las autoridades locales a dejar de lado posiciones que dificulten la ejecución de inversiones y a privilegiar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
«Hacemos un llamado a todas las autoridades municipales del país a que depongan cualquier tipo de actitud que sea contraria a este proceso de armonización y de colaboración conjunta para el desarrollo», afirmó.
El presidente también dejó abierta la posibilidad de recurrir a mecanismos constitucionales para delimitar el alcance de la autonomía municipal cuando esta se ejerza de manera que afecte intereses nacionales.
Según explicó, en determinados casos podría ser necesario consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC).
«Habrá que hacer las consultas a la Corte de Constitucionalidad para determinar hasta qué punto, cuando una autonomía es ejercida de manera negativa, procede realizar determinadas acciones», indicó.
En contexto, dos inversiones energéticas en Jutiapa, una de ellas por USD 57 millones, acumulan retrasos o permanecen suspendidas pese a contar con autorizaciones técnicas, ambientales y regulatorias, según se explica en la nota titulada como: «Dos proyectos solares con permisos nacionales siguen detenidos por decisiones municipales en Jutiapa».
Foto La Hora
CALIFICACIÓN ES PRIMORDIAL
Arévalo descartó que esta situación impacta, por ahora, la percepción internacional sobre Guatemala y aseguró que el país mantiene indicadores económicos positivos.
El mandatario destacó que las agencias calificadoras han reconocido avances en la economía guatemalteca y subrayó que Guatemala figura entre los países con mayor crecimiento económico del hemisferio, pese a un contexto internacional marcado por desaceleración económica y conflictos geopolíticos.
«Tenemos uno de los mayores niveles de crecimiento económico en el hemisferio en un contexto de recesión y de guerra a nivel mundial. Eso es notable y esperamos que se mantenga», sostuvo.
CACIF TAMBIÉN SE UNE A LLAMADO
Por su parte, el presidente de Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Carlos Arias, aseguró a La Hora que esta clase de comportamientos se repite en distintos sectores productivos, especialmente en infraestructura, energía y construcción, donde algunos alcaldes modifican requisitos, condicionan permisos o solicitan pagos que no están contemplados en la ley.
Según indicó, esta situación pone en riesgo cientos de millones de dólares en inversiones y envía señales contradictorias en momentos en que Guatemala busca alcanzar el grado de inversión.
Además, sostuvo que el fortalecimiento institucional pasa por hacer cumplir la ley y evitar que una interpretación discrecional de la autonomía municipal termine afectando el desarrollo económico del país.
«El riesgo es que la falta de certeza jurídica en el país nos lleve a ahuyentar inversión, en lugar de atraerla», afirmó.
Arias señaló que los proyectos energéticos son especialmente sensibles debido a la magnitud de sus inversiones y estimó que las inversiones comprometidas podrían ascender a cientos de millones de dólares.
Además, instó a las autoridades a investigar los casos denunciados y reiteró que el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la ley son condiciones indispensables para que Guatemala pueda avanzar hacia el grado de inversión y consolidar su crecimiento económico.
