Dos inversiones energéticas en Jutiapa, una de ellas por USD 57 millones, acumulan retrasos o permanecen suspendidas pese a contar con autorizaciones técnicas, ambientales y regulatorias. Los casos surgen después de que la CNEE denunciara que algunos alcaldes obstaculizan proyectos estratégicos mediante decisiones locales.
Se trata de Ecogeneración S.A., Granja Solar San Gabriel 1, en San José Acatempa, y del proyecto Solar Santo Tomás, en Jalpatagua. Ambos completaron procesos regulatorios ante entidades nacionales y obtuvieron autorizaciones técnicas y ambientales; sin embargo, continúan enfrentando barreras a nivel municipal que han retrasado o detenido su ejecución.
Los casos cobran relevancia luego de que la directora de la CNEE, Claudia Marcela Peláez, afirmara en el Congreso que algunos alcaldes han recurrido a la cancelación de permisos o a decisiones políticas locales para impedir el avance de proyectos energéticos, situación que, según la funcionaria, se ha convertido en uno de los principales factores de incertidumbre para la inversión en el país.
Mientras una de las iniciativas fue suspendida por decisión del concejo municipal de San José Acatempa, la otra acumula meses de retraso porque la empresa desarrolladora aún no logra obtener la licencia municipal de construcción, pese a haber cumplido los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades nacionales.
La situación también se produce en un contexto en el que la suspensión temporal de la carretera privada Xochi, en Suchitepéquez, abrió recientemente un debate sobre los alcances de la autonomía municipal y el impacto que determinadas decisiones locales pueden tener sobre proyectos considerados estratégicos para el desarrollo del país.
PRIMER CASO
El caso Ecogeneración S.A. Granja Solar San Gabriel 1, es un proyecto ubicado en San José Acatempa, Jutiapa.
La iniciativa recibió autorización de la CNEE en noviembre de 2024 para conectarse a la red de distribución eléctrica y contempla una central fotovoltaica con capacidad para producir hasta cinco mil kilovatios mediante la instalación de 9 mil 780 paneles solares.
La autorización emitida por la CNEE refiere: «por medio de la presente resolución se permite operar únicamente como generador distribuido renovable. Asimismo, Deorsa, podrá realizar la verificación de las instalaciones que son autorizadas, previo a la conexión a la red de distribución y durante el periodo de operación del proyecto».
También refiere que la energía a ser consumida deberá corresponder únicamente a los consumos propios asociados a la operación del referido proyecto y no autoriza ningún otro tipo de conexión adicional a las instalaciones autorizadas mediante dicha resolución, lo cual lo establece el punto sexto de la resolución CNEE-276-2024.
En dicha autorización se indica que Econogeneración, S.A. es responsable de la calidad, confiabilidad y exactitud de la ingeniería, fabricación, construcción, montaje, operación y mantenimiento de las instalaciones que mediante la presente resolución se autorizan a conectar a la red de distribución, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, los bienes y la calidad del servicio.
No obstante, el 3 de septiembre de 2025, el concejo municipal de San José Acatempa acordó suspender la construcción del proyecto.
Entre los argumentos expuestos por las autoridades municipales se encuentra la necesidad de realizar una socialización adicional con las comunidades y cuestionamientos sobre la ubicación territorial consignada en las licencias emitidas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La energía generada ya es parte del suministro de la red de Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deorsa). Según la CNEE, transcurrido un año de operaciones, Deorsa deberá realizar la actualización de los montos asociados a las pérdidas derivadas de la conexión, costos que no podrán trasladarse a la tarifa que pagan los usuarios finales.
La Hora intentó obtener la postura del alcalde Walfred Castillo, del partido Cabal, pero no obtuvo respuesta. Al tener su respuesta, se consignará en este espacio.
Personas familiarizadas con el proyecto aseguraron que las autoridades municipales “se inventaron límites entre municipios para generar confusión” y así frenar la construcción de la obra.
Entre los argumentos que mencionó el concejo fue es que se debe hacer una «socialización del proyecto y aprobación por las partes de la comunidad» durante cinco días como plazo.
Además, se señaló que las licencias que emitieron los ministerio de Energía y Minas y el de Ambiente y Recursos Naturales, no ubican a la planta en dicho municipio, sino en otro, por lo que no se puede dar trámite.
La CNEE ha señalado que la electrificación rural ha sido detenida por decisiones arbitrarias de alcaldes, bajo el argumento de la autonomía municipal, pero los proyectos cuentan con los estudios para que se concreten, por lo que atrasa el servicio en los departamentos como el desarrollo y bienestar de la población.
PROYECTO SOLAR SANTO TOMÁS
El segundo caso corresponde al proyecto Solar Santo Tomás, en Jalpatagua, también en Jutiapa e impulsado por CMI Capital.
La empresa sostiene que este caso no es un hecho aislado, sino una muestra de un problema más amplio que comienza a afectar la ejecución de proyectos estratégicos en Guatemala.
María Fernanda Esquivel, directora legal de Energía de CMI Capital, explicó que la iniciativa atravesó durante varios años todos los procesos regulatorios exigidos por la legislación guatemalteca, incluyendo las autorizaciones técnicas, ambientales y legales necesarias para su desarrollo.
La ejecutiva recordó que el proyecto fue adjudicado dentro de los mecanismos establecidos por el sector eléctrico y avanzó en todos los procesos regulatorios nacionales; sin embargo, pese a ello, la empresa continúa sin obtener la licencia municipal de construcción.
“A pesar de haber cumplido cada uno de los requisitos técnicos, ambientales y legales que establece la normativa guatemalteca, no nos ha sido posible obtener una licencia de construcción”, afirmó.
Según Esquivel, la compañía desarrolló procesos de socialización transparentes con las comunidades de influencia y realizó acercamientos adicionales con autoridades locales y Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), incluso más allá de lo exigido por la ley.
No obstante, aseguró que comenzaron a surgir requerimientos adicionales que excedían las disposiciones establecidas en la normativa municipal.
“Fuimos más allá de lo que la ley requiere, realizamos reuniones y talleres adicionales, pero la negativa para otorgar la licencia de construcción fue absoluta”, señaló.
Ante esta situación, la empresa agotó los recursos administrativos disponibles y posteriormente acudió a la vía contencioso administrativa.
Sin embargo, una resolución reciente respaldó la postura municipal bajo el argumento de la autonomía local, por lo que ahora, la compañía, prepara recursos de aclaración para continuar el proceso legal.
Esquivel reconoció que ha existido acompañamiento institucional por parte del Gobierno central; no obstante, considera que este resulta insuficiente.
“A pesar de la rectoría que tienen el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, hay momentos en los que la autonomía municipal pareciera difícil de superar”, indicó.
La compañía también informó que activó un procedimiento de fuerza mayor ante las distribuidoras eléctricas con las que mantiene compromisos contractuales, una figura que ya fue reconocida y que aplica cuando circunstancias ajenas al control del desarrollador impiden cumplir los plazos establecidos.
Actualmente, el proyecto acumula alrededor de seis meses de retraso en su cronograma.
DATOS DEL PROYECTO
El proyecto solar, Santo Tomas representa una inversión de USD 57 millones y contempla una capacidad instalada de 100 megavatios, una potencia de 75.3 MW, la instalación de más de 255 mil paneles solares, una línea de transmisión de 0.85 kilómetros a 230 kilovoltios y la construcción de 4.3 kilómetros de caminos internos, infraestructura que forma parte de la expansión del sistema eléctrico nacional.
El proyecto renovable fue una de las obras adjudicadas para la expansión del sistema eléctrico (PEG-4).
El proyecto Solar Santo Tomás tenía como fecha límite regulatoria original el 30 de diciembre de 2025; sin embargo, su cronograma fue modificado tras una ampliación de plazo aprobada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
Mediante la resolución CNEE-255-2025, la entidad autorizó una extensión solicitada.
La PEG-4 contempla la incorporación progresiva de nuevas centrales solares entre 2026 y 2028.
Solar Santo Tomás acumula más de cinco años de gestiones regulatorias.
La iniciativa ingresó su estudio de impacto ambiental en octubre de 2020, fue adjudicada en la PEG-4 en agosto de 2023 y, hasta la fecha, ya cuenta con autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y el Ente Operador Regional (EOR).
La licencia de construcción municipal es el principal permiso pendiente.
La Hora se comunicó con el alcalde de Jalpatagua, Armando Vásquez; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no fue posible contactarlo. Al tener su versión, se consignará en este mismo espacio.
Respecto de los casos citados, La Hora consultó a los ministerios de Energía y Minas (MEM), así como al de Ambiente y Recursos Naturales. El MEM indicó que trasladaría la consulta. Al tener la versión de ambos ministerios se consignarán las respuestas.
IMPACTO A LA CERTEZA JURÍDICA
La empresa advirtió que este tipo de situaciones envían un mensaje negativo a los inversionistas y contradicen los esfuerzos del país por mejorar su calificación de riesgo y alcanzar el grado de inversión.
“Lo que más necesita Guatemala es mejorar su calificación de riesgo y una parte importante de esa evaluación depende de la seguridad jurídica y de la certeza que perciben los inversionistas”, señaló la ejecutiva.
Asimismo, recordó que los proyectos energéticos requieren años de planificación, múltiples autorizaciones y fuertes inversiones antes de entrar en operación, por lo que la discrecionalidad en las decisiones locales puede convertirse en un obstáculo significativo para el desarrollo nacional.
“Guatemala enfrenta un problema de certeza jurídica que está desincentivando la inversión productiva en el interior del país y ese es un costo que al final terminan pagando los guatemaltecos”, concluyó.
La ejecutiva añadió que la afectación no solo recae sobre las empresas, sino también sobre la planificación energética nacional y los usuarios finales, quienes dejan de recibir la energía proyectada en el tiempo, calidad y precio previstos dentro de las licitaciones del sector.
