La suspensión temporal de la licencia de construcción de la carretera privada Xochi, en Suchitepéquez, por parte del alcalde de Mazatenango, Carlos Villagrán, del partido Vamos, reavivó el debate sobre el impacto de las decisiones municipales en la certeza jurídica y las inversiones privadas.
En ese contexto, durante una reunión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Claudia Marcela Peláez, aseguró que algunos alcaldes han frenado proyectos energéticos mediante decisiones políticas y exigencias de pagos no regulados (ilegales), situación que, según afirmó, ha obstaculizado el desarrollo de infraestructura eléctrica en el país.
Las declaraciones de Peláez sorprendieron a los diputados presentes, quienes guardaron silencio y se veían entre sí, mientras la funcionaria señalaba que el principal obstáculo para la expansión de proyectos de transmisión y generación eléctrica no es técnico ni regulatorio. En la mesa participaron legisladores de bancadas mayoritarias como Vamos, Valor y Visión con Valores (Viva), entre otros.
La directora de la CNEE indicó que varios proyectos de generación han cumplido con todos los requisitos técnicos y ambientales, pero terminan siendo modificados o trasladados porque las autoridades municipales condicionan su avance a beneficios ajenos a los mecanismos legales establecidos.
Agregó que hay empresas que desarrollaron proyectos de transmisión, obtuvieron las licencias municipales y posteriormente estas fueron canceladas por decisiones políticas. Como consecuencia, Guatemala enfrenta demandas internacionales por más de 400 millones.
Peláez solicitó la palabra para pronunciarse respecto a la problemática en proyectos de electrificación rural diciendo: «el problema que ha frenado el desarrollo de transmisión y de generación, no es técnico ni regulatorio… «es un tema que la verdad nadie se atreve a decirlo claramente».
«El privado ya no puede contener un riesgo tan grande como la corrupción. Mientras ese tema no se aborde de fondo, podemos tener 200 reuniones y 200 licitaciones, pero el problema seguirá sin resolverse», expresó.
Peláez también cuestionó lo que calificó como una «autonomía municipal mal entendida», al considerar que algunos alcaldes actúan con discrecionalidad para anular permisos previamente otorgados, pese a que los proyectos ya cuentan con las autorizaciones correspondientes. Sobre esto apeló al poder de los congresistas de cambiar la realidad.
«Al final un señor alcalde decide que no, cuando todo está autorizado. Ese es el problema de fondo», enfatizó.
Carlos Villagrán: el alcalde de Vamos que mantiene detenido el proyecto Xochi en Mazatenango
RECONOCE SITUACIÓN
Tras la intervención, el presidente de la comisión legislativa, Ernesto Bran, reconoció la relevancia de la denuncia y reaccionó: «Así me gusta que hablen», comentó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, indicó que desconocía los señalamientos. Sin embargo, posteriormente ya no respondió a consultas relacionadas con si algunas decisiones municipales podrían afectar la certeza jurídica.
Las declaraciones surgen mientras el Congreso analiza la iniciativa de Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía (6665), que busca agilizar la ejecución de proyectos mediante plazos definidos, regulación de servidumbres, mantenimiento de instalaciones y mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.
La propuesta también establece parámetros para los arbitrios que podrán cobrar las municipalidades por infraestructura eléctrica y dispone que todas las entidades del Estado, independientemente de su grado de autonomía, deberán colaborar en la gestión y formalización de las servidumbres necesarias para desarrollar obras de transmisión eléctrica.
El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, mencionó que la denuncia de la directora de CNEE ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado, pero que es un tema que debe revisarse caso por caso, pues en el pasado algunos casos se han resuelto y otros se han tenido que mover de municipio porque no lograron resolver los problemas políticos.
Además, Zapata no descarta que en la adjudicación de proyectos del Plan de Expansión de Generación (PEG-5) se conozcan de casos relacionados a la denuncia mencionada, entre ellos de corrupción, extorsiones y hasta de narcotráfico.
«Lamentablemente es un desafío que tiene el país por la presencia de vínculos con el narco. Lo que hemos visto que en la medida que las empresas logran coordinación con alcaldes se vuelven promotores de inversión tanto nacional como internacional atrae más capital, lo cual ayuda a generar capacidad de productividad y desarrollo», resaltó Zapata.
El ejecutivo recordó que para la discusión de la iniciativa de ley de infraestructura urgente para el transporte de energía se instaló una mesa de trabajo con el sector empresarial para hacer mejoras y sea una ley positiva.
