A una semana de la entrada en operación de la autopista privada Xochi Corredor de las Flores, el conflicto con la Municipalidad de Mazatenango se profundizó este domingo con la incorporación del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) a las voces que cuestionan las acciones de la comuna, mientras las autoridades municipales defienden su decisión bajo el argumento de que existen riesgos técnicos que deben resolverse antes de permitir el paso.
La organización, integrada por los principales sectores exportadores e importadores del país, advirtió que las medidas adoptadas por la municipalidad generan incertidumbre para la inversión y envían una señal negativa sobre la certeza jurídica necesaria para desarrollar proyectos de infraestructura estratégica.
Sin embargo, la administración municipal sostiene una versión distinta. Su asesor, Marvin de León, asegura que el conflicto no obedece a intereses económicos ni a una oposición al desarrollo, sino a la obligación de garantizar la seguridad de un tramo de 2.71 kilómetros que atraviesa la jurisdicción de Mazatenango.
MUNICIPALIDAD HABLA DE RIESGOS ESTRUCTURALES
En declaraciones a La Hora, De León afirmó que las inspecciones realizadas por personal técnico permitieron identificar presuntas inconsistencias en la construcción de la carretera, entre ellas socavamientos en rellenos sobre los que fueron edificadas bóvedas hidráulicas y otras anomalías que, según la comuna, podrían representar un riesgo para los futuros usuarios.
El funcionario sostuvo que la municipalidad solicitó planos, memorias de cálculo, estudios técnicos y documentación que permitiera verificar la calidad de la obra, pero asegura que esa información no ha sido entregada.
«Estamos absolutamente seguros de que no están llenando las calidades técnicas», afirmó el asesor municipal, quien añadió que durante reuniones con representantes de la empresa estos reconocieron modificaciones respecto del proyecto originalmente autorizado.
Según De León, el Concejo Municipal únicamente exige que la empresa presente una declaración jurada en la que garantice que la obra cumple con los estándares de seguridad, la normativa para la reducción de desastres y los controles técnicos correspondientes.
«Si presentan esa declaración jurada, no tenemos ningún problema en permitir la continuación del proyecto», aseguró.
El asesor insistió en que la municipalidad no busca impedir la inversión privada, sino evitar que una eventual falla estructural derive en una tragedia cuya responsabilidad recaiga sobre las autoridades locales.
MUNI APELARÍA SI OTORGAN AMPARO
La empresa promovió una acción de amparo para intentar revertir las restricciones impuestas por la comuna.
Sobre ese recurso, De León sostuvo que, si una sala o juzgado concede la protección provisional y posteriormente ocurre un accidente relacionado con las condiciones de la carretera, la responsabilidad recaería sobre el órgano jurisdiccional que autorizó la medida.
El funcionario adelantó que, de otorgarse el amparo, la municipalidad presentará la apelación correspondiente y anunció que este lunes ofrecerá una conferencia de prensa seguida de un recorrido con medios de comunicación para mostrar los puntos donde asegura haber detectado las anomalías.
XOCHI SOSTIENE QUE HA CUMPLIDO CON LA LEY
La empresa, por su parte, rechaza las acusaciones.
En un comunicado difundido este fin de semana, Xochi afirmó que ha cumplido con el marco legal vigente y con estándares internacionales de transparencia y calidad durante el diseño y construcción del proyecto.
También aseguró que presentó desde febrero la solicitud para renovar la licencia de construcción y que, hasta ahora, la Municipalidad de Mazatenango no ha emitido una resolución, situación que califica como un caso de silencio administrativo.
La compañía denunció además que la colocación de rótulos con la leyenda «Obra cancelada» ocurrió sin una notificación formal ni la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, por lo que acudió a los tribunales para proteger los derechos de los inversionistas y de quienes esperan utilizar la nueva vía.
Pese al conflicto, reiteró que mantiene el objetivo de inaugurar la infraestructura el próximo 12 de junio y habilitarla al público el domingo 14.
CUTRIGUA PIDE CERTEZA JURÍDICA
En un comunicado firmado por Agexport, Anacafé, Asazgua, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y la Gremial de Palmicultores, Cutrigua sostuvo que situaciones como esta «generan incertidumbre para la inversión» y envían señales negativas a quienes impulsan proyectos de infraestructura destinados a reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del país.
La organización señaló que Guatemala necesita más inversión en infraestructura y procesos administrativos que brinden previsibilidad y certeza jurídica, al considerar que proyectos como Xochi contribuyen a mejorar la movilidad y reducir los costos logísticos.
Ante las acciones de la Municipalidad de Mazatenango:
Desde CUTRIGUA reiteramos la importancia de garantizar reglas claras, respeto al debido proceso y un entorno que promueva la inversión y el desarrollo económico del país. pic.twitter.com/qMbSBt42xZ— CUTRIGUA (@CUTRIGUA) June 7, 2026
Por ello, hizo un llamado a la Municipalidad de Mazatenango para que el diferendo se resuelva con estricto apego al marco legal, transparencia y respeto al debido proceso, priorizando el desarrollo económico y la generación de empleo.
SECTOR EMPRESARIAL ALERTA
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, declaró a La Hora que el conflicto trasciende un desacuerdo administrativo y expone debilidades institucionales que pueden afectar la percepción de Guatemala entre los inversionistas internacionales.
A su juicio, la posibilidad de que un proyecto de infraestructura privada pueda quedar paralizado por decisiones de autoridades locales sin una resolución definitiva genera dudas sobre la predictibilidad regulatoria y sobre la capacidad del país para atraer inversiones vinculadas al nearshoring.
También advirtió que la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación entre los distintos niveles de gobierno convierte este tipo de disputas en litigios prolongados que aumentan el riesgo para futuros proyectos.
En la misma línea, la directora ejecutiva de Camagro, Carla Caballero, recordó que el corredor entre Suchitepéquez y Retalhuleu es utilizado diariamente por miles de productores agropecuarios que enfrentan largos tiempos de espera, mayores costos de combustible y pérdidas de productividad.
Según Caballero, la autopista privada representa una alternativa para aliviar parte de esos problemas y su paralización envía una señal negativa a quienes, ante la limitada inversión pública en carreteras, deciden destinar capital privado al desarrollo de infraestructura.
“Por la incapacidad de las autoridades de gobierno, llevamos 3 años sin mantenimiento en las carreteras y cero inversión en carreteras nuevas. Xochi es una carretera privada que, con inversión privada, va a venir a solucionar, al menos en un tramo específico, parte de este problema”, dijo a La Hora.
Un día antes se habían pronunciado contra la medida adoptada por la Municipalidad de Mazatenango el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámrara de Comercio de Guatemala, la Cámara del Agro y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), entre otras entidades.
La infraestructura vial es urgente para #Guatemala, hacemos un llamado a la Municipalidad de #Mazatenango a apoyar el desarrollo. @Fundesa expresa su preocupación ante la situación que enfrenta el proyecto #Xochi Corredor de las Flores 🌺 pic.twitter.com/theJb2HA8I
— FUNDESA (@FUNDESA) June 6, 2026
Mientras ambas partes mantienen posiciones opuestas y el caso avanza en el ámbito judicial, la apertura de Xochi permanece en incertidumbre. Lo que está en juego ya no es únicamente la inauguración de una autopista privada, sino un debate más amplio sobre el equilibrio entre la supervisión de las autoridades locales, la seguridad de las obras y la certeza jurídica para la inversión en Guatemala.
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