El reloj corre. El 31 de diciembre vence la exención temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los combustibles. Si no se aprueba una nueva medida, a partir del 1 de enero de 2027 las gasolinas y el diésel volverán a pagar ambos impuestos.
El problema es que el escenario que enfrentará el Gobierno podría ser distinto al que existía cuando se aprobó el alivio. Con el petróleo en niveles elevados, mantener una exoneración general tendría un costo fiscal considerable. La estimación oficial citada en el Congreso ubica el sacrificio fiscal de la medida en Q3 mil 318.4 millones.
Ahí está una de las principales lecciones de esta experiencia. Como ya señaló La Hora, según varios analistas, la eliminación de impuestos puede bajar el precio de los combustibles en el corto plazo, pero tiene un costo para las finanzas públicas y debilita la base tributaria.
Los analistas coinciden: es mejor subsidio directo que eliminar impuestos, porque eliminar impuestos distorsiona, desfinancia carreteras y municipalidades. Además, consideran que es un buen momento para plantearse las diversas alternativas.
Crisis por precio de combustibles: diputados logran acuerdo para eliminar impuestos
PAGARLE AL CONSUMIDOR, NO A NINGÚN INTERMEDIARIO
Adolfo Lemus, analista de la Universidad Rafael Landívar, plantea una alternativa al esquema aprobado por el Congreso: utilizar un subsidio directo y focalizado en los hogares que realmente necesitan apoyo, en lugar de reducir impuestos para todos.
La propuesta, respaldada también por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), parte de una experiencia que el Estado ya utilizó durante la pandemia: entregar el apoyo directamente al ciudadano mediante una billetera electrónica, una cuenta bancaria o mecanismos vinculados al DPI, en lugar de trasladarlo a toda la cadena de distribución de combustibles.
“Un subsidio directo a las personas o familias vulnerables puede representar una alternativa más eficiente cuando está acompañada de adecuados mecanismos de control. Lo realmente importante es que el beneficio llegue a quienes de verdad lo necesitan”, señala Lemus.
Con los mismos recursos que podría costar la exoneración de alrededor de Q3 mil 500 millones, el Gobierno podría focalizar la ayuda en los hogares más vulnerables.
Bajo un esquema de referencia, dijo, una familia podría recibir Q1 mil 500 distribuidos en tres pagos y decidir cómo utilizar ese dinero: para combustible, transporte, alimentos o electricidad.
Así funcionaría el mecanismo de subsidio a los combustibles, si la norma entra en vigor
La diferencia con la medida aprobada por el Congreso es el alcance. La exoneración reduce el precio del combustible para todos, independientemente de su nivel de ingreso o de cuánto consuman. Un subsidio focalizado, en cambio, concentra el gasto público en quienes necesitan el apoyo y deja en manos de cada hogar la decisión sobre cómo utilizarlo.
Lo anterior coinciden, es lo opuesto a lo que hizo el Congreso: aprobar el decreto 22-2026 y bajar entre Q6 y Q9, según el tipo de combustible, use o no use carro. El subsidio directo le da liquidez sólo a quien sí lo necesita.
UNA MEDIDA, VARIAS ALTERNATIVAS
El modelo ya existe. Durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno implementó el Bono Familia, un apoyo de Q1 mil mensuales durante tres meses para hogares que cumplían determinados criterios de consumo de electricidad y para familias que no contaban con servicio eléctrico.
El beneficio era entregado a través del Ministerio de Desarrollo Social a través del sistema bancario: los beneficiarios recibían un código por mensaje de texto que les permitía retirar el dinero en un cajero automático.
La experiencia demostró que el Estado podía utilizar transferencias directas para llevar recursos a los hogares sin necesidad de subsidiar de manera general un producto.
Mides hará depuración de listado de beneficiarios del Bono Familia
En opinión de Ricardo Barrientos, director ejecutivo del ICEFI, estas medidas, son técnicamente lo mejor, pero, aclaró, deben haber candados: “Un sistema de transferencia directa es lo mejor, pero necesita como premisa obligada un registro electrónico de beneficiarios bien parametrizado. Sin eso sería un subsidio altamente vulnerable a manipulaciones y corrupción”.
Hoy ese registro no está completo y ahí está el desafío refieren: si no hay padrón limpio, el subsidio directo también se presta a corrupción.
Barrientos propone una vía intermedia inmediata con lo que sí hay: la factura electrónica.
“No costaría nada agregar una línea de subsidio en la factura de la gasolinera. La SAT ya tiene la base de datos y las gasolineras piden el reembolso. Sería mucho mejor que darle el dinero a las empresas petroleras importadoras”, agregó.
La traducción dijo: usted paga, la factura dice “subsidio Q20”, la SAT le devuelve a la gasolinera. Rastrea, focaliza, y no subsidia a toda la cadena.
LAS OTRAS OPCIONES QUE LOS POLÍTICOS NO DECIDIERON VER
Porque no todo es subsidio, afirman los expertos.
- Apps de monitoreo: aplicaciones para comparar en tiempo real dónde está la gasolina más barata.
- Programas de lealtad: cashback bancario por galón, que ya existe pero sin escala.
- Movilidad real: transporte multimodal, carpooling, bicicleta, teletrabajo, híbridos y eléctricos a mediano plazo.
Hugo Maúl, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), es bastante más contundente: “el Gobierno no tiene nada que hacer, lo único que queda es aceptar los precios del mercado y ahorrar o bien, utilizar métodos alternativos de movilidad, optar por el teletrabajo o esperar a que las condiciones internacionales cambien”.
Parece duro, pero es la lección de Ormuz: “ningún decreto baja el Brent o el petróleo de Texas”, apuntan los analistas.
¿QUIÉN GOBIERNA LA POLÍTICA FISCAL?
Barrientos deja la pregunta de fondo: “¿Quién está gobernando? ¿El Ejecutivo, el Legislativo? ¿Quién decide la política fiscal? ¿El Ministerio de Finanzas o los Diputados? Y entonces ahí vemos si los criterios son politiqueros y populistas o son técnicos”.
El experto señaló que una decisión técnica tendrá más impacto que una improvisada. Pero ello requiere tiempo, planificación, dictámenes técnicos de las entidades competentes como la SAT o el MEM.
“No decimos que no se apoye a la población en emergencia. Pero la medida de eliminar impuestos es ineficiente y tiene alto riesgo de ser inefectiva. Los precios no van a bajar, por lo menos en los montos que están diciendo», agregó.
Quitar impuestos fue populismo rápido. Subsidio directo focalizado, con DPI y celular, es política pública.
La primera lección de la pandemia es, según los analistas, que sí se puede pagar directo. La segunda es que, sin registro limpio, cualquier subsidio —sea a la bomba o al hogar— termina en manos equivocadas.
En cualquier caso, lo que pase cuando se termine la exoneración de impuestos dependerá de las condiciones de los mercados internacionales y el aguante de las finanzas públicas.
