El Congreso aprobó lo popular, pero para los analistas, lo aprobado es técnicamente dudoso.
Con el Decreto 6809, Guatemala suspenderá el Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) y parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 31 de diciembre y dejará de percibir Q3 mil 318.4 millones en tres meses y medio: Q1 mil 332.2 millones por el IDP y Q1 mil 986.2 millones por el IVA.
En teoría, el objetivo es reducir el precio del galón entre Q6.34 para el galón de diésel, Q9.41 para la gasolina superior, y Q9.10 para la regular.
En la práctica, según varios analistas consultados, la medida llega en un momento de presión fiscal y con dudas sobre su diseño: no existe garantía de que todo el ahorro tributario se traslade al precio de bomba, mientras el Estado se desfinancia al dejar de percibir recursos que tienen destinos específicos y que sostienen carreteras, municipalidades y programas públicos.
Crisis por precio de combustibles: diputados logran acuerdo para eliminar impuestos
PARADOJA FISCAL: GRADO DE INVERSIÓN Y REDUCCIÓN DE TASAS
En junio, tras su revisión del Artículo IV, el FMI señaló que Guatemala necesita aumentar la recaudación para cerrar brechas sociales y de infraestructura. El organismo también recomendó evitar medidas que erosionen aún más la base tributaria.
La carga tributaria se mantiene alrededor del 12% del PIB y Guatemala está a un escalón de alcanzar el grado de inversión, según el informe más reciente del Fondo. Para avanzar hacia una mejor calificación y preservar condiciones favorables de acceso a los mercados financieros, la solidez fiscal continúa siendo un elemento relevante.
En ese escenario, el Congreso aprobó una reducción temporal de impuestos sobre los combustibles y, meses antes, se eliminó el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), otra medida que tiene efectos sobre los ingresos públicos.
En ese momento, incluso el Ministerio de Finanzas advirtió, mediante un comunicado, que “las medidas adoptadas en el caso del IUSI reducen los ingresos de los gobiernos locales, lo que amplía la brecha de inversión en desarrollo de los territorios”.
La cartera también señaló que las decisiones de este tipo deben sustentarse en una base de análisis técnica que permita evaluar cuidadosamente sus implicaciones, debido a que pueden reducir, de forma temporal o permanente, los recursos disponibles.
Más allá del IUSI: analistas advierten sobre el riesgo de aprobar reformas sin bases técnicas
El Ministerio agregó que Guatemala tiene una carga tributaria reducida frente a sus necesidades de desarrollo, por lo que contar con una recaudación estable resulta fundamental para atender las prioridades sociales, responder a futuras obligaciones y sostener la inversión pública.
La reducción temporal de los impuestos a los combustibles vuelve a plantear esa misma discusión. Su efecto inmediato será una menor recaudación en un país cuya carga tributaria continúa siendo baja frente a sus necesidades de gasto e inversión.
MENOS INGRESOS, MÁS PRESIÓN SOBRE LA POLÍTICA MONETARIA
El FMI reconoce que la deuda pública de Guatemala es baja y sostenible, pero advierte que el país necesita fortalecer sus ingresos y mejorar la calidad del gasto. Hasta antes de la reunión de este 23 de septiembre, el Banco de Guatemala mantiene la tasa líder en 3.50%, con una inflación de 2.70% en julio, dentro de la meta de 4% ±1%.
Ese escenario monetario podría cambiar tras la decisión de la Reserva Federal de septiembre. Al mismo tiempo, los combustibles se mantienen como uno de los principales riesgos al alza para la inflación.
El FMI proyecta un crecimiento de 3.8% para Guatemala en 2026, pero advierte que el choque petrolero derivado de la guerra en Oriente Medio está moderando las perspectivas. El organismo también identifica los precios elevados de la energía como un riesgo para el crecimiento y la inflación.
En ese contexto, la reducción temporal de impuestos ofrece un alivio inmediato al consumidor, pero abre una discusión sobre el espacio fiscal disponible para atender las necesidades de infraestructura y gasto social, así como sobre la estrategia de ingresos que Guatemala necesita fortalecer para sostener sus finanzas públicas.
La discusión adquiere otra dimensión al considerar la aspiración de Guatemala de alcanzar el grado de inversión. La suspensión temporal de impuestos no implica por sí misma una pérdida de la calificación, pero vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de fortalecer los ingresos públicos y preservar la sostenibilidad fiscal.
Queda una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto estas decisiones responden a una medida temporal para amortiguar el impacto del alza internacional de los combustibles y cuánto están vinculadas al escenario político-electoral que se aproxima?
S&P: Guatemala ante el umbral del grado de inversión, ¿por qué la estabilidad ya no es suficiente?
EL IVA NO SE QUITA DE UN PLUMAZO
Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), lo explica sin rodeos: “Estamos muy preocupados. Suspender el IVA es administrativamente muy complejo”.
La diferencia con el IDP es clave. El IVA grava el valor que se agrega en cada etapa de la cadena de comercialización: desde el importador que descarga el combustible del buque, pasando por el almacenador en puerto y el transportista en cisterna, hasta llegar a la gasolinera.
En cada eslabón, las empresas calculan el impuesto a pagar restando al débito fiscal —el IVA que cobran por sus ventas— el crédito fiscal, es decir, el IVA que ya pagaron en sus compras y gastos, como electricidad, agua, repuestos o servicios de contabilidad.
Mientras el Congreso reduce el IUSI, el FMI señala que Guatemala necesita fortalecer sus ingresos
Para que la rebaja llegue al consumidor, debería exonerarse cada compra y venta de esa cadena, no solo la venta final. “¿Va a exonerar el Congreso también la factura de luz de la gasolinera o el taller del camión cisterna?”, pregunta el analista.
Sin dictamen técnico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), la medida es inaplicable y puede terminar en que el comerciante pierda crédito fiscal y no traslade nada, señaló el ICEFI.
“La cosa no es tan simple como declarar exenta la venta final. Es indispensable opinión técnica de SAT y Finanzas. Quitar impuestos no es solución, es técnicamente absurdo”, advierte Barrientos.
Barrientos dice que aún resuelto lo administrativo, el efecto es mínimo en diésel: El IDP representa solo el Q1.30 por galón en diésel y Q4.60 en regular. Con precios de Q40-Q50, quitarlo es una “curita”.
LO QUE SE DEJA DE HACER CON ESOS RECURSOS
El artículo 10 de la Ley del IVA dice que 5 de los 12 puntos del gravamen van a municipalidades, Consejos de Desarrollo, refacción escolar, seguridad alimentaria y ciudadana. Por eso los diputados tuvieron la idea de suspender solo 66% del IVA para no tocar a alcaldes.
En el caso del IDP es peor: financia el Fondo de Conservación Vial. Sin IDP, no hay mantenimiento de carreteras.
“Todos estamos insatisfechos con el mantenimiento. ¿La solución es tirar a cero el presupuesto de lo poco que se hace?”, cuestiona Barrientos.
Pero dijo, la cereza es que los diputados ofrecen diésel a Q35 cuando solo con quitar impuestos baja Q6.50. Los Q8.50 restantes los pondrían con un “fondo compensatorio”, o sea, subsidio sobre exoneración.
“Ridículo y absurdo. Mejor un solo subsidio bien diseñado, sin complicaciones tributarias y sin desfinanciar programas”, remata.
¿LLEGARÁ LA REBAJA A LA BOMBA?
Rubén Morales, exministro de Economía, pone el segundo candado: “El principal reto será garantizar que la reducción llegue efectivamente al consumidor y no quede absorbida en la cadena”. Pide verificación del MEM, sobre todo en estaciones independientes.
Morales cree que sí hay caja para cubrirlo temporalmente con saldos y readecuaciones — “Sí se puede cubrir con saldos” —, pero reconoce que es paliativo: “Realmente no sabemos cuánto va a durar la guerra en Oriente Medio”, más la presión de Rusia-Ucrania sobre refinerías.
Para el analista, Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), va más lejos y desaconseja quitarlo: “Quitar impuestos es sencillo, subirlos es muy complicado. El IDP data de hace 20 años. Esos Q4.80 de 2005 equivalen hoy a Q18 o Q20 si se hubiera actualizado. Ya hay un subsidio implícito porque no se actualizó. Si se quita, será muy difícil volverlo a poner. Me tocó restituirlo hace 20 años y no es fácil”.
Para Maúl, la solución no es tocar impuestos, sino transporte masivo, planificación urbana para vivir cerca del trabajo y teletrabajo.
Ramón Parellada, del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), resume el espejismo: “La gente rechaza alzas pero está equivocada, no es culpa del gobierno ni de los expendedores de gasolina, es externa por el estrecho de Ormuz. Nada de esto va a resolver el problema hasta que se abra el estrecho”.
Para Parellada, eliminar IDP solo nos iguala a Centroamérica, pero “el precio de mercado es el semáforo que le dice al consumidor que debe economizar, compartir carro, usar bici o bus”.
De manera reciente, el superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle, indicó que se han sido convocados a reuniones técnicas y contribuir que se tenga una ley basada en buenas prácticas.
La Hora consultó a la SAT y al MINFIN. su postura luego de la aprobación del pasado martes; sin embargo, para el cierre de esta nota no se tenía su postura, al tenerla, se consignará en este mismo espacio.
¿Guatemala tendrá que aprender a vivir con combustibles caros? El diésel ya supera los Q46
ANTICIPÁNDOSE A LA REALIDAD
La rebaja anunciada no necesariamente llegará completa al consumidor. El cálculo oficial contempla reducciones de hasta Q9.41 por galón de gasolina superior, Q9.10 para regular y Q6.34 para diésel, pero los analistas consultados advierten que el traslado del ahorro tributario al precio de bomba dependerá de cómo funcione la cadena de comercialización.
La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre y tendrá un costo fiscal estimado de Q3 mil 318.4 millones.
De Q40.66 a Q32.90: así quedarían los combustibles sin IDP e IVA, pero la rebaja aún no está vigente
El Gobierno plantea cubrir parte de ese impacto mediante readecuaciones y saldos presupuestarios, mientras que el FMI ha señalado la necesidad de fortalecer los ingresos públicos y mejorar la calidad del gasto.
Para los analistas consultados, el principal reto no es únicamente fiscal. También cuestionan la complejidad administrativa de suspender el IVA a lo largo de una cadena en la que participan importadores, almacenadores, transportistas y estaciones de servicio, así como el impacto que la reducción temporal del IDP puede tener sobre los recursos destinados a infraestructura vial y otros fines específicos.
El resultado será una reducción temporal de la carga tributaria sobre los combustibles, cuya duración está limitada al cierre de 2026 y cuyo efecto final sobre el precio al consumidor deberá observarse en las estaciones de servicio.
