La CORRUPCIÓN que genera MIGRACIÓN: aquí un recuento de algunos casos

La fila de retornados parecía interminable este viernes 24 de enero. Uno a uno, 80 guatemaltecos descendían del avión militar que los trajo desde Estados Unidos (EE. UU.). Los sueños venían rotos, principalmente para aquellos que llevaban años de radicar en el norte y que dejaron hermanos, esposa, esposo e hijos.

El vuelo fue uno de tres que ese día llegó a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG). En total fueron 265 connacionales retornados los que arribaron el viernes pasado, en el inicio de un año que apunta a romper todos los récords de deportados en la historia del país.

Las causas de la migración son muchas, pero algunas de ellas no se perciben con tanta claridad, como la corrupción.

Desde hace unos años atrás, diversos informes de instituciones internacionales han asociado este mal con el incremento de la migración desde los países de Latinoamérica. El Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, coincidentemente posiciona a los países que más gente expulsa como los más corruptos.

En la más reciente medición, Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países evaluados.

Jay Olson y Eric Olson afirman, en un artículo publicado por El Faro, que la corrupción frecuentemente hace fracasar a los gobiernos centroamericanos, y que esto produce una sensación de desesperanza que contribuye con la decisión de las personas de migrar.

Ambos han trabajado por muchos años con organizaciones de derechos humanos y son profundos conocedores de la realidad del istmo.

Otro estudio, publicado en 2023, por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), concluyó que la población «ha perdido la esperanza en la capacidad de los gobernantes para eliminar o reducir sustancialmente las prácticas corruptas», lo que se transforma en un impulso de la migración.

Por otro lado, el Instituto de Políticas en Migración de EE. UU., en un estudio de 2015, también concluyó que «la corrupción estimula el deseo de migrar».  «Si se percibe que la corrupción y el nepotismo socavan la meritocracia, es una reacción entendible buscar oportunidades en otros lugares, especialmente entre los países altamente calificados», añade.

Subraya que la corrupción impacta negativamente en la seguridad y puede socavar la economía y el Estado de Derecho, por lo cual «la inseguridad resultantes pueden, a su vez, estimular el deseo de irse».

EL CASO DE GUATEMALA

Guatemala es uno de los países que más expulsa a sus migrantes, lo dicen las cifras de detenciones que manejan diferentes autoridades estadounidenses. En 2024, fue el quinto país con más de sus connacionales detenidos en la frontera sur de EE. UU., un total de 206 mil 971 personas.

Asimismo, de acuerdo con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés), Guatemala es el segundo país, detrás de México, con más de sus ciudadanos que enfrentan procesos judiciales de deportación en cortes de ese país, con 982 mil 669 personas, para diciembre de 2024.

Las noticias sobre hechos de corrupción abundan en Guatemala, desde el robo hormiga en hospitales nacionales y el seguro social, pasando por el pago de coimas para adjudicar obras de infraestructura, hasta la influencia para la elección de cortes.

Y, a pesar de que pareciera haber indicios suficientes de los responsables de prácticas corruptas, el castigo judicial no llega.

Solo del gobierno pasado existen muchas denuncias por hechos de presunta corrupción. Solo las actuales autoridades del Ejecutivo han presentado 236 a las que se deben sumar las de diputados, Contraloría General de Cuentas y otros actores sociales.

El Ministerio Público (MP) dice que investiga, pero la realidad es que  más de un año después de que finalizó el mandato de Alejandro Giammattei hay pocos avances tangibles.

Estos son algunos de los casos:

Vacunas Sputnik V. Probablemente la denuncia de posibles hechos de corrupción más emblemática del gobierno pasado. El Ministerio de Salud negoció la compra de 16 millones de vacunas Sputnik V con la fabricante de capital ruso Human Vaccine LLC. Se pagaron Q614 millones por un producto que vino a cuentagotas al país, mientras decenas morían a diario por la variante delta, del virus.

El expresidente Giammattei esgrimió factores de «soberanía» para explicar por qué no negocio con otras fabricantes, como lo hizo el resto de países de la región. Por este caso, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a Miguel Martínez, pareja del exgobernante, ya que, según informes, «solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala« lo señaló de recibir sobornos por la adjudicación del contrato.

Decreto 21-2022. La construcción de proyectos bajo el amparo del Decreto 21-2022 —Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica— es otra de las denuncias por las cuales no hay resultados a la vista. Con la aprobación del Congreso de esta norma, en marzo de 2015, se abrió la puerta para que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) dispusiera de Q3 mil 100 millones para obras de infraestructura.

De esa forma, se adjudicaron cerca de 100 proyectos, de los cuales, La Hora ha podido establecer que muchos de ellos no se finalizaron, a pesar de que se pagaron millones por las obras. Por estas obras se firmaron los contratos y el patrón fue pagar los anticipos, comenzar los trabajos y dejarlos a medias. Así, hay carreteras, viaductos y puentes, entre otros, que no se sabe qué pasará con ellos.

Parte de los proyectos fueron incluidos por diputados distritales, según reconoció el exministro de Comunicaciones Javier Maldonado, lo que los haría carecer de respaldo técnico.

CIV: 44 proyectos de infraestructura del Decreto 21-2022 se quedaron a medias

Aeródromo San José. La remodelación de esta terminal aérea fue anunciada por el gobierno anterior como uno de sus proyectos emblema. Supuestamente, se iba a convertir en el aeropuerto de carga «más moderno de Centroamérica», dijo Giammattei, para lo cual se firmaron seis contratos: para remodelar la sala de abordaje y la pista de aterrizaje, construir un muro perimetral, una estación de bomberos, la torre de control y la infraestructura para dotar al aeropuerto de servicios.

Por los seis se pagó más de Q480 millones. De estos, cuatro se quedaron a medio construir.

Corrupción: fallida remodelación de aeropuerto en Escuintla es la más cara de la región

Escuelas Bicentenario. El gobierno anterior firmó contratos por Q541.7 millones para la construcción de 13 escuelas Bicentenario en varios puntos del país, de las cuales solo 4 funcionan, aunque no necesariamente fueron terminadas.

Al igual que los proyectos anteriores, el patrón fue el mismo, se adjudicaron, pagaron y dejaron tirados. Por estas escuelas se pagaron Q484 millones y se presentaron al menos dos denuncias, una de las cuales hace énfasis en la posible colusión que las bases del concurso se dirigieran en favor de una empresa, ya que era la única que distribuía el material establecido en las bases de licitación.

Cocinas dignas. Este es otro proyecto, mediante el cual se dotaría de cocinas a unas 100 centros escolares, pero muchas no se concluyeron; además, hubo denuncias públicas de que los materiales no eran adecuados o que no tenían agua, ni estufa, ni energía eléctrica.

En el programa se pagaron al menos Q53.8 millones a 16 empresas. Al inicio del actual gobierno, el CIV también denunció que, al menos 18 de estas, se construyeron en áreas rurales donde la población acostumbra a cocinar con leña.

Hospitales a medias. El gobierno anterior también ofreció construir hospitales nuevos, sobre todo al inicio de la pandemia del covid-19, cuando se dispuso de miles de millones de quetzales. Así se adjudicaron contratos para construir estos centros asistenciales en Coatepeque, Quetzaltenango; San Pedro Necta, Huehuetenango; y San Benito, Petén. Los primeros están a medias y se pagó Q143.3 millones y del segundo solo se colocó la primera piedra y se pagaron Q42.2 millones.

MÁS CASOS  

Remodelaciones en hospitales. Otros casos pasan por el pago de trabajos de remodelación en hospitales nacionales o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que no se efectuaron.

Por ejemplo en el Hospital General San Juan de Dios se supo del pago de Q20 millones para trabajos en distintas áreas de los cuales no hay evidencia de que se haya efectuado. En un caso similar, también se pagaron Q3.7 millones por trabajos en la sede del CAMIP, del Seguro Social, por remodelaciones que nunca se vieron. 

Gobierno pasado pagó Q186 millones por tres hospitales que están a medio construir

Medicamentos y construcción. Particularmente en el IGSS han abundado las denuncias —al menos a nivel mediático—, de manejos irregulares de recursos. Por ejemplo, fue notorio como se incrementaron las adjudicaciones a farmacéutica La Botica, relacionada con Miguel Martínez, a pesar de que habría llevado a cabo transacciones bancarias sospechosas, de acuerdo con reportes oficiales de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La Botica aumentó sus adjudicaciones en más de un 2,433% en los cuatro años de la administración Giammattei. En 2019 los contratos que firmó sumaron Q10.04 millones, y para 2023, ya habían subido a Q254.32 millones.

Por otro lado, la constructora Aspetro, también ligada con Martínez, también aumentó las adjudicaciones que obtuvo en los cuatro años de gobierno de Giammattei.

De esa cuenta pasó de recibir contratos por Q534.44 millones en el gobierno de Jimmy Morales a más de Q2 mil 14 millones en el gobierno de Giammattei. La Hora pudo conocer, de acuerdo con una nota de junio de 2024, que los socios de la constructora, Mauricio López Oliva y Ramiro Mauricio López Camey, habían sido sancionados por EE. UU. precisamente por la relación que mantenían con la pareja del expresidente.

El Caso B410 es otro en el que se ven pocos avances, pero que muestra cómo funcionó una estructura que defraudó al Estado, entre 2021 y 2023, por más de Q300 millones. La red se constituía por cerca de 400 empresas, de las cuales, más de la mitad eran fantasma porque no se conocía nada de ellas y estaban registradas con una dirección que no existía.

Estas compañías efectuaron contratos millonarios con el Estado, y también con constructoras, que a su vez, eran proveedoras del Gobierno. Aspetro figura en la lista.

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Más recientemente, La Hora dio a conocer un negocio en el IGSS acerca de la contratación de un centro de terapias de infusión para el tratamiento de pacientes con cáncer por Q51.2 millones, y en donde la empresa contratada tiene una dudosa experiencia.

Las bases del concurso, pareciera, fueron dirigidas para que las ganara una empresa en particular, Centro de Negocios Médicos, S. A., y exigían que el centro a ser contratado estuviera en funcionamiento, algo que no ocurrió. Es más, apenas tres meses antes de que se lanzara el evento, la firma apenas buscaba contratar al personal.

Registro sanitario. En julio del año pasado también se conoció sobre una denuncia interpuesta por el actual Ministerio de Salud en contra de las anteriores autoridades por haber autorizado el registro sanitario para la comercialización de medicamento Remdesivir para el tratamiento del COVID-19 a Aviv Farmacéutica, también relacionada a Miguel Martínez.

Salud informó que durante la emergencia del coronavirus, al menos cuatro empresas solicitaron la autorización de un registro sanitario para comercializar el fármaco Remdesivir; sin embargo, solamente una lo obtuvo y de esa cuenta se le dio la condición de “proveedor único durante un año”.

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