La existencia de múltiples denuncias e investigaciones financieras que involucran a personas, empresas y estructuras vinculadas al gobierno de Alejandro Giammattei, a operadores de Vamos y al propio jefe de ese bloque en el Congreso, Allan Rodríguez, han hecho que las objeciones del diputado ante la aprobación de la Ley Antilavado generen suspicacias.
El representante de Sololá figura entre quienes lideran los reparos a los artículos clave de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo que se discute en el Legislativo, y su postura no ha pasado desapercibida.
Esto se debe a que el Ministerio Público (MP) ha acumulado una serie de expedientes en los que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) señala movimientos financieros sospechosos relacionados con contratistas, financistas y operadores cercanos al gobierno de Giammattei, su pareja Miguel Martínez y otras figuras que conformaron su círculo más cercano durante el gobierno pasado.
Según parlamentarios que han participado en las discusiones recientes, Rodríguez y otros se opondrían férreamente a apartados en la citada normativa que se refieren a a la tipificación y autonomía del delito de lavado de dinero, pese a que sectores como el empresarial, la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) han advertido de los riesgos de modificar esos artículos.
BATALLA EN EL CONGRESO
La resistencia de Allan Rodríguez y otros de sus colegas a mantener intactos los artículos medulares de la nueva Ley Antilavado ocurre en un contexto particular: en el gobierno de Giammattei, la IVE identificó transacciones con patrones comunes, como el traslado de fondos que salieron del Estado hacia cuentas en el extranjero o dinero que se pagó para la construcción de obra pública y terminó financiando lujos, y todo fue denunciado ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.
Rodríguez se ha convertido en una de las principales voces que impulsan modificaciones a los artículos 73 y 74 de la iniciativa 6593, que busca dar vida a la citada norma. Estos se refieren a la tipificación y la autonomía del delito de lavado de dinero.
Según el jefe de bloque de Vamos, la redacción actual «podría vulnerar la presunción de inocencia», al permitir que una persona sea investigada sin que previamente exista una condena por el delito que originó los fondos bajo sospecha.
“Todos los guatemaltecos son culpables hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó el congresista durante una las discusiones con representantes del SIB, y defendió una enmienda que obligaría a acreditar la existencia de un hecho ilícito precedente para perseguir penalmente el blanqueo de recursos.
Sin embargo, tanto la SIB como diputados de otras bancadas han advertido que modificar los mencionados artículos comprometería el cumplimiento de los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y por el Gafilat.
Tras culminar la reunión más reciente en la que se abordó el tema, el presidente del Congreso, Luis Contreras, fue enfático al señalar que los artículos 73 y 74 “no se pueden tocar” porque responden a requerimientos internacionales. Una postura similar expresó Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, quien informó que los equipos técnicos concluyeron que esas disposiciones no deben cambiarse.
Por su parte, José Chic, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), indicó que la SIB propondrá una redacción compatible con lo solicitado a nivel internacional para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris. Con esto, se busca cerrar acuerdos entre los bloques y así proceder con la aprobación del decreto correspondiente.
LOS CASOS QUE RODEAN A VAMOS
La discusión ha cobrado mayor relevancia debido a que varias denuncias presentadas por la IVE en los últimos años ante el MP —durante la gestión de Consuelo Porras— apuntan a estructuras financieras vinculadas con personajes cercanos o afines al gobierno de Giammattei y al partido Vamos.
Fuentes a lo interno de la institución confirmaron a La Hora que hay una pila de expedientes en los que se señala posible estratificación de fondos —una práctica asociada al lavado de dinero y que consiste en dispersar los recursos para dificultar su rastro— en transacciones que incluyen la contratación de obra pública, pero de ninguno ha avanzado.
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Algunos de los casos que fueron documentados por este medio son:
TRANSFERENCIAS A DUBÁI
La IVE denunció una presunta red financiera que habría utilizado contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para movilizar recursos hacia empresas intermediarias y posteriormente adquirir apartamentos de lujo en Dubái y Estados Unidos.
La investigación menciona a Jairo Ernesto Ponce Fernández, conocido como “el Cuto”, señalado como cercano a Miguel Martínez y Alejandro Giammattei. Los hallazgos incluyen transferencias relacionadas con propiedades valoradas en más de USD 21 millones.
SEGURO MÉDICO ESCOLAR
Otra denuncia documentó movimientos por aproximadamente Q468 millones a través de 39 cuentas bancarias, incluyendo transferencias por Q79 millones hacia China, con dinero vinculado al programa insignia de la administración de Giammattei, el Seguro Médico Escolar.
La Intendencia de Verificación Especial encontró depósitos fragmentados en efectivo, empresas no localizadas, direcciones compartidas, operaciones internacionales sin justificación comercial aparente y vínculos con compañías relacionadas con el caso B410.
📌 Parte de dinero del Seguro Escolar terminó en China: Consuelo Porras calla ante red que diluyó Q468 millones. Lee la investigación completa aquí ➡️ https://t.co/qDpn5FASDJ pic.twitter.com/tgaMRqgNzW
— Diario La Hora (@lahoragt) March 2, 2026
ASPETRO
Otro de los expedientes que llegó directamente al despacho de Consuelo Porras y al Fiscalía contra el Lavado de Dinero está relacionado con la constructora Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro), una de las principales beneficiarias de contratos durante el gobierno de VAMOS.
De acuerdo con lo documentado por la IVE, la firma recibió cerca de Q1,890 millones, de los cuales al menos Q174 millones fueron utilizados en operaciones sin justificación económica aparente. Entre los hallazgos figuran la compra de vehículos de lujo, apartamentos, una mansión con amenidades exclusivas y transferencias hacia familiares y sociedades relacionadas.
Los principales de la empresa, Mauricio López Oliva y Ramiro Mauricio López Camey —padre e hijo—, fueron incluidos por Estados Unidos en la Lista Engel por presuntos actos de corrupción vinculados con contrataciones públicas.
EL AEROPUERTO DE ESCUINTLA
En otro caso, la IVE rastreó Q112 millones relacionados con la ampliación de la pista del aeropuerto San José, en Escuintla y que se presentó durante el gobierno de Giammattei de Vamos.
La investigación identificó transferencias hacia empresas vinculadas entre sí y hacia sociedades relacionadas con Alejandro Matheu Escamilla, señalado previamente por investigaciones periodísticas como financista de la campaña de Giammattei.
Según los movimientos bancarios analizados por el ente fiscalizador, el empresario recibió dinero procedente del citado proyecto, a pesar de que no se le adjudicó a ninguna de sus sociedades.
LA DENUNCIA CONTRA ALLAN RODRÍGUEZ
La lista de expedientes como los mencionados es larga y a ella se suma una querella que el año pasado presentó el diputado Samuel Pérez contra Allan Rodríguez por supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según la acusación, Rodríguez habría dirigido una estructura de corrupción vinculada al Fondo para la Vivienda (Fopavi) entre 2020 y 2021, mediante empresas desarrolladoras que presuntamente se beneficiaron con recursos públicos.
El representante de Sololá ha negado en diversas oportunidades tales señalamientos y también presentó una denuncia contra Pérez, a quien acusó de difamarlo.
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EMPRESARIOS ELEVAN LA PRESIÓN
La oposición del jefe de la bancada Vamos y diputados que se le han aliado en en busca de quitarle fuerza a la ley antilavado también ha generado preocupación en el sector privado organizado.
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Carlos Arias, aseguró recientemente que la aprobación de esta normativa no constituye una discusión ideológica, sino una decisión sobre la confianza internacional en Guatemala y la estabilidad económica del país.
Según el empresariado, ingresar a la lista gris tendría consecuencias directas sobre las remesas, el acceso al crédito, las exportaciones y la inversión extranjera.
Francisco Ralda, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), advirtió que aislar financieramente al país sería “una sentencia de muerte” para el sector exportador, mientras que Jorge Briz, de la Cámara de Comercio, sostuvo que el costo terminaría trasladándose a las familias mediante remesas más caras, financiamiento más costoso y menor inversión.
EL CENTRO DE LA DISPUTA
Mientras las discusiones incrementan en el país, la búsqueda de acuerdos continúa en el Legislativo y la principal diferencia gira en torno a la autonomía del delito de lavado de dinero.
Rodríguez sostiene que debe acreditarse previamente el delito que originó los fondos para garantizar derechos constitucionales; entretanto, la SIB, Gafilat y especialistas indican que esa exigencia debilitaría la persecución penal del blanqueo de activos y colocaría a Guatemala fuera de los estándares internacionales.
Para los críticos de las enmiendas, el cambio tendría un efecto práctico: elevar significativamente la dificultad para investigar esquemas complejos de ocultamiento de dinero, precisamente el tipo de estructuras que aparecen descritas en las denuncias financieras acumuladas durante los últimos años en el MP.
Con la evaluación internacional programada para 2027 y el sector empresarial presionando para aprobar la normativa en la sesión extraordinaria del 2 de junio, la discusión sobre los artículos 73 y 74 dejó de ser únicamente técnica; también abrió un debate político sobre quiénes ganan y quiénes pierden con una ley antilavado más estricta.
