El presidente estadounidense Joe Biden está tratando de endulzar su propuesta para destinar más dinero a Ucrania añadiendo miles de millones de dólares para proteger la frontera entre Estados Unidos y México, con la esperanza de atraer el respaldo de más republicanos.
La idea surgió a fines del mes pasado, después de que la ayuda a Ucrania fuera eliminada de una medida provisional para mantener el gobierno en funcionamiento debido a la creciente resistencia republicana a financiar el envío de armas. Muchas cosas han cambiado desde el 30 de septiembre: la Cámara de Representantes perdió a su presidente y los republicanos pasaron apuros para elegir uno nuevo, y el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre ha provocado una petición de fondos mucho mayor por parte de la Casa Blanca.
No está nada claro que la inclusión de unos 14.000 millones de dólares en dinero para la frontera en el paquete de gastos de 106.000 millones de dólares que la Casa Blanca envió el viernes al Congreso vaya a aplacar a los que se resisten.
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“La frontera nunca ha sido una cuestión de dinero”, dijo el representante republicano Dan Crenshaw. “Siempre ha sido una cuestión política. Así que tenemos que someterlo a una discusión profunda, ir a la Casa Blanca y resolverlo”.
Puede que el conflicto en Oriente Medio haya alejado por ahora parte de la atención de los sucesos en la frontera entre Estados Unidos y México, pero los retos migratorios a los que se enfrenta Estados Unidos son cada vez más difíciles de resolver. Los gobernantes demócratas, tanto a nivel estatal como local, piden ayuda federal para atender a las familias inmigrantes que viven en albergues miserables y duermen en comisarías. Los republicanos critican duramente las políticas fronterizas de Biden por considerarlas demasiado laxas. Y el Congreso no ha aprobado una reforma a las leyes que regulan la inmigración en décadas.
Cada vez hay más migrantes en la frontera sur —los arrestos por los cruces ilegales allí se incrementaron 21% el mes pasado, a 218.763—, y Biden ha afirmado reiteradamente que el Congreso debe actuar para corregir las obsoletas leyes de inmigración. Pero mientras tanto, su gobierno ha desarrollado políticas destinadas a disuadir a los inmigrantes de emprender un viaje peligroso y a menudo mortal, al tiempo que abre nuevas vías para la inmigración legal.
La solicitud de financiamiento es un intento no sólo para manejar el elevado volumen de personas que cruzan la frontera con México, sino también para hacer frente al creciente número de migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, a la espera de que se emita un fallo sobre su caso.
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La propuesta de la Casa Blanca incluye 1.600 millones de dólares para contratar a 1.600 funcionarios de asilo y empleados que procesen casos, lo que podría duplicar el número de personas que trabajan en ello. Recomienda también asignar 1.400 millones de dólares para añadir 375 jueces de inmigración y sus equipos, adicionales al dinero para contratar a 1.300 agentes fronterizos nuevos. Hay 4.400 millones de dólares asignados a las labores del Departamento de Seguridad Nacional, lo que incluye incrementar el financiamiento para las instalaciones de detención mientras el gobierno trabaja para deportar rápidamente a las personas que no cumplen con los requisitos para concederles asilo.
“Ese es un empeño real y un reconocimiento del retraso que existe en el procesamiento de los casos”, dijo Colleen Putzel, analista adjunta de políticas en el Instituto de Políticas Migratorias, un centro de investigación sobre la inmigración.
Adicionalmente se han solicitado 1.300 millones de dólares para centros regionales para migrantes afuera de Estados Unidos, una nueva iniciativa negociada por el gobierno de Biden con el fin de alentar a las personas que aspiran a emigrar a permanecer donde estén y solicitar asilo antes de cruzar la letal selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá.
La solicitud también incluye 1.400 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y locales a proporcionar albergue y servicios para los migrantes, luego de ruegos de parte de alcaldes y gobernadores demócratas que desean más apoyo para atender a los migrantes recién llegados.
Pero tan sólo la ciudad de Nueva York prevé gastar más de 5.000 millones de dólares en el tema para el fin del año presupuestal. Más de 130.600 solicitantes de asilo han pasado a través del sistema de recepción de la ciudad desde 2022, y ha habido críticas por las condiciones en las que están viviendo.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, viajó a México para rogarle a las personas que aspiran a emigrar a que no vayan. Ha acusado al gobierno de Biden de no proporcionar dinero suficiente ni recursos para que la ciudad procese las solicitudes de los migrantes, diciéndole a la prensa en el verano: “El presidente y la Casa Blanca le han fallado a la ciudad de Nueva York en este asunto”.
En Chicago, el Aeropuerto Internacional O’Hare está albergando ahora a cientos de migrantes, desde bebés hasta ancianos, en un centro para autobuses de enlace. Duermen sobre cartones en el piso y comparten los baños del aeropuerto.
“El gobernador ha hablado claramente acerca de la necesidad urgente del estado de recibir recursos federales adicionales para atender esta crisis”, dijo Alex Gough, en declaraciones en nombre del gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker. “Aunque albergamos esperanzas de que el gobierno de Biden podrá tomar más acciones pronto, la asignación de cualquier financiamiento nuevo requeriría que los republicanos de la Cámara de Representantes se pongan de acuerdo y hagan su trabajo”.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, dijo que el dinero “se requiere urgentemente para estados como Massachusetts que están experimentando un incremento histórico en la llegada de migrantes, y apreciamos que el gobierno de Biden haya reconocido que estos fondos necesitan ser distribuidos en forma más equitativa”.
Se desconoce cómo podrá aprobarse cualquier paquete de gastos. Kevin McCarthy, el último presidente de la cámara baja, fue echado por sus colegas republicanos, y apenas el miércoles fue elegido Mike Johnson para reemplazarlo. Los republicanos ya rechazaron que los fondos se usen para ayudar a personas que ya están en Estados Unidos, en lugar de para ponerles límites a las personas que llegan a la frontera. Un grupo de senadores republicanos se reunió la semana pasada para examinar propuestas que sí respaldarían.
Luego de una reunión secreta con funcionarios gubernamentales el miércoles de la semana pasada, el senador republicano Kevin Cramer dijo que estaría inclinado a respaldar el envío de dinero a Israel y Ucrania, siempre y cuando se incluya un componente para reforzar firmemente la seguridad en la frontera con México. “Pero tiene que estar pensado para incrementar la seguridad en la frontera, no para facilitar los viajes a través de la frontera”, aclaró.
Se desconoce si será posible alcanzar una solución negociada en este tema.
El senador demócrata Chris Murphy, que encabeza un panel del Senado que supervisa el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, se mostró renuente a mezclar cualquier iniciativa de reestructurar la política fronteriza con un debate sobre el gasto.
“¿Cómo vamos a dirimir nuestras diferencias en torno a la inmigración en las próximas dos semanas?», preguntó Murphy. “Este es un proyecto de ley de financiamiento complementario. En el momento en que empecemos a cargarlo con políticas, suena como un plan que fracasará”.
El republicano Crenshaw dijo estar de acuerdo con las tres prioridades de la propuesta del presidente: Ucrania, Israel y la frontera con México. “Teóricamente estamos en el camino correcto aquí”, señaló.
Pero agregó: “El punto conflictivo va a estar en los detalles. La frontera no es un tema que verse sobre el dinero; hay algo de dinero que necesita ser gastado en ciertas cosas, pero es mucho más acerca de políticas. Por lo tanto, vamos a especificar muy claramente la necesidad de que la política sea eficaz. Cuando digo eso, me refiero a la reforma al asilo”.
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Los periodistas de The Associated Press Mary Clare Jalonick y Kevin Freking en Washington, Claire Savage en Chicago, Mike Casey en Boston, Patrick Whittle en Portland, Maine,; Lisa Rathke en Montpelier, Vermont, y Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire, contribuyeron a este despacho.
