Un ex alto funcionario boliviano ha sido arrestado por solicitar al menos 582,000 dólares en sobornos a un grupo de empresarios en Florida que presuntamente vendían gases lacrimógenos a precios inflados al gobierno conservador de la entonces presidenta interina Jeanine Áñez.
Sergio Rodrigo Méndez fue arrestado el 21 de mayo en Naples, Florida, y acusado de asociación ilícita para lavar dinero, de acuerdo con una demanda federal en Miami que hasta el momento no había salido a la luz.
También detuvieron a otros tres presuntos asociados, todos con doble ciudadanía boliviana y estadounidense, entre ellos el dueño de una empresa con sede en Florida proveedora de pertrechos policiales y militares y su padre, este último acusado hace dos décadas en Bolivia de contrabando de armas, según informes de prensa.
Méndez fue jefe de despacho de Arturo Murillo, ministro del Interior del gobierno de Áñez, que asumió en noviembre de 2019 después que el presidente Evo Morales renunció en medio de protestas violentas contra su reelección a un cuarto período consecutivo.
Murillo fue el responsable de la mortífera represión policial de los manifestantes a favor de Morales, calificada de «masacre» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentó cargos de sedición y terrorismo vinculados con los disturbios contra Morales y sus aliados.
Pero la represión de la izquierda tuvo como resultado que casi un año después el nuevo presidente, Luis Arce, un aliado de Morales, encarceló a Áñez y otros funcionarios de su efímero régimen, que contaba con el apoyo del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump. Murillo también fue acusado, pero se encuentra prófugo y se cree que reside en Estados Unidos. La demanda federal estadounidenses no lo menciona.
De acuerdo con los investigadores, Méndez y otro «funcionario jerárquico» del Ministerio del Interior junto con otro asociado al lavado de dinero del Ministerio de Defensa ayudaron a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato por 5,6 millones de dólares para proveer gas lacrimógeno y pertrechos no letales al gobierno de Áñez.
El presunto dueño de la empresa era Bryan Berkman, quien compró el gas lacrimógeno en Brasil por 3,3 millones de dólares, según la declaración jurada de un agente del Departamento de Seguridad Nacional adjunto a la demanda. Parte de las ganancias se utilizaron para coordinar pagos de sobornos a Méndez y su socio en el Ministerio de Defensa. Una parte de los fondos debía salir de una entrega de 700.000 dólares en efectivo a Bolivia.
Aunque la denuncia no nombra a la empresa estadounidense, Berkman es el director general de Bravo Tactical Solutions, con sede en Taramac, según el registro de empresas de Florida. Su padre, Luis Berkman, también arrestado y acusado, regenta otra empresa con sede en Taramac llamada International Defense Group.
Según informes de la prensa boliviana, Berkman padre fue arrestado por tráfico de armas en 2001, acusado de encabezar una banda criminal que trató de introducir armas militares de asalto de contrabando en Paraguay. Se lo declaró prófugo en 2013 sin que hubiera veredicto de culpabilidad, de acuerdo con un documento judicial boliviano.
El cuarto acusado, Philip Lichtenfeld, es oriundo de Cochabamba, Bolivia, como los Berkman. Estaba viviendo en Buenos Aires, Argentina, antes de entregarse a las autoridades estadounidenses.
Según la demanda, pruebas recabadas de mensajes de texto, correos electrónicos y archivos bancarios revelan que uno de los asociados le pidió a Méndez que escribiera una carta al fabricante brasileño de gas lacrimógeno para insistir que el gobierno boliviano sólo compraría los productos a través de la empresa de Berkman.
Pero en noviembre de 2020, una transferencia bancaria de 5,6 millones de dólares del Banco Central de Bolivia a una cuenta de la empresa de Berkman fue rechazada inicialmente, ante lo cual Méndez envió un correo electrónico al banco estadounidense para tratar de consumar la transacción.
Los abogados de Bryan Berkman y Lichtenfeld no respondieron de inmediato a un pedido de declaraciones, lo mismo que un defensor de oficio que representó a Méndez en su audiencia de acusación en Tampa.
