El Parlamento israelí aprobó este lunes una cláusula clave de la controvertida reforma judicial que busca restringir las facultades de la Corte Suprema para pronunciarse sobre decisiones del gobierno.
El texto fue aprobado por 64 diputados de la coalición de derecha, ortodoxos religiosos y extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras que la oposición decidió boicotear la votación.
En una alocución televisada, Netanyahu defendió la aprobación de esta cláusula como «una etapa democrática necesaria».
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«Esta etapa busca restablecer un equilibrio entre los poderes», de manera que «el gobierno elegido pueda aplicar una política conforme a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos», argumentó el dirigente.
La sesión en la Knéset (Parlamento), que cuenta con 120 legisladores, se realizó en presencia de Netanyahu, de 73 años, que fue dado de alta temprano del hospital tras ser sometido el domingo a una cirugía para colocarle un marcapasos.
Poco antes, la policía dispersó con cañones de agua a cientos de manifestantes que bloqueaban la entrada al parlamento. La reforma ha sacado a decenas de miles de manifestantes a las calles desde su presentación a inicios de año.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó la aprobación de la reforma.
«Para que perduren, los cambios importantes en una democracia deben tener un consenso lo más amplio posible», dijo, según un comunicado de la Casa Blanca.
La votación se centró concretamente en la llamada cláusula de «razonabilidad», que limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del gobierno que consideren «irrazonables».
Es la primera cláusula clave de la reforma en convertirse en ley. Otros cambios propuestos incluyen dar al gobierno mayor poder en el nombramiento de jueces.
La reforma defendida por el gobierno busca aumentar el poder de los funcionarios elegidos sobre el de los magistrados.
El gobierno de Netanyahu argumenta que necesita frenar lo que considera una extralimitación judicial y que el cambio es necesario para garantizar un mejor equilibrio de poderes.
Los críticos temen que la reforma socave la democracia liberal de Israel al eliminar los controles y equilibrios sobre el ejecutivo.
El artífice de la reforma, el ministro de Justicia Yariv Levin, dijo que el gobierno había elegido un enfoque «prudente».
«No anulamos la cláusula de ‘razonabilidad’, sino que reducimos su uso para que las opiniones personales de un juez no se expresen a expensas de la voluntad del pueblo. No hay razón para temer esta enmienda», argumentó ante los diputados.
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La reforma judicial provocó también reacciones a nivel internacional.
El gobierno alemán dijo estar siguiendo con «gran preocupación» las tensiones que sacuden la sociedad israelí, dijo a AFP una fuente del ministerio de Exteriores, que instó al ejecutivo israelí a impulsar «un amplio debate de sociedad, que propicie un nuevo consenso».
Los opositores acusan a Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción, de querer usar esta reforma para anular posibles juicios en su contra, lo que él niega.
Poco antes de la aprobación de la cláusula, el líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, declaró que el país se dirigía «hacia un desastre», y llamó a interrumpir el proceso legislativo.
El jefe del sindicato Histadrut, Arnon Bar David, aseguró que «cualquier avance unilateral en la reforma tendría consecuencias graves» y amenazó cin una «huelga general si fuera necesario».
Las protestas han atraído el apoyo de todos los estratos políticos y sociales, tanto de izquierda como de derecha, grupos seculares y religiosos, activistas por la paz y reservistas militares, así como trabajadores manuales y del sector tecnológico crucial para la economía del país.
«Hago todo lo que está en mi poder de manera democrática», afirmó la profesora Avital Mesterman en la manifestación de Jerusalén. La mujer, de 42 años, se dijo «optimista gracias a todas las personas que están presentes aquí».
