En el antiguo refranero popular, cuando algo se hacía a la perfección, tal y como se esperaba, se usaba la frase que hoy es el titular en este editorial. Y es que ayer, como se viene repitiendo con mayor intensidad conforme pasan los días, el sistema montado para someter al país a la operación de las mafias organizadas para cometer crímenes, desde corrupción hasta el narco, opera con una enorme precisión para garantizar sus objetivos y alejar cualquier posibilidad de que pueda existir una verdadera justicia.
Ayer vimos cómo la Sala VI del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Contraloría de Cuentas extender finiquito al Rector de la Universidad de San Carlos, pese a que el mismo Consejo Superior Universitario había dicho que el finiquito no era requisito para asumir el cargo de Rector. La Contraloría cumplió con la orden de esa Sala, pero hizo ver que el finiquito no lo había entregado porque formuló tres denuncias concretas en su contra que fueron presentadas al MP, pero esa institución no ha actuado, alegando la sucesión de acciones legales emprendidas por Mazariegos.
Mientras Mazariegos recibía el finiquito, todos los ministros de Estado (excepto el de Energía y Minas) recibieron las fechas para ser interpelados por el Congreso y fueron arraigados por disposición del Organismo Legislativo, lo que les impide salir del país aún para cumplir obligaciones que pudieran tener en el exterior o en organismos internacionales. Teóricamente cada ministro tiene una fecha ya asignada, pero si vemos cómo opera el Legislativo, eso sale sobrando. La actual interpelación al ministro de Desarrollo Social va a cumplir ya nueve meses sin avances y al ritmo que “trabaja” nuestro Congreso podemos suponer que los miembros del gabinete estarán arraigados hasta el fin de sus mandatos.
Y es que el sistema se sacudió con la designación de un nuevo fiscal que ocupara el cargo que durante ocho años desempeñó Consuelo Porras para mantener, junto a su equipo, la impunidad absoluta para los ladrones de los fondos públicos y el acoso a los que hacían el menor esfuerzo por denunciar la asquerosa situación que se vive en el país. El único resultado visible que tenemos desde que asumió el nuevo Fiscal General es este trabajo consistente y disciplinado que vienen realizando los que son parte del sistema que acabó con la justicia en Guatemala, país que se ha convertido en paraíso para todo tipo de criminales que pueden ser protegidos y hasta amparados por los tribunales.
Mientras el sucio sistema funciona al centavo, ni el gobierno, ni el MP o la sociedad civil atinan a encontrar la forma en que pueda desmantelar ese modelo que lejos de debilitarse parece estar cada vez más fortalecido.
