En la foto: Consuelo Porras, Miguel Martínez y Ángel Pineda. Foto La Hora / MP / Archivo

Luego de la publicación del doctor Edwin Asturias en una columna de La Hora, respecto al caso de las vacunas Sputnik y la necesidad de seguir “el sendero de los delitos”, consultamos al Ministerio Público si habría investigación penal sobre los crímenes que pudieron darse en el curso de esa negociación. Concretamente preguntamos si Miguel Martínez, quien no goza de derecho de antejuicio, sería investigado tomando en cuenta que Estados Unidos lo colocó en la Ley Magnitsky por la negociación con los rusos, y la respuesta fue que no hay ni habrá investigación de oficio.

Según el Ministerio Público, que ya investiga por ese negocio a la exministra de Salud Amelia Flores, contra Martínez no harán nada a menos que Estados Unidos oficialmente presente una denuncia para abrir un caso en su contra. En otras palabras, ese órgano de la justicia que se presenta en las redes sociales como “#MPfuerteYfirme” no actúa con esos atributos cuando se trata de cualquier cosa que tenga que ver con Alejandro Giammattei o su pareja, Miguel Martínez.

Sobre Martínez se han publicado muchas cosas que, en condiciones normales, debieron ser objeto de investigaciones de la entidad encargada constitucionalmente de la persecución penal; pero ni el negocio de las vacunas, lo del aeropuerto de Escuintla, ni lo relacionado con Aspetro, o Botica, no digamos los instrumentos para lavar dinero, merecen la menor atención del fuerte y firme MP. La lista es demasiado larga porque se sabe que por algo Martínez se autoproclamó Jefe de Jefes, ya que no se movía la hoja del árbol sin su consentimiento o autorización. Personas bien informadas de las intimidades del pasado gobierno afirman claramente que cualquier operación o contrato que se suscribía tenía, a fuerza, que tener el visto bueno del Jefe de Jefes.

En una entrevista con el exfiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, ahora “casualmente” preso por sindicación del MP, informó que para 2021 tenía al menos una docena de cosas contra Giammattei y personas afines que no avanzaron y que, por el contrario, se tradujeron en motor para armar dos casos en su contra que ahora lo mantienen en prisión. Campo afirma que es víctima de persecución política porque avanzó en esas investigaciones, lo que molestó a Consuelo Porras.

Si algo queda absolutamente claro es que Miguel Martínez tiene enorme Consuelo y un Ángel que le protege y mientras disponga de ese especial y benefactor recurso, no hay ningún caso o sindicación que pueda afectarle. La exministra de Salud puede ser el chivo expiatorio para asegurar que nunca se conozca ese verdadero “sendero de los delitos.”

Redacción La Hora

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