Ayer hablamos de los jueces a la carta como instrumento de quienes destruyen la justicia en el país, pero ese mismo día ocurrieron dos hechos que nos confirman que estamos ante una situación extrema que debemos resolver. En el primero, el Ministerio Público presenta solicitud de antejuicio contra la jueza Wendy Yaneth Coloma Alburez, acusándola de cometer el delito de emitir resoluciones violatorias a la Constitución, simplemente porque ella no encontró motivos para enviar a prisión y mantener ligado a proceso al exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos. A la misma hora, a puerta cerrada a piedra y lodo, se establecía una ridícula pena a José Luis Benito por los 122 millones producto de la corrupción que tenía en varias maletas.
MP se fija un nuevo objetivo: piden antejuicio contra jueza Wendy Coloma
Es claro que en cualquier país del mundo las decisiones de los jueces pueden ser impugnadas, pero nunca se ha visto que se acuse de incurrir en delito a un juzgador simplemente por emitir resoluciones que, según los fiscales, no están apegadas a la ley, pero no hay más elementos que el desacuerdo del MP. No se le acusa de tráfico de influencias, de sobornos, de devolver favores, simplemente es la consecuencia que el ente investigador quedó en ridículo.
¿Por qué el MP da un trato VIP a jueces como Fredy Orellana, Jimmi Bremer, Víctor Cruz y hace esto con otros juzgadores? Imaginemos cuántos jueces en el mundo estarían presos si ese criterio tan absurdo se aplicara universalmente y es seguro que nadie aceptaría ser juez si sabe que al fallar contra lo que quieren los acusadores corre ese riesgo. Barrientos privilegió, como lo manda la Constitución, la vida humana y simplemente no hizo lo que quería Consuelo Porras, que era desalojar mediante el uso brutal de la fuerza a quienes pedían su renuncia.
El caso de Benito se suma a los tantos en los que los operarios de la corrupción salen libres con ridículas multas después de haberse robado millones que, en su caso, mantenía en una casa en la Antigua Guatemala donde fueron localizadas las maletas con esa impresionante cantidad de dinero. Y el caso de los famosos testigo A que conllevaba financiamiento a Giammattei con ese dinero, nunca avanzó porque la FECI se encargó de enterrarlo, tal y como hizo con cualquier delito en el que figuraran Morales, Giammattei y Martínez, Alejos, Carillo, los 105 diputados de Odebrecht y un largo etcétera.
Le sale barato a Benito por los Q122 millones: es condenado y obtiene libertad
Ayer fue un día triste para la justicia porque se comprobó que aquí no existe ese concepto y que es el mismo Ministerio Público el que se empeña en destruir nuestro ordenamiento legal, atacando a la gente que actúo de forma recta y proba mientras apaña a los que tenían Q122 millones que venían de nuestros impuestos.
Y lo peor es la desfachatez con que actúan en todos los casos; les gusta operar cínicamente a “puerta cerrada”, como la audiencia de Benito, porque es evidente su carencia de argumentos fundados en ley para operar tan claramente a favor de la corrupción y en contra de quienes no se someten a ese modelo perverso.
Caso Q122 millones: a puerta cerrada inicia audiencia de aceptación de cargos de José Luis Benito
