Durante muchos años, distintos conflictos entre autoridades, organizaciones sindicales y grupos de poder han afectado el funcionamiento del sistema educativo guatemalteco. Las paralizaciones prolongadas, la confrontación permanente y la suspensión de clases como mecanismo de presión perjudican principalmente a quienes cuentan con menos alternativas: los niños y jóvenes que dependen de la educación pública.
La recuperación de la educación primaria y secundaria será un proceso largo. Sin embargo, es indispensable que el Ministerio de Educación concentre sus esfuerzos en sus funciones esenciales: enseñar, evaluar, administrar responsablemente los recursos públicos y garantizar oportunidades de aprendizaje para todos.
Mientras se intenta recuperar la educación escolar, Guatemala enfrenta también una profunda crisis institucional en su universidad pública.
La Universidad de San Carlos no pertenece a una autoridad, a una corriente política ni a un grupo particular. Es patrimonio de la nación y, especialmente, de los miles de jóvenes que encuentran en ella una de sus principales oportunidades de acceso a la educación superior.
Estudié en la Universidad de San Carlos, como también lo hicieron numerosos profesionales a quienes conozco y respeto. Recibimos una formación rigurosa. En odontología, por ejemplo, muchos egresados sancarlistas han demostrado una sólida preparación clínica y un profundo conocimiento de la epidemiología y de las necesidades reales de la población guatemalteca.
Son profesionales capaces de atender a nuestros pacientes, comprender sus condiciones sociales y contribuir a la prevención de las enfermedades más frecuentes. Una valoración semejante puede hacerse de numerosos ingenieros, arquitectos, médicos, abogados y profesionales formados en sus aulas.
Durante aproximadamente los últimos veinticinco años se ha vuelto frecuente un discurso que cuestiona la calidad de la Universidad de San Carlos y, en general, de los profesionales guatemaltecos. Se afirma con frecuencia que la preparación de sus egresados es deficiente. Sin embargo, no conozco investigaciones científicas independientes que evalúen de manera objetiva y sistemática sus conocimientos, su desempeño profesional y sus competencias.
Tampoco conozco estudios equivalentes que comparen, con los mismos criterios, la calidad y el desempeño de los graduados de las distintas universidades guatemaltecas.
Sin evaluaciones comparativas, transparentes e independientes, las afirmaciones sobre la supuesta superioridad o inferioridad de unos profesionales frente a otros permanecen en el terreno de las opiniones, los prejuicios o las estrategias de promoción institucional.
La educación no puede dirigirse mediante percepciones no verificadas.
En el mundo profesional y empresarial contemporáneo, los títulos son importantes, pero no son suficientes. Como empresario, no contrato personas únicamente por los diplomas o especialidades que presentan. También evalúo sus talentos, capacidades, responsabilidad, actitud, ética y aptitud para desempeñar el trabajo requerido.
La verdadera valoración de un profesional se encuentra en lo que sabe hacer, en la manera en que actúa y en los resultados que produce.
Guatemala necesita sistemas objetivos para evaluar competencias tanto en las universidades públicas como en las privadas. Ninguna institución está exenta de problemas de calidad, improvisación, burocracia o rigidez académica. Tampoco debería considerarse superior únicamente por ser pública o privada, antigua o reciente.
Todas deben demostrar la calidad de sus procesos formativos y de sus graduados.
La crisis universitaria se agrava cuando las decisiones administrativas afectan directamente a los estudiantes. El cierre de instalaciones y la falta de espacios adecuados para impartir clases perjudican a miles de jóvenes, independientemente de las razones administrativas, arqueológicas o de infraestructura que puedan existir.
Cuando estos trabajos son necesarios, deben planificarse de forma responsable, con alternativas académicas viables y sin interrumpir innecesariamente el derecho de los estudiantes a recibir educación.
Aunque se trata de instituciones y problemas diferentes, la crisis escolar y la crisis universitaria comparten una consecuencia: el estudiante deja de ocupar el centro de las decisiones.
La desorganización académica tampoco es un problema reciente. Cuando inicié mis estudios en 1968, durante el segundo semestre recibimos muy pocas clases debido a cambios en la estructura académica. La Facultad de Odontología no estaba preparada para recibir a nuestra promoción.
Ingresamos noventa y tres alumnos al segundo año y únicamente seis logramos aprobar. Cuando pensamos que continuaríamos solos, descubrimos que alrededor de treinta y cinco estudiantes repetían el curso. Por lo tanto, fuimos cuarenta y un alumnos quienes cursamos el tercer año.
Más de medio siglo después, todavía persisten estructuras académicas que, en la práctica, dificultan el aprendizaje, retrasan el avance curricular y pueden provocar que un estudiante pierda un año completo.
Recientemente conocí el caso de una madre cuyo hijo reprobó una asignatura durante el primer semestre en una facultad de Odontología. Debido a que esa materia era requisito para continuar, no pudo cursar el segundo semestre y perderá prácticamente todo el año académico.
Este tipo de situación obliga a formular una pregunta importante: ¿qué sentido pedagógico tiene impedir que un estudiante avance en las asignaturas para las cuales sí posee los conocimientos y requisitos necesarios?
Muchas universidades modernas utilizan sistemas de créditos, cursos de recuperación, períodos intersemestrales, tutorías y trayectorias académicas flexibles.
En Guatemala todavía se aplican reglamentos que pueden convertir una dificultad en una sola asignatura en la pérdida de un año completo de formación.
También debe revisarse la relación entre profesores y estudiantes. La exigencia académica es indispensable, pero no debe confundirse con humillación, arbitrariedad o trato irrespetuoso.
Un buen profesor no se define por la cantidad de estudiantes que reprueba, sino por su capacidad para enseñar con rigor, evaluar con justicia y formar profesionales competentes.
La autoridad docente debe ejercerse con conocimiento, responsabilidad y respeto. Reprobar a un estudiante puede ser necesario cuando no alcanza las competencias requeridas, pero nunca debería convertirse en una demostración de poder ni en un motivo de prestigio académico.
La autonomía universitaria debe ser respetada plenamente. Sin embargo, ese respeto no impide que el Estado y la sociedad expresen preocupación por la crisis institucional de la Universidad de San Carlos.
El Gobierno no debe intervenir ilegalmente en sus decisiones internas, pero sí puede promover el diálogo, defender el orden democrático, apoyar la transparencia, proteger los derechos de los estudiantes y convocar a un gran acuerdo nacional por la educación.
La autonomía protege a la Universidad frente a posibles abusos del poder político. También debe coexistir con mecanismos internos de rendición de cuentas, legalidad, participación y respeto por los derechos de la comunidad universitaria.
Estas observaciones no desconocen los derechos laborales de los docentes ni la importancia de la autonomía universitaria. Cuestionan aquellas decisiones que, independientemente de su origen, terminan afectando de manera desproporcionada el derecho de los estudiantes a aprender.
Guatemala necesita recuperar todo su sistema educativo, desde la escuela primaria hasta la universidad.
Esa recuperación requiere instituciones responsables, autoridades legítimas, docentes comprometidos, mecanismos objetivos de evaluación y una participación social que coloque a los estudiantes en el centro.
La educación pertenece a los estudiantes y al país.
Mientras no reconozcamos esa responsabilidad colectiva, continuaremos perdiendo oportunidades y condenando a nuevas generaciones a enfrentar los mismos problemas.
