El anuncio de manifestaciones por parte de distintas asociaciones de transporte de pasajeros, en respuesta al incremento en los precios de los combustibles, refleja la creciente presión social que enfrenta el Gobierno de Guatemala para responder al impacto económico que afecta tanto al sector transporte como a la población en general.
El debate sobre la continuidad o implementación de nuevos mecanismos de apoyo pone en evidencia un escenario complejo.
Por un lado, una demanda ciudadana de medidas que alivien el incremento en el costo de vida; por el otro, el Estado con limitaciones presupuestarias que reducen su margen de maniobra al sostener un subsidio, pero a un alto costo fiscal.
Para analistas económicos consultados por La Hora, las alternativas son escasas y el Gobierno tiene poco margen de acción.
En este contexto, las declaraciones del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, marcan un punto de inflexión. Mantener otro subsidio dijo, ya no representa una solución.
Sin embargo, cualquier decisión dependerá también del respaldo del Congreso de la República. La disposición de los diputados, manifestada este jueves a reformar el Decreto 11-2026, que estableció el beneficio y fijó un techo financiero de Q2 mil millones, evidencia que existe apertura política para discutir nuevos mecanismos de apoyo.
En consecuencia, el aumento en los precios de los combustibles trasciende el ámbito económico y se convierte en un reto político y social.
Las decisiones que adopten el Ejecutivo y el Legislativo en los próximos días serán determinantes para contener el descontento ciudadano y definir la estrategia del Gobierno frente a un problema que continúa afectando el costo de vida y la actividad productiva del país.
EL DESAFÍO: EQUILIBRIO ENTRE LAS DEMANDAS Y LA SOSTENIBILIDAD
La presión por una nueva intervención del Estado contrasta con un escenario fiscal cada vez más restringido.
Aunque el aumento en los precios de los combustibles alimenta las demandas para restablecer un subsidio, los economistas coinciden en que el margen de acción del Gobierno es mucho menor que en ocasiones anteriores.
Para Rubén Morales, exministro de Economía, las alternativas son limitadas porque el problema responde a un factor estructural: la dependencia de Guatemala del mercado internacional del petróleo y sus derivados.
Esa condición deja al país expuesto a la volatilidad de los precios internacionales y reduce la capacidad del Estado para contener sus efectos mediante políticas de corto plazo.
A ese escenario se suma una percepción ciudadana que, según Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), no corresponde a la realidad fiscal. A su juicio, persiste la idea de que el Estado dispone de recursos suficientes para financiar nuevos subsidios, cuando en realidad enfrenta restricciones presupuestarias que obligan a priorizar el gasto.
Barrientos sostiene que esa percepción se originó durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, cuando las metas de recaudación tributaria se fijaban por debajo de las proyecciones técnicas.
Al superar esas metas, el Gobierno proyectaba la imagen de una «sobrerrecaudación», aunque los ingresos adicionales ya eran previsibles desde la formulación del presupuesto.
El economista agregó que esa práctica también incrementó las transferencias hacia las municipalidades, fortaleciendo la narrativa de que el Ejecutivo contaba con recursos excedentes.
Sin embargo, advirtió que ese escenario no refleja la situación actual, donde cada decisión sobre nuevos subsidios implica evaluar cuidadosamente su impacto sobre la estabilidad de las finanzas públicas.
SUBSIDIO Y PRESUPUESTO, UNA NEGOCIACIÓN POLÍTICA
La viabilidad de un nuevo subsidio a los combustibles no dependerá únicamente de la disponibilidad de recursos, sino también del momento político en el que se discuta. Con el inicio del análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación, cualquier propuesta para ampliar o crear un nuevo mecanismo de apoyo podría convertirse en parte de la negociación entre el Ejecutivo y el Congreso.
Para Rubén Morales ese contexto incrementa el costo de la decisión. Un subsidio no solo representa un compromiso fiscal para el Estado, sino también una herramienta de negociación política en un período en el que el Gobierno requiere construir consensos para impulsar su agenda presupuestaria.
Desde esa perspectiva, el debate deja de centrarse exclusivamente en el impacto del alza de los combustibles y pasa a involucrar otros intereses políticos y financieros. La discusión ya no es únicamente si el Estado debe intervenir para mitigar el aumento de precios, sino qué concesiones estaría dispuesto a asumir el Ejecutivo para obtener el respaldo del Congreso.
En esa evaluación coincide Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, quien considera que un subsidio generalizado carece de viabilidad fiscal y que cualquier medida de apoyo debería focalizarse en los sectores con mayor afectación, evitando comprometer recursos públicos en un beneficio amplio y permanente.
¿DE DÓNDE SALDRÍAN LOS RECURSOS?
La principal limitante para un nuevo subsidio no es únicamente su costo, sino la fuente de financiamiento. Los economistas coinciden en que el Estado no dispone de recursos excedentes que puedan destinarse de manera inmediata a un nuevo mecanismo de apoyo.
«No hay ahorros, no hay superávit fiscal», resume Ricardo Barrientos, director del Icefi, al insistir en que la percepción de que el Gobierno cuenta con dinero disponible no corresponde a la situación actual de las finanzas públicas.
Entre las pocas opciones que podrían analizarse figura la baja ejecución presupuestaria de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), una situación que el Icefi ha cuestionado de forma recurrente. Actualmente, estos consejos disponen de Q15 mil 425 millones, pero únicamente han ejecutado el 16.2 % de esos recursos.
Sin embargo, esa alternativa enfrenta una barrera legal. Los fondos asignados a los Codedes tienen como destino exclusivo la inversión pública y la infraestructura, mientras que un subsidio constituye gasto de funcionamiento.
La legislación vigente impide trasladar recursos de inversión hacia gasto corriente sin reformas legales, por lo que la discusión trasciende la disponibilidad de dinero y se centra en la posibilidad real de utilizarlo.
A ello se suma un componente político. Barrientos recuerda que el actual Gobierno concentró buena parte del presupuesto de inversión en los Codedes, fortaleciendo el papel de alcaldes y diputados en la ejecución de esos recursos.
En consecuencia, cualquier intento de redireccionar parte de esos fondos implicaría no solo superar obstáculos legales, sino también negociar con los actores que hoy administran ese presupuesto.
El economista advierte que los Codedes cuentan actualmente con casi el triple de recursos destinados a inversión pública e infraestructura que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Desde esa perspectiva, sostiene que optar por un subsidio a costa de reducir la inversión obligaría al país a asumir un costo de oportunidad: destinar recursos al alivio inmediato significaría postergar obras de infraestructura necesarias para mejorar la competitividad y la movilidad.
Precisamente ese es el punto que destaca Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. A su juicio, el problema de fondo no es el incremento temporal en el precio de los combustibles, sino la ausencia de alternativas de transporte que reduzcan la dependencia del petróleo.
El analista señala que un sistema de metro para el área metropolitana o una red ferroviaria para el transporte de carga permitirían disminuir el uso de vehículos particulares y la dependencia del transporte pesado por carretera, haciendo a la economía menos vulnerable frente a las fluctuaciones internacionales del petróleo.
Boteo sostiene que un subsidio generalizado podría representar un gasto de hasta Q16 mil millones en un año, recursos que, desde su perspectiva, podrían destinarse a desarrollar parte de esa infraestructura estratégica. «Todo el dinero destinado a subsidios tiene un alto costo de oportunidad», concluye.
Más allá de la discusión sobre el financiamiento, los analistas coinciden en que el debate revela un problema de mayor profundidad: Guatemala continúa respondiendo a crisis coyunturales con medidas temporales, mientras las inversiones que podrían reducir esa vulnerabilidad siguen siendo una tarea pendiente.
QUÉ ALTERNATIVAS TIENE EL GOBIERNO
Aunque el consenso entre los economistas es que un nuevo subsidio generalizado tendría un alto costo fiscal, eso no significa que el Estado carezca por completo de opciones.
El desafío, coinciden, es diseñar mecanismos que permitan responder a aumentos extraordinarios en los precios de los combustibles sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Una de las propuestas que ha cobrado fuerza es la creación de un fondo permanente de compensación, planteamiento que tanto el exministro de Economía, Rubén Morales, como el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, consideran una alternativa para atender futuras crisis.
La idea consiste en incorporar al presupuesto una asignación permanente que se acumule gradualmente y que solo pueda activarse cuando el precio internacional de los combustibles supere un umbral previamente definido. De esa forma, el Estado contaría con un mecanismo de respuesta sin necesidad de aprobar un nuevo subsidio cada vez que ocurra un incremento extraordinario en el mercado internacional.
No obstante, Morales advierte que una medida de esa naturaleza requeriría respaldo político y la aprobación del Congreso. En esa misma línea, Menkos confirmó a La Hora que el Ejecutivo analiza incluir en el proyecto de presupuesto del próximo año un mecanismo que se active cuando el precio internacional del petróleo represente una amenaza para el crecimiento económico y el bienestar de los hogares.
Más allá de ese planteamiento, los especialistas consideran que las alternativas disponibles implican distintos costos y limitaciones.
Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, señala que repetir el esquema del subsidio anterior implicaría destinar miles de millones de quetzales a un beneficio generalizado que también alcanzaría a hogares que no requieren apoyo. Además, recuerda que el subsidio se entrega a las empresas distribuidoras, sin garantizar que el beneficio se traslade íntegramente al consumidor.
Otra posibilidad sería otorgar apoyo directo al transporte; sin embargo, esta opción también presenta riesgos, ya que concentra los recursos en las empresas y no asegura que el alivio económico llegue efectivamente a las familias.
Desde un punto de vista técnico, Boteo considera que la alternativa más eficiente serían las transferencias monetarias focalizadas hacia los hogares de menores ingresos, pues permitirían dirigir los recursos públicos únicamente a la población más vulnerable. El principal obstáculo, explica, es que Guatemala aún carece de un sistema de información suficientemente robusto para identificar con precisión a los potenciales beneficiarios.
También se ha planteado la posibilidad de reducir o eliminar el impuesto específico a los combustibles. Aunque esta medida tendría un efecto inmediato y sería sencilla de aplicar administrativamente, implicaría un elevado costo para las finanzas públicas, ya que ese tributo representa alrededor del 4.4 % de la recaudación fiscal. A ello se suma el cuestionamiento ciudadano sobre el destino de esos recursos, especialmente por el deterioro de la red vial.
Para Ricardo Barrientos, incluso esta alternativa ofrece un impacto limitado. Recuerda que eliminar el impuesto a la distribución de petróleo representaría una reducción inferior a un quetzal por galón, por lo que difícilmente modificaría de forma significativa el precio del diésel o las gasolinas.
En su opinión, el debate sobre un nuevo subsidio ha estado dominado más por la presión política que por criterios técnicos. Mientras el origen del problema continúe siendo externo —marcado por la volatilidad del mercado internacional y los conflictos geopolíticos que inciden en el precio del petróleo—, cualquier apoyo estatal solo tendrá un efecto temporal y requerirá recursos cada vez mayores para sostenerse.
UN DEBATE QUE TRASCIENDE EL SUBSIDIO
Las manifestaciones del sector transporte reabrieron la discusión sobre la necesidad de aliviar el impacto del aumento en los combustibles, pero las entrevistas realizadas por La Hora muestran que el debate va mucho más allá de aprobar o no un nuevo subsidio.
Los economistas consultados coinciden en que Guatemala enfrenta una vulnerabilidad estructural: depende de un mercado internacional que no controla, carece de alternativas eficientes de transporte y dispone de un margen fiscal cada vez más estrecho para responder a este tipo de crisis.
En ese contexto, el verdadero desafío para el Gobierno no consiste únicamente en encontrar recursos para atender una emergencia coyuntural, sino en decidir si el país continuará reaccionando con medidas temporales o comenzará a construir mecanismos e inversiones que reduzcan, en el largo plazo, su dependencia de los combustibles y la necesidad de recurrir, una y otra vez, al mismo debate.
