El abogado Erick Castillo, quien en 2022 interpuso un amparo que permitió que Consuelo Porras integrara la nómina final de candidatos a fiscal general en 2022, ahora asesora al aspirante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), César Augusto López López, quien fue excluido de la lista de los 20 mejor calificados.
Aunque el amparo fue presentado por el aspirante, el abogado Castillo se encuentra asesorando la acción legal con la que pretende que el profesional sea incorporado a la nómina final remitida recientemente al Congreso de la República de Guatemala.
Según se expone en el amparo, la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral habría excluido de forma “arbitraria e ilegal” a los aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones.
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LA ACCIÓN QUE BENEFICIÓ A PORRAS
En 2022, tras una serie de maniobras y negociaciones, así como un amparo promovido por el abogado Erick Castillo junto con Mynor Giovanny Caté, Consuelo Porras fue incluida en la nómina final de seis aspirantes a Fiscal General, al obtener 15 votos a favor.
Esa incorporación ocurrió pese a que, en ese momento, existían tachas en su contra por presunto plagio de tesis y por figurar en la denominada Lista Engel.
De acuerdo con lo resuelto entonces por la Corte, se ordenó a la Comisión de Postulación integrar a Porras en la lista de candidatos “en concordancia con el artículo 216 de la Ley Fundamental, a efecto de que atendiendo criterios meritocráticos”, y al contar con la mejor puntuación en la tabla de gradación, posteriormente fue designada para un segundo período por el entonces presidente Alejandro Giammattei.
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ASPIRACIONES PROPIAS DE CASTILLO
En 2026, como parte de las elecciones de segundo grado, Castillo también buscó ser candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031, por designación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Pese a que intentó revocar la decisión de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo que excluyó de la votación a profesionales de ciencias afines, no obtuvo los votos necesarios dentro del gremio.
El 25 de noviembre, el propio profesional del derecho afirmó que también se postularía para magistrado del TSE y Fiscal General, pero también a los procesos para elegir a las autoridades de la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala.
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ACCIONES Y OTROS CASOS
Castillo ha promovido diversas acciones ante la Corte de Constitucionalidad en temas de alto perfil. En julio de 2022, accionó para evitar que José Alejandro Córdova asumiera como titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
También presentó un amparo contra la decisión del TSE que impidió la inscripción de Roberto Arzú García como candidato presidencial por el partido Podemos.
Durante la pandemia del COVID-19 promovió un amparo para facilitar la movilización de abogados, y presentó una inconstitucionalidad contra la intención de Giammattei de pagar el Bono 14 de forma parcial.
Castillo también participó en la defensa del excandidato presidencial Carlos Pineda, luego de que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendiera candidaturas, aunque finalmente no logró su inclusión en papeletas.
El 11 de octubre de 2023, junto al constituyente Aquiles Faillace, accionó ante la CC para que el binomio integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumiera el cargo tras acciones del MP contra el Movimiento Semilla.
Más recientemente, el 6 de octubre de 2025, presentó un amparo ante la CC contra la Corte Suprema de Justicia por la modificación en el mecanismo de designación de magistrados de Corte de Apelaciones.
El 26 de enero de 2026 accionó contra los criterios de calificación establecidos por la Comisión de Postulación para magistrados del TSE. Según lo planteado en esa acción, buscaba que la CC ordenara que la evaluación de aspectos profesionales se realizara con base en méritos, para garantizar el debido proceso, la igualdad, el derecho de elegir y ser electo, así como el principio de legalidad en la conformación del TSE.
El 2 de febrero, presentó una cuarta acción para que se respetara el derecho a elegir de las ciencias afines en la votación del CANG, en base al artículo 34 de la Constitución, que los obliga a colegiarse, y el artículo 41 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria establece la legalidad de su participación y la integración a la asamblea general extraordinaria.
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