Derivado de la ola de manifestaciones por las acciones del Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral, el abogado que apoyó a Consuelo Porras a ser parte de la nómina de candidatos a Fiscal General, Erick Castillo y el constituyente Aquiles Faillace, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en “defensa de la democracia y el Estado de Derecho guatemalteco”.
En el amparo, los interponentes solicitan a la alta Corte que ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que emita una resolución en la que declare que el Movimiento Semilla no podrá ser suspendido, y que, en caso tenga conocimiento de que un juez ordinario emitió esta medida contra el partido, rechace la decisión.
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Al mismo tiempo, requieren que el Tribunal Constitucional ordene a la Junta Directiva del Congreso que respete las acreditaciones que entregue el TSE a favor del presidente electo, Bernardo Arévalo y la vicemandataria electa, Karin Herrera, con el fin de que puedan asumir los cargos.
Considerando las manifestaciones, los profesionales del derecho también pidieron a la máxima Corte que ordene al presidente Alejandro Giammattei que se abstenga de decretar algún tipo de estado de excepción.
“Lo que solicita es que la CC por primera vez se pronuncie en aspecto con efectos positivos hacia lo que está diciendo, porque todos los amparos que ha otorgado hasta el momento son genéricos del deber ser, en este amparo estamos pidiendo que diga específicamente ‘sí, esto debe ser así’, en términos generales”, explicó Faillace.
ESTO ARGUMENTAN SOBRE LA SOLICITUD AL TSE
De acuerdo con los letrados, la acción no tiene arista política ni espuria, sino que es una “acción constitucional en defensa de la democracia y el Estado de Derecho guatemalteco”, por lo que afirman que en omisión, el TSE no ha emitido una resolución que evite el rompimiento del orden constitucional.
El documento explica que debe emitir la resolución en defensa de la Constitución y del sistema democrático del Estado guatemalteco, para que prevalezca el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y el 281 de la Constitución, y de esta cuenta prohibir la suspensión de Semilla y así garantizar la alternabilidad del poder.
“A efecto que el 14 de enero de 2024, únicamente los ciudadanos César Bernardo Arévalo de León y Karin Larissa Herrera Aguilar sean quienes asuman los cargos de Presidente y Vicepresidenta de la República de Guatemala al haber obtenido la mayoría de votos válidos emitidos por el pueblo”, agrega el escrito.
A su vez, destaca que existe una amenaza cierta y determinada que el TSE no ejerza con exclusividad sus atribuciones como máxima autoridad en materia electoral, y que un juzgado ordinario ordene la “ejecución ilegal” de la suspensión del partido, lo que impediría que Arévalo y Herrera tomen posesión.
AMENAZA DE LA JD DEL CONGRESO
Asimismo, los abogados señalan una amenaza de que la Junta Directiva del Congreso rechace o no acepte las acreditaciones que el TSE expidió a Arévalo y Herrera, bajo el argumento “arbitrario e ilegal” que el partido fue suspendido el 12 de julio por el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
“De concretarse esa amenaza reprochada, se rompería el orden constitucional, instaurándose un gobierno de facto”, afirma el amparo, a la vez, que detalla que en el actual proceso tienen prevalencia los artículos 92 de la LEPP y el 281 de la Constitución.
AMENAZA DEL PRESIDENTE
De la misma manera, los profesionales del derecho afirman que existe una amenaza de que el presidente Alejandro Giammattei, en Consejo de Ministros, decrete un estado de excepción o grado de emergencia previsto en la Ley de Orden Público.
Lo anterior, con el objetivo de limitar el ejercicio al derecho de manifestación sin que el estado de excepción se justifique, ya que no hay perturbación grave de la paz, puesto a que las protestas han sido de forma pacífica, añaden.
“Y en todo caso, los actos vandálicos o hechos delictivos aislados derivan de actos propios de algunas personas infiltradas por parte del Gobierno de Turno que pretende deslegitimar legalmente el ejercicio del derecho de manifestación pacífica ciudadana, y que en todo caso se resuelve denunciando y procesando a las personas infiltradas que violenten la ley”, recalcaron.
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EL CASO
El MP inició una escalada de acciones, incluyendo solicitudes de información, allanamientos, así como proceso de retiro de inmunidad en contra de los magistrados del TSE, luego que el pasado 12 de julio, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunciara la suspensión provisional del Movimiento Semilla por orden del Juez Orellana.
El punto de inflexión se dio el pasado 29 y 30 de septiembre cuando la Fiscalía decidió allanar la sede central del TSE en donde secuestró las Actas No. 4 y Actas No. 8 que dan certeza jurídica y guardan la pureza del proceso electoral.
De esta cuenta, los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas iniciaron una serie de manifestaciones y bloqueos en contra de las acciones del ente investigador a las cuales se han unido vecinos de distintas localidades, organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, así como universitarias, y que este miércoles 11 de octubre cumplen 10 días.
