Grupos empresariales y los alcaldes de dos ciudades en Texas rechazaron la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones provenientes de México y Canadá y le pidieron que reconsidere su decisión.
Los aranceles entraron en vigor esta medianoche, con gravámenes a las importaciones del 25 % a México y Canadá y doblando al 20 % el gravamen sobre los bienes que China exporta al país norteamericano.
La Cámara de Comercio de la localidad fronteriza de Laredo, el puerto terrestre más grande del país, alertó en un comunicado este martes que los aranceles afectarán tanto a los consumidores como a las empresas del estado.
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«En lugar de escalar esta disputa comercial, instamos a nuestros líderes a trabajar hacia una resolución justa y pacífica», dijo Sandra M. Alaniz, presidenta de la junta directiva de la cámara en un comunicado.
En 2024, el puerto de Laredo vio más de 330 mil millones de dólares en comercio total, siendo México el principal país hacia donde salieron y desde donde entraron productos, según datos de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad fronteriza.
La respuesta inmediata por parte de China y Canadá, que decidieron responder con gravámenes a las importaciones de EE.UU. y la amenaza de otra tanda de aranceles por parte de México en represalia, representa también una riesgo para la economía tejana.
Texas es el principal estado exportador de Estados Unidos: en 2023, envió 444.600 millones de dólares en bienes y servicios, representando el 22 % del total nacional. Canadá, México y China figuran entre los mayores destinos de las exportaciones tejanas.
Justo antes de que los aranceles entraran en efecto, los alcaldes de San Antonio y Arlington, en el sur de Texas, enviaron una carta a los dos senadores que tiene el estado en la Cámara Alta de EE.UU. y expresaron preocupación sobre el impacto que los aranceles tendrán en la industria de manufactura de autos.
En la misiva, los dos políticos aseguraron que los gravámenes causarían un «caos económico» en sus ciudades, donde más de 10.000 puestos de empleo están dedicados a la producción de camionetas pick-up para Toyota y General Motors.
«Los aranceles representan una amenaza seria para el poder adquisitivo y los trabajos de los tejanos», indicaron los alcaldes Ron Nirenberg y Jim Rossa en la carta.
La organización Border Trade Alliance, dedicada a la política fronteriza y comercial en todo el país, también se posicionó en contra de los aranceles, indicando incluso que tendrán repercusiones negativas para el control de la inflación.
«Los aranceles a nuestros amigos, vecinos y socios comerciales son un retroceso (…) causarán pérdida de empleos y precios más altos, socavando el objetivo del presidente de controlar la inflación», indicó el presidente de la organización, Pete Sepulveda, en un comunicado.
El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, reconoció esta mañana que los aranceles aumentarán los precios para los consumidores en el «corto plazo», pero defendió la decisión asegurando que ayudará a traer «millones» de puestos de trabajo al país.
En declaraciones al medio estadounidense CNBC esta mañana, el secretario de Comercio señaló además que este Gobierno ve la imposición de aranceles como una política «de drogas» y no comercial y subrayó que los países afectados pueden levantar los gravámenes si controlan el tráfico de fentanilo hacia EE.UU.
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