Por segunda ocasión, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Claudette Domínguez, declaró sin lugar la solicitud de revisión de prisión preventiva de Antonio Elías López Guerra, sindicado en el caso de la Municipalidad de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.
La negativa de la juzgadora se sustentó, como prueba de que no existe peligro de fuga, en que la defensa del imputado presentó una declaración jurada en la que el tío del sindicado, Romualdo López Sierra no sólo expresa que le arrenda una propiedad a su sobrino, sino que asegura que éste es hijo de Antonio Elías Tux, su hermano.
Sin embargo, la jueza dijo que existe un error en el acta notarial, pues el notario autorizante consignó un segundo apellido del padre de López Guerra, cuando la certificación de nacimiento únicamente dice Antonio Elías López.
Ante esto, indicó que en la certificación emitida por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) no consta el segundo apellido del padre, toda vez que no existe ninguna anotación o ampliación, por lo que dijo que existe incongruencia con los documentos que presentó la defensa.
López Guerra es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
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PETICIÓN
En la petición de la defensa, en la que se presentó como prueba el acta notarial de declaración jurada descrita con anterioridad, se aseguró que la razón por la que el sindicado solicitaba la modificación de la prisión preventiva por el arresto domiciliario era porque necesitaba trabajar para agenciarse de fondos económicos, pues lleva privado de libertad aproximadamente 4 años.
De tal cuenta, que dadas las circunstancias de la primera audiencia de revisión de medida, en donde no se comprobó el parentesco de López Guerra con López Sierra, la defensa presentó un acta de declaración jurada firmada por el segundo.
Ante tal extremo, estuvo de acuerdo no sólo el Ministerio Público (MP), sino también la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
EL CASO
Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Imnunidad (FECI), de febrero a diciembre de 2012, presuntamente el sindicado participó en hechos ilícitos en una estructura criminal liderada por el exalcalde Francisco Pop Pop.
Lo anterior, junto a la imputación de supuestamente haber cobrado 35 cheques, como colaborador de dicha estructura, cuyos fondos provenían de la Municipalidad de Lanquín que son los que sustentan la acusación por asociación ilícita.
En cuanto a lavado de dinero, el MP le atribuye 35 transacciones financieras, las cuales se comprobó que eran depositadas a cuentas de entidades que no existían.
