En medio de una crisis democrática, los funcionarios acusados de accionar en contra del proceso democrático, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) María Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche; la agente fiscal Cinthia Monterroso, y el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, se mantienen fuera del ojo público.
Una serie de manifestaciones y bloqueos inició el pasado 2 de octubre, luego que la FECI realizara un allanamiento a finales de septiembre en el que secuestró las Actas No. 4 que elaboran las Juntas Receptoras de Votos (JRV), y las Actas No. 8, que realizan las Juntas Electorales Departamentales (JED), las cuales dan certeza jurídica al proceso electoral.
Luego de más de 18 días de protestas, únicamente la Fiscal General ha salido a dar declaraciones, sin embargo, se desconoce el lugar desde el que labora, así como las actividades que ha realizado, mientras que en el caso de Curruchiche, Monterroso, y Orellana no han emitido declaraciones públicas.
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FISCAL GENERAL SIN APARECER EN PÚBLICO
Durante el inicio de las manifestaciones, en redes sociales se mencionó la posibilidad de que la Fiscal estaba laborando en el Edificio Plaza de la República, en la Diagonal 6, 10-26 de la zona 10 capitalina, sin embargo, el Departamento de Información y Prensa del MP negó esta aseveración.
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Asimismo, el 4 de octubre, Autoridades Indígenas Ancestrales realizaron una mesa de diálogo que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y con autoridades del MP, sin embargo, la Fiscal General no se presentó, pese a los claros reclamos que solicitan su renuncia.
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No fue hasta el 9 de octubre, luego de ocho días de bloqueos y manifestaciones, que Porras, en un tono de voz molesta y utilizando abundante lenguaje no verbal, rechazó las protestas, ya que aseguró que son temas eminentemente políticos e ideológicos.
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“Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito. Ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver de forma expedita esta problemática”, aseguró en su momento.
Ocho días después, el 17 de octubre, la cuenta del MP en X, anteriormente Twitter, publicó varias imágenes de la Fiscal General, quien aseguró que participó en una reunión del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pero la sesión se dio de manera virtual.
MP ASEGURA QUE HACEN TELETRABAJO
Consultado al respecto de Porras, Curruchiche y Monterroso, el Departamento de Información y Prensa del MP, refirió que se encuentran realizando teletrabajo, ejerciendo sus funciones con normalidad, esto gracias a las acciones de fortalecimiento digital que ha implementado durante su gestión.
«Ayer (jueves 19 de octubre) se realizó una revisión de las condiciones del edificio y un análisis de riesgo a efecto de coordinar el regreso de los trabajadores al edificio y garantizar que se cumpla con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad«, anotaron.
POCO SE SABE DE CURRUCHICHE, MONTERROSO Y ORELLANA
Sin embargo, el jefe de la FECI no ha emitido opiniones públicamente. La última ocasión que dio declaraciones fue el 29 de septiembre pasado, durante el allanamiento en el TSE en el cual fueron secuestradas las actas.
En dicha oportunidad, Curruchiche aseguró que el caso no tenía que ver con Semilla, sin embargo, La Hora evidenció que la orden del Juez Orellana tiene el mismo número correlativo que la investigación contra el partido del presidente electo, Bernardo Arévalo.
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En dicha oportunidad, el jefe de la Fiscalía también aseguró que las diligencias eran “un rescate para la democracia, un rescate para la soberanía del país”, sin embargo, provocaron una crisis que este jueves cumplen 18 días de bloqueos y manifestaciones continuas.
Respecto a la fiscal Monterroso, el pasado 18 de septiembre La Hora publicó la nota “Del ojo del huracán, en la FECI, a fiscal regional en Zacapa; el ascenso de Monterroso en el MP” en la cual se consignó que fue nombrada para dirigir la Fiscalía Regional IV, Nor-oriente, ubicada en Zacapa, pero luego de ello no ha sido vista en público.
Además, en el caso de Orellana, la última resolución que se tiene conocimiento es cuando ordenó el allanamiento en el TSE donde se secuestró dicha documentación.
Este jueves 19, la Corte Suprema de Justicia denegó la solicitud de uno de los sindicatos del Organismo Judicial, en el que pedían su traslado a otro juzgado.
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