La actualización de la Ley de Contrataciones del Estado, normativa que rige las compras de bienes y servicios en las entidades gubernamentales, debe superar aspectos políticos como técnicos, como ocurrió en el gobierno de Vamos.
En esta Décima Legislatura, distintas comisiones legislativas han recibido varias iniciativas de ley para modificar esa legislación.
Mientras la comisión de Finanzas Públicas discute la iniciativa de ley 6531, presentada por la mesa de trabajo de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, impulsada por la diputada Sandra Jovel, la comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por Jorge Ayala, empezará con el análisis de la propuesta de ley 6688 que remitió la administración de Bernardo Arévalo.
Ayala informó que pronto se convocará para instalar la mesa técnica y la primera semana de septiembre se tiene previsto invitar al Ministerio de Finanzas para la presentación de la iniciativa con el fin de empezar con su discusión para elaborar el dictamen.
La iniciativa de ley del Organismo Ejecutivo propone la creación de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Registro General de Proveedores y la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional de Contrataciones Públicas.
Asimismo, se aumentan los montos para las compras en diferentes modalidades.
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PREPARA PRESENTACIÓN
El presidente de la comisión de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, comentó que hay una mesa especializada que trabaja la iniciativa de ley a su cargo, y se prevé que el 26 de agosto se discutan detalles del dictamen donde si se plantean cambios trabajarlos en las próximas semanas y el 9 de septiembre se tiene previsto emitir el dictamen favorable con modificaciones.
«Ahora ya es discusión entre diputados de la comisión, estamos compartiendo esos documentos», agregó Estrada.
La iniciativa de ley denominada Sistema Nacional de Adquisiciones del Estado promueve la creación de la Superintendencia de Adquisiciones del Estado, donde haya un consejo de adquisiciones del Estado y un superintendente.
Dicho consejo estaría conformado por un titular y suplente designado por el presidente de la República, un delegado titular y suplente de la entidad que aglutine a la mayoría de las municipalidades, y un representante titular y suplente del sector privado organizado.
En esa iniciativa de ley no se fijan montos para las compras de diferentes modalidades sino que para baja cuantía se indica que no deben superar 175 salarios mínimos diarios del sector no agrícola.
