A menos de una semana de la elección en la segunda vuelta por la Presidencia de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, las actuaciones desde el Ministerio Público (MP), a cargo de Consuelo Porras, contra el partido político y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se han incrementado, además, ha solicitado protección contra los manifestantes que rechazan estas acciones intentando limitar el derecho a la libre emisión del pensamiento.
Dos días después de la elección presidencial, el 22 de agosto, la Fiscalía contra Delitos Electorales solicitó el retiro de la inmunidad en contra del jefe de la Dirección General del Registro de Ciudadanos del TSE, Ramiro Muñoz, por supuestas anomalías en la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana.
Ese mismo día la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche, requirió a la presidenta de la entidad electoral, Irma Palencia, información sobre los miembros de las Juntas Electorales Departamentales (JED), Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como del cuerpo de revisores, digitadores, centros de votación y sus coordinadores.
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A ello se sumó la solicitud de retiro de inmunidad presentada el 23 de agosto por la Fiscalía de Delitos Electorales contra la presidenta del TSE, el magistrado titular, Mynor Franco, así como el magistrado suplente, Álvaro Cordón.
Durante el jueves 24 de agosto, cuentas ligadas al Netcenter dieron a conocer que la FECI notificó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, sobre la cancelación del Movimiento Semilla, y este viernes, la Fiscal General requirió protección a la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de un amparo, ya que asegura que se estaría pretendiendo limitar el ejercicio de la persecución penal y transgredir la autonomía e Independencia con una manifestación frente a la sede del MP.
Solicitó que en caso de ser necesario, se use la fuerza pública en contra de los manifestantes.
Fiscal General pide en amparo uso de la fuerza pública de ser necesario
MARROQUÍN: PORRAS ESTÁ SOLA
Sobre el tema, el analista de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, señaló que las acciones de la Fiscal General no tienen consistencia jurídica. “Cosa que es grave porque se supone que es una Fiscalía que mínimo debe conocer las leyes del país”, señaló.
En esta línea, resaltó que las actuaciones de Porras podrían estar obedeciendo a un objetivo muy claro, el cual es el de no reconocer la voluntad del pueblo, así como insistir en la criminalización al partido Semilla y el Presidente electo.
A criterio de Marroquín, en dicho objetivo la jefa del MP está sola, ya que prácticamente “nadie la acompaña”, y con ello pone al país en un gran riesgo, puesto que le ha dado a la institución que dirige, un objetivo completamente ilegal y políticamente incorrecto.
Por ello, aseguró que el ente investigador está rayando en acciones ilegales, ya que debido a que en la práctica no hay división de poderes, no hay nadie quien le ponga freno.
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LINARES: MP ESTÁ ACTUANDO DE FORMA ABSURDA
El analista independiente Luis Linares subrayó que el MP está actuando en una forma absurda, ya que evidentemente está buscando socavar el proceso electoral y su propósito fundamental es impedir que Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, ocupen los cargos para los que fueron electos de manera contundente e inobjetable.
Según Linares, Porras está pervirtiendo la justicia y la persecución penal, con el hecho de que se le niegue el expediente al Movimiento Semilla. “Eso es una violación al debido proceso que tanto se reclamó cuando estuvo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ahora se burla de eso de una forma total”, indicó.
Al mismo tiempo, señaló que el acoso al proceso electoral es “parte de lo mismo”, puesto que se busca amedrentar a las autoridades electorales y con ello no concluyan la adjudicación de los cargos de elección popular.
Sobre las acusaciones contra los magistrados del TSE, dijo que señalar de delitos a alguien que emite una resolución en un sentido y que puede ser revisada es un precedente “funesto” y que en algún momento también se podría acusar al ente investigador de lo mismo.
Acerca de las medidas cautelares que solicitó Porras, recordó que es absurdo, ya que las personas que piden su renuncia están ejerciendo tres derechos fundamentales nombrados en la Constitución: petición, expresión y manifestación. “La obligación de velar por el proceso electoral, por el respeto a la voluntad popular, es la principal función de toda autoridad pública”, concretó.
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CIEN SIN POSTURA
Al respecto, María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señaló que la institución no contaba con suficiente información como para evaluar la situación.
La Hora consultó con analistas sobre las acciones de la Fiscal General del MP, Consuelo Porras. Esto comentaron 👉 https://t.co/UKKn2hXwwf pic.twitter.com/iHpLojEAtH
— Diario La Hora (@lahoragt) August 26, 2023
APOYOS A LA DEMOCRACIA
Sectores sociales, así como empresariales y miembros de la comunidad internacional han declarado desde el 21 de agosto su apoyo al ejercicio democrático que realizaron los guatemaltecos. Han reconocido el resultado electoral por medio del cual Bernardo Arévalo y Karin Herrera son presidente y vicepresidenta electos, respectivamente.
Aquí, algunos de los pronunciamientos.
MOE-UE: criminalización al TSE amenaza el respeto a la voluntad de los votantes
Paiz, presidente de Fundesa: “Ya no es momento de perseguir al presidente electo”
ONU: preocupan informes sobre intentos de socavar los resultados electorales
Misión de la OEA sigue atenta a Guatemala por «presión intensa y constante”
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