Durante la continuación de la audiencia de etapa intermedia contra cinco implicados en la supuesta compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público (MP), el Juzgado Segundo Penal comenzó a escuchar los argumentos de los defensores de los acusados.
El primero en presentar su defensa fue Juan Francisco Solórzano Foppa, defensor de Miriam Salazar, exdirectora administrativa del MP, quien responsabilizó al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, de supuestamente desaparecer documentos que hacían ver que el ente investigador no había sobrevalorado la compra del edificio.
«Ese informe… yo lo publiqué en mis redes sociales en 2019 ante un ataque del querellante adhesivo, el señor Ricardo Méndez Ruiz, cuando fuimos a hacer la inspección ocular, y este informe, que es un informe realizado a petición nuestra… no está en la acusación, no está en los medios de investigación que el MP ha aportado, no existe, ya lo buscamos y no está en el expediente», explicó Solórzano al juez Mario Hichos.
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Según explicó, hasta antes de que el caso pasara de la Fiscalía de Asuntos Internos a manos de la FECI, dicho informe que contiene los cálculos financieros de la compra y en el que el MP señala que el costo del edificio fue menor al valuado por la Contraloría General de Cuentas, estaba dentro del expediente y dentro de la copia que le fue proporcionada a él (Solórzano), como abogado defensor.
«La FECI, específicamente el licenciado Rafael Curruchiche, anterior jefe de sección, borró ese informe original de mis archivos personales, porque en uno de esos procesos penales en los que yo estuve ligado a proceso, toda mi nube estuvo durante 30 días bajo poder del Ministerio Público (MP)», acusó.
El abogado manifestó que por orden del Juzgado Séptimo Penal, la FECI tuvo acceso a esos archivos personales, «y no puede ser que misteriosamente ese informe particularmente desapareció de mis archivos informáticos».
SIN SOBREVALORACIÓN
Durante su explicación, Solórzano manifestó que existen incongruencias tanto en la acusación presentada por el MP contra su patrocinada como en el informe presentado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) bajo el cual se basa la imputación.
De acuerdo con lo presentado en audiencia, se señala que la misma Ley de Compras y Contrataciones del Estado indica que toda compra de un inmueble debe contar con el avalúo de la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas Públicas, documento con el que cuenta la adquisición del edificio en la zona 5.
#AhoraLH | El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa refuta el avalúo del edificio presentado por la Contraloría General de Cuentas y señala que la ley estipula que el único válido para generar la compra de un inmueble es el emitido por el Minfin; además, señala que solicitará… pic.twitter.com/jFgcJXzp1Z
— Diario La Hora (@lahoragt) September 23, 2026
Asimismo, se explicó que el monto pagado a la entidad Bertram S.A. no estuvo sobrevalorado, pues la diferencia señalada por la CGC corresponde al pago de impuestos que debía realizarse por la adquisición, además de que se incluye la retención del 25 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que no existe una sobrevaloración.
Solórzano insistió en diversas ocasiones que en la línea de tiempo de la adquisición se realizaron tres eventos públicos de licitación hasta que, por falta de oferentes, se realizó una compra directa ante la urgencia de la adquisición de un inmueble ante las crecientes necesidades del ente investigador.
PIDE CERTIFICACIÓN
Solórzano solicitó a Hichos que se pida una certificación de los documentos que, según señaló, desaparecieron del expediente y que constan en las direcciones adscritas al MP, por lo que pidió que se autorice la entrega de una copia certificada de los documentos.
«No es mi interés venir a pedir cabezas, lo que yo quiero es que usted le ponga un plazo prudente al Ministerio Público para que presente una copia certificada de este informe en base al artículo 8 del Código Procesal Penal», manifestó.
#AhoraLH | Por otro lado, el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa señala que se siguieron todos los pasos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para hacer la adquisición del inmueble a favor del Ministerio Público (MP).
📹✍️: Sergio Osegueda/LH pic.twitter.com/TO3XpYvoWM
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Asimismo, solicitó que se declare el abandono de los querellantes adhesivos del caso, ya que no han mostrado interés y continúan sin presentarse a las audiencias programadas dentro del proceso.
Se estima que este miércoles los abogados defensores del resto de sindicados concluyan sus argumentaciones para que el juez fije una nueva fecha para dictar su resolución al respecto.
