El Ministerio Público (MP), dirigido por Gabriel García Luna, realiza la tarde de este 23 de septiembre un allanamiento en una vivienda vinculada a los padres de Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, en Jocotenango, Sacatepéquez, según confirmaron a La Hora fuentes judiciales con conocimiento del operativo.
Las mismas fuentes señalaron que existen órdenes de captura contra personas vinculadas a Martínez. Hasta ahora se desconoce si la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP han logrado localizar y detener a los buscados.
El operativo se produce después de más de 852 días en los que La Hora mantuvo un conteo sobre la falta de una investigación contra Martínez durante la administración de la ex fiscal general, María Consuelo Porras, al frente del MP, pese a los distintos reportes periodísticos que señalaban posibles hechos que debían ser investigados.
Giammattei se refirió públicamente a Porras como su amiga durante su gestión.
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SANCIÓN A MARTÍNEZ
Martínez, pareja de Giammattei fue sancionado por la OFAC el 1 de diciembre de 2023, bajo la Orden Ejecutiva 13818, emitida en el marco de la Ley Global Magnitsky.
El Departamento del Tesoro lo señaló entonces por utilizar su cargo como jefe del extinto Centro de Gobierno para influir en adjudicaciones estatales, favorecer contratos al margen de los procedimientos formales de contratación y beneficiar a empresas vinculadas con sus intereses.
Asimismo, las autoridades estadounidenses sostuvieron que solicitó sobornos relacionados por la adquisición de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V durante la pandemia de COVID-19.
853 días en los que el MP ratifica su protección oficiosa a Miguel Martínez
Pese a los señalamientos, el Ministerio Público (MP) —dirigido en ese entonces por Consuelo Porras— nunca dio a conocer resultados de investigación alguna que alcanzara a la pareja de Alejandro Giammattei.
En mayo pasado, Porras, tras ocho años como Fiscal General y jefa del MP, presentó su último informe anual al frente de dicha institución sin resultados sobre Martínez y compañía.
Porras finalizó su gestión como Fiscal General sin dar a conocer si inició alguna investigación de oficio por posibles irregularidades durante la administración de Alejandro Giammattei y aliado Miguel Martínez.
EL CONTADOR DE LA HORA
En el contador, La Hora ha publicado una serie de artículos periodísticos en los que se dan detalles de adjudicaciones millonarias que se hicieron a empresas señaladas de tener vínculos con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno.
Hasta el 16 de mayo de 2026 ya transcurrieron 853 días desde el 14 de enero del 2024, fecha en que el expresidente Giammattei y pareja de Martínez dejó el cargo y no se conoce de posibles investigaciones contra Martínez o el mismo expresidente.
El 29 de febrero de 2024, uno de los artículos publicados por La Hora reveló que empresas sobrepasaron los Q2 mil 561 millones en contratos recibidos, según datos que figuran en el portal de compras y contrataciones del Estado, Guatecompras.
En primer lugar, la compañía Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro), vinculada con Ramiro Mauricio López Camey y a Mauricio López Oliva, sancionados por Estados Unidos de corrupción y que son relacionados con Martínez.
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Aspetro pasó de recibir Q64.5 millones en la época de Óscar Berger a Q2 mil 41 millones por parte de instituciones del Organismo Ejecutivo del gobierno pasado.
Desde el 14 de enero de 2024, La Hora ha publicado más trabajos que muestran la posibilidad de la defensa oficiosa por parte del ente investigador a la pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
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LA BOTICA, OTRO DE LOS VÍNCULOS
Otro de los negocios que ha estado bajo escrutinio por sus vínculos con el entorno de Martínez es La Botica S.A., una farmacéutica que incrementó de forma considerable sus contratos con el Estado durante el gobierno de Giammattei, sancionado por Estados Unidos por corrupción al finalizar su mandato.
De acuerdo con registros de Guatecompras citados por La Hora, entre 2015 y 2019 la empresa acumuló adjudicaciones por Q16.7 millones. Entre 2020 y 2023, la cifra ascendió a Q547.9 millones. El 75% de ese último monto correspondió a contratos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El vínculo con Martínez ha sido señalado a través de Jairo Ernesto Ponce Fernández, conocido como “Cuto”, identificado como amigo del exfuncionario. Su hermano, Dorian Fabián Ponce Fernández, figuró como presidente del Consejo de Administración de La Botica. Distintas investigaciones periodísticas también han señalado a Jairo Ponce como una persona vinculada con la dirección de la empresa.
UNA DENUNCIA QUE NO AVANZÓ
En junio de 2024, La Hora reveló que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció al MP de Porras, sancionada por 44 países por actos corruptos y antidemocráticos, información sobre transacciones sospechosas relacionadas con La Botica.
La alerta se produjo después de que un banco detectara depósitos millonarios en cuentas de la empresa provenientes del IGSS y de la Tesorería Nacional, vinculados con adjudicaciones públicas. La información también advertía sobre operaciones con personas y empresas cuya relación comercial con la farmacéutica no resultaba evidente, según la denuncia.
La investigación no registró avances públicos durante la administración de Porras.
En febrero de 2025, el Ministerio de Salud ordenó entonces el cierre temporal de una sede de La Botica y suspendió su licencia sanitaria después de detectar irregularidades durante una inspección. Entre los hallazgos estuvieron medicamentos vencidos, productos almacenados en áreas no autorizadas y 631 unidades de Remdesivir cuyo análisis de calidad había sido realizado por un laboratorio no autorizado para ese procedimiento.
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La cartera sanitaria también ordenó retirar el medicamento del mercado y sustituir las unidades distribuidas a instituciones públicas por productos con registro sanitario válido.
Los antecedentes forman parte del contexto de los señalamientos que durante los últimos años han rodeado a personas y empresas vinculadas con el entorno de Martínez.
